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- rdf:value = " REGULACIÓN DE LEGÍTIMA DEFENSA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 15630-07) [CONTINUACIÓN]
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Corresponde continuar con el debate del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica cuerpos legales que indica en materia de legítima defensa, correspondiente al boletín 15630-07.
Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada diputada y diputado inscrito para hacer uso de la palabra.
El informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ya fue rendido.
Antecedentes:
-El debate del proyecto de ley se inició en la sesión 122ª de la presente legislatura, lunes 6 de enero de 2025, ocasión en que se rindió el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Carmen Hertz .
La señora HERTZ (doña Carmen).-
Señor Presidente, cuando los parlamentarios legislamos, tenemos el deber de actuar con base en ciertos mínimos del razonamiento jurídico. En atención a eso, y a la carencia total que exhibe este proyecto de esos mínimos, me sumo al llamado a rechazarlo.
La ultraderecha pretende ahora instalar este proyecto alterando la carga de la prueba y estableciendo esta vez presunciones para eximir de responsabilidad a civiles, que los mismos autores han llamado “ley Nain-Retamal para civiles”, introduciendo incluso el uso de dispositivos que se asimilan a armas y que tienen la capacidad de causar daño, como las armas de aire comprimido, armas cortopunzantes de capacidad potencialmente letal.
No se puede permitir tal laxitud en el proceso de legislar. No podemos permitir el avance de discursos meramente punitivistas en este talante que terminan por minar las rigurosas excepciones de la prohibición de autotutela, que es un principio básico de la legislación procesal penal y que pretenden solo consolidar un Estado policial que incentiva el ejercicio de la violencia contra los ciudadanos.
Por el contrario, nuestra responsabilidad es precisamente fortalecer el Estado de derecho para que ni el crimen ni los propios ciudadanos sean quienes satisfagan las necesidades básicas de los habitantes de este país, para lo que debemos hacer precisamente lo contrario a lo que persigue esta moción, que es reducir las armas en manos de civiles al mismo tiempo que garantizar el Estado de derecho y los derechos sociales.
En consecuencia, anuncio mi voto en contra.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .
El señor LILAYU.-
Señor Presidente, este proyecto de ley tiene su origen en el aumento descontrolado del crimen violento.
Se cita en la moción parlamentaria que “sólo en lo que va del año, los homicidios han aumentado un 55 % mientras que el robo con violencia de vehículos motorizados lo ha hecho en un 116 %.”.
Ante dicho aumento de la violencia, debo manifestar que Chile no cuenta con reglas claras en materia de legítima defensa.
Se cita como evidencia un estudio del año 2010 que revisó juicios en que se invocara legítima defensa y según el cual “de un universo de 180 fallos revisados, sólo el 10,5 % acoge la eximente de legítima defensa; el 15,5 % acoge la atenuante incompleta; y el 74 % rechaza la invocación de la eximente”.
No es novedad que en juicio sea difícil probar la legítima defensa y que, además, algunos elementos de defensa no son reconocidos por la legislación, como dispositivos de gas pimienta, las armas de aire comprimido no adaptadas o transformadas y la navaja de bolsillo o cortaplumas. Más complejidades se generan en el terreno de las armas de fuego, siempre y cuando estén debidamente inscritas.
Sin perjuicio de la utilidad del proyecto para que las víctimas tengan menos problemas en caso de defenderse, se debe tener presente que el primer deber del Estado, y especialmente del gobierno, es la defensa de las personas. El monopolio de la fuerza legítima lo tiene el Estado y se debería ejercer a través de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, que dependen del Presidente de la República.
En lo técnico, si bien el proyecto recibió muchas críticas, se debe rescatar la idea matriz respecto de reconocer elementos de defensa personal y de facilitar la prueba de legítima defensa en determinados casos.
En caso de que se rechace el proyecto, esta idea no podría volver a discutirse por un año, lo cual puede ser dramático en los tiempos actuales, en que la delincuencia está generando un panorama cada vez más incierto y las víctimas de delitos, los vecinos en general, están optando por organizarse y defenderse ante la nula capacidad del Estado de entregar seguridad a los chilenos, más aún cuando los programas como Calles Sin Violencia no son efectivos y dejan a comunas como Osorno o Puerto Varas en el desamparo cuando aquellos se aplican en comunas aledañas, trasladando la delincuencia a aquellas y sin las medidas de mitigación correspondientes.
