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- rdf:value = " El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .
El señor SOTO (don Leonardo).-
Señor Presidente, este proyecto busca modificar la ley de drogas para asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por los delitos que dicha ley tipifica.
Esta iniciativa tiene mucho sentido común y surge de una realidad muy concreta. El año pasado, en la ciudad de Ovalle, la policía dio un golpe a una mafia local que se dedicaba al tráfico de drogas, ocasión en que fueron incautados 1.600 kilos de droga. Al día siguiente, una vez que pasaron el control de detención, varios de los imputados fueron beneficiados por la jueza con el otorgamiento de la libertad condicional, pero sujeta al pago de una caución de dos millones de pesos por cada uno. Ese mismo día, para esas personas, que no tenían oficio conocido ni trabajo formal lícito, que no se dedicaban a ninguna actividad honesta, sino al tráfico de drogas, alguien contrató a un importante abogado, bien remunerado, y pagó dos millones de pesos de caución por cada uno, para asegurar la libertad provisional de los imputados. Como se entenderá, ese dinero no provenía de actividades honestas y no había sido obtenido lícitamente, sino que provenía, presumiblemente, de la misma actividad del narcotráfico.
Por eso fue presentado este proyecto de ley, para que los abogados defensores de personas imputadas por esos delitos, entre otros, tengan la obligación de acreditar el pago de sus honorarios mediante mecanismos formales. La iniciativa prohíbe el pago de honorarios en dinero efectivo para este tipo de defensas. Los pagos deberán hacerse a través de métodos bancarios que permitan la trazabilidad del dinero. Por eso tiene mucho sentido, ya que disminuye el ámbito de acción de esos pagos.
Además, entiendo que también se fija el marco para el otorgamiento de las medidas cautelares para los efectos de este tipo de cauciones. Habría sido ideal que se hubiera incluido el comiso, pero no se hizo.
Lamentablemente, algunos diputados republicanos están poniendo el grito en el cielo. Ellos argumentan que esto afecta el derecho a la defensa de estos narcotraficantes, que afecta el derecho al secreto profesional y que reduce las posibilidades de defensa.
Frente a ello, me pregunto: ¿en qué mundo viven? Estamos enfrentando al crimen organizado, que tiene redes muy poderosas, con mucha riqueza, y esta es una recomendación que viene del derecho internacional de otros países. Entonces, ¿por qué no la aprobarían?
¿Por qué defienden el derecho del narcotraficante y no el de la gente?
Nosotros vamos a aprobar este proyecto.
He dicho.
"
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