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- rdf:value = " El señor RIVAS (Presidente en ejercicio).-
Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .
El señor ROMERO (don Agustín).-
Señor Presidente, el deber primario de la política es servir al bien común, y dentro de sus pilares fundamentales, además de la seguridad, se encuentra el resguardo de la propiedad, la estabilidad económica y la promoción del trabajo. No hay una verdadera justicia social sin una economía vigorosa que permita a cada chileno, con su propio esfuerzo, acceder a una vivienda digna y segura.
Hoy nos encontramos frente a una crisis del sector inmobiliario y de la construcción, que afecta a esta industria y, con ello, la fuente de empleo de cientos de miles de trabajadores, junto con comprometer la posibilidad de miles de familias de cumplir el sueño de la casa propia.
El proyecto que hoy discutimos busca corregir esta inercia destructiva no a través del existencialismo estéril ni del intervencionismo, que tantas veces ha fracasado en Chile, sino mediante un mecanismo que dinamice la oferta y la demanda, permitiendo que las viviendas ya construidas se vendan y que el sector de la construcción recupere su ritmo productivo.
La crisis que enfrentamos no es natural, sino el resultado de malas decisiones económicas. La inflación descontrolada, la incertidumbre política y la falta de visión clara de desarrollo han hecho que los créditos sean inaccesibles y que la inversión privada se retraiga. En este escenario, la intervención estatal solo se justifica si es para destrabar el mercado, no para suplantarlo.
Algunos han levantado objeciones a este proyecto, señalando que beneficiaría a la banca o que es una solución superficial, pero aquí conviene recordar que la economía es un sistema de equilibrios. No hay más viviendas sin inversión, no hay más inversión sin certeza y no hay certeza sin reglas del juego claras y estables. El país necesita liquidez en el mercado inmobiliario para dar paso a nuevos proyectos, porque sin inversión en construcción no hay desarrollo posible.
Este no es un subsidio a los bancos, sino que es un mecanismo para permitir que las familias chilenas accedan a viviendas sin que los costos del crédito se conviertan en un obstáculo insalvable. En suma, es una medida que corrige el problema creado por la propia inacción de este gobierno, que, en lugar de fortalecer la inversión, ha sembrado incertidumbre.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la creación de un programa de garantías para la recuperación productiva regional, inicialmente diseñado para la Región del Biobío como respuesta al cierre de la planta siderúrgica Huachipato . Si bien es comprensible la necesidad de mitigar los efectos económicos en una región afectada por una crisis industrial, existe un problema de focalización y equidad territorial.
Según los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2023, las regiones con mayores índices de pobreza son Ñuble, La Araucanía y Atacama , lo que evidencia que hay zonas con necesidades económicas iguales o más urgentes que la Región del Biobío.
El problema no es la existencia del programa, sino su aplicación arbitraria, sin criterios objetivos de activación en otras regiones afectadas por crisis productivas o desindustrialización.
Con la salvedad señalada, votaré a favor este proyecto, porque Chile no necesita más discursos grandilocuentes sobre el derecho a la vivienda, mientras que la realidad de nuestra población es no acceder a ella.
He dicho.
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