Anuncio mi voto a favor.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputado Lorena Fries .
La señora FRIES (doña Lorena).-
Señor Presidente, quiero partir haciendo un llamado a legislar en serio y con responsabilidad y no seguir insistiendo en soluciones que suenan bien en titulares, pero que en la práctica agravan los problemas que dicen abordar. El populismo penal no es el camino y legislar pensando en la seguridad de las personas y no en el aplauso fácil debiera ser lo que nos convoca.
Lamentablemente, este proyecto, lejos de mejorar la figura de la legítima defensa en nuestro ordenamiento penal, la complica, al mismo tiempo que debilita otras normas relevantes en el combate contra la delincuencia.
Primero, tal como lo plantearon académicos, expertos, representantes del Ministerio Público, de las policías, de la Defensoría Penal Pública, se restringe la aplicación de la legítima defensa ya que se exige probar el ánimo de defenderse, algo que no existe en la norma vigente.
Segundo, este proyecto debilita la legítima defensa en cuanto radica su fundamento en la legalidad de la tenencia del arma empleada o sus características, cuestión que tampoco considera el Código Penal.
Tercero, abre la puerta al uso de determinados elementos de autodefensa. Esto limita las posibilidades que hoy ofrece nuestra norma penal y deteriora el carácter restrictivo de nuestra legislación sobre tenencia de armas letales y menos letales.
Y por si fuera poco -ya lo dijo la colega que me antecedió en el uso de la palabra-, el proyecto propone una alteración de la carga de la prueba, que, además de innecesaria, desconoce elementos básicos de nuestro procedimiento penal y del rol del Ministerio Público y de los abogados defensores.
Podría seguir enumerando los problemas y confusiones que tiene el proyecto, pero queda claro que este no cumple con estándares mínimos para una discusión seria sobre algo tan relevante como la legítima defensa.
Por eso, hago un llamado a esta Cámara para que rechacemos esta propuesta, porque estamos mandatados para ofrecer y discutir soluciones que de verdad aporten a la seguridad de las personas que representamos, y este proyecto no es el caso.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Ana María Gazmuri .
La señora GAZMURI (doña Ana María).-
Señor Presidente, desde Acción Humanista y desde nuestro comité somos categóricos en señalar que votaremos en contra de este proyecto, porque el texto propuesto es una manifestación de la autotutela, que va en contra de nuestro ordenamiento jurídico y del Estado de derecho que tanto defendemos.
Por mucho que nos encontremos ante una crisis de seguridad, eso no quiere decir que derivemos la responsabilidad de la persecución y defensa a las ciudadanas y los ciudadanos. Por el contrario, se deben generar las condiciones para que todas y todos gocemos de la misma protección frente a la delincuencia.
Por otro lado, se reconocen determinados elementos, como armas de aire comprimido o armas cortopunzantes, como objetos que se pueden utilizar para la defensa, lo que claramente resulta contrario a la promoción de la paz que ya hemos impulsado en este hemiciclo.
La Defensoría Penal Pública, por otra parte, se pronunció en la misma línea de lo que estamos señalando, levantando las alertas sobre las modificaciones con relación a la carga de la prueba en materia de legítima defensa, advirtiendo que este cambio podría ser incluso inconstitucional, ya que se impone a la defensa una carga probatoria excesiva cuando la norma general a nivel nacional e internacional es que el Ministerio Público, es decir, el órgano persecutor en representación del Estado, con todo el poder que acarrea, sea el que deba probar, más allá de toda duda razonable, la participación en el hecho delictivo y el grado de consumación del delito.
Continuando con lo expuesto por la Defensoría, la inclusión de un ánimo de defensa, elemento subjetivo de difícil prueba, generaría diversos problemas para las víctimas que se defienden, ya que requeriría demostrar un ánimo determinado o, por otro lado, tener un conocimiento respecto del ejercicio y los parámetros de la legítima defensa que podría afectar la defensa de terceros, creando resultados injustos en la práctica.
Me hubiera resultado mucho más lógico que se hubiese buscado acotar, dejar más claro lo que las personas podrían llegar a entender por racionalidad en el medio empleado o falta de provocación suficiente, sobre todo considerando los dramáticos casos que hemos conocido en el último tiempo, en que incluso por un ánimo de defensa por propia mano se puede caer en errores irremediables que afectan para siempre la vida de quien realiza la acción de defensa o autotutela respecto de un eventual perpetrador de un hecho delictivo.
Cabe recordar el doloroso caso de Matías Vallarino Walther , asesinado por error en marzo de 2023 en la Villa Renacimiento, en La Florida, durante una detención ciudadana. El joven fue confundido con un delincuente cuando en realidad huía de los asaltantes. Tragedias como esta pueden ser las verdaderas consecuencias de la autotutela.
Por mi parte, creo que es fundamental generar políticas públicas de prevención y también de información. En este sentido, es de esperar que los vecinos y vecinas de mi distrito, sobre todo de Puente Alto, de La Pintana, de La Florida, comunas con sectores que presentan un alto grado de vulnerabilidad y peligrosidad, puedan tener claridad de lo que implica la legítima defensa, en vez de decir a las personas que se arriesguen sin medir las consecuencias.
El peor de los escenarios sería que las víctimas se convirtieran en victimarios y que el Estado se volviera un espectador sin mayor responsabilidad ante las consecuencias que este tipo de acciones genera.
Votaremos en contra de este proyecto.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .
El señor SÁNCHEZ.-
Señor Presidente, hace solo pocos días el ciudadano francés Dimitri Weiler , radicado en Chile, fue asesinado en su casa por defender a su familia, a su mujer y a sus hijos de delincuentes despiadados.
Lo que le ocurrió al señor Weiler refleja, de cuerpo completo, la realidad de nuestro país. No tenemos carabineros suficientes ni estos cuentan con recursos suficientes para desarrollar su labor, aunque en algunas ocasiones el gobierno trate de hacer puestas en escena con vehículos nuevos. Si van a la tenencia de Carabineros de Reñaca Alto, en Viña del Mar, se van a encontrar con que están utilizando los mismos dos vehículos -uno de ellos rotoque vienen usando desde hace varios años. La verdad es que Carabineros no tiene la capacidad de atender todas las situaciones de amenaza real que sufren las personas y por eso, en muchos casos, termina ocurriendo lo que sucedió con ese ciudadano francés.
La primera discusión que tuvimos sobre este proyecto de ley, que fue concebido antes de la tramitación y aprobación de la “ley Nain -Retamal”, generó una serie de reflexiones que consideramos razonables desde el Partido Republicano, y por eso presentamos una indicación sustitutiva, que esperamos que sea aprobada para que este proyecto de ley pueda discutirse por segunda vez en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Creo que con ese ánimo debiese concurrir la gran mayoría, si no todos, en el Congreso Nacional. Más allá de definiciones políticas y de las diferencias que existen entre quienes son de izquierda y quienes somos de derecha, lo que, por supuesto, va a existir siempre, invito a mis colegas, especialmente de izquierda, que entiendan el drama humano que hay detrás de esto. Lo entenderán quienes son padres, pero también quienes aún no lo son.
Me parece que todos quienes tenemos familia, quienes tenemos la responsabilidad de hacernos cargo del bienestar de nuestros hijos, sentimos el miedo y la incertidumbre que se genera por un Estado que hoy no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de todos nosotros, y el caso de este ciudadano francés lo refleja. Esa es la realidad.
Y la realidad es que todos tenemos derecho a poder defendernos dentro de nuestro hogar ante una amenaza. Las mujeres que todos nosotros acá representamos tienen derecho a poder defenderse si son víctimas de una agresión en la calle, si un hombre las toma por el cuello y las intenta llevar a un callejón para violarlas; ellas tienen derecho a defenderse con los medios que tengan a su disposición. Todos tenemos ese derecho. Nosotros no renunciamos a ejercer ese derecho por el hecho de tener un Estado, un gobierno y policías, especialmente si el Estado no tiene la capacidad de garantizar ese derecho.
Esperamos que la Sala de la Cámara no frene esta iniciativa en este momento. Si se frena acá, quiere decir que por un año no se va a poder presentar una iniciativa equivalente. Calibremos un poco la responsabilidad que tenemos y la seriedad que este tema tiene en los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué significaría eso? Que quienes voten en contra sean considerados como responsables de que esta materia no se pueda discutir durante un año, que no se puedan mejorar las garantías de legítima defensa de una persona que ve cómo delincuentes ingresan a su hogar.
En la Comisión de Constitución recibimos el testimonio de un vecino de Villa Alemana que estuvo procesado durante meses, que no pudo ejercer su trabajo, porque estuvo en prisión preventiva y, luego, con arresto domiciliario, por haberse defendido de un delincuente. Después fue declarado inocente, pero ¿quién paga? ¡Moya! El Estado no le respondió.
Insisto en el punto: hago un llamado a mis colegas a actuar con responsabilidad. Más allá de que pensemos distinto en muchas cosas, si algo debiese unirnos es la convicción de que las personas tienen derecho a defender su vida, su seguridad, la vida de sus hijos, la vida de sus parientes, la vida de quienes están en una situación más frágil y no pueden defenderse solos.
Entendamos la responsabilidad de aquello y permitamos que este proyecto de ley pueda tener una segunda revisión en la Comisión de Constitución, a fin de avanzar en una redacción que ojalá interprete a todos y dé garantías de una verdadera seguridad a todos los chilenos, que hoy están indefensos.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger .
El señor BERGER.-
Señor Presidente, es preocupante que este proyecto de ley, que busca establecer con mayor precisión los requisitos que dan procedencia a la legítima defensa, haya sido rechazado en general en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en circunstancias de que todos los días vemos cómo asesinan a personas sin ningún miramiento en las calles, en los paraderos e, incluso, dentro de los domicilios de las víctimas, a vista y paciencia de sus familiares.
Los tecnicismos argumentados en la comisión son añejos y totalmente desconectados de la realidad que estamos viviendo.
Este proyecto, además de ajustarse a la realidad delictual de este tiempo, debe ser aprobado, porque recoge de mejor forma el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 4° del Código Procesal Penal. Corrige la carga de la prueba, obligando a que sea el Ministerio Público el que tenga que acreditar que no han concurrido los requisitos de la legítima defensa cuando un ciudadano termina hiriendo o, incluso, dando muerte a un antisocial por el hecho de haberse defendido.
Además, les recuerdo a los colegas que rechazaron esta iniciativa que estos delincuentes que asesinan con alevosía cuentan con la Defensoría Penal Pública que el Estado les proporciona; en cambio, la gente inocente de este país no puede defenderse por temor a que sean ellos los que terminen siendo condenados.
Espero que quienes rechazaron esta iniciativa en la comisión recapaciten y no sigan negándole a los ciudadanos su legítimo derecho a defenderse de una delincuencia desatada que este gobierno no ha sido capaz de detener.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .
El señor BELTRÁN.-
Señor Presidente, nadie puede negar que hoy nuestro país atraviesa una de las peores crisis por inseguridad de las que se tenga conocimiento. Los crímenes son pan de cada día y existe un ambiente de verdadera preocupación en la ciudadanía, que solo empeora con el pasar de los días.
Si bien es cierto contamos con normas y leyes que constituyen herramientas legales para establecer la legítima defensa, estas son muy interpretativas y carecen de tangibilidad al momento de su utilización.
La idea es que seamos facilitadores e implementemos normativas que se requieren con urgencia, generando criterios concretos para que las personas sepan cómo actuar, defenderse y ampliar sus herramientas de legítima defensa.
Recordemos que muchas personas temen defenderse por miedo a las represalias o simplemente porque la ley no los ampara o los protege.
Por lo anterior, votaré a favor esta iniciativa, que modifica diversos cuerpos legales en materia de legítima defensa, otorgando mayor claridad y más herramientas a las personas para que, en caso de ser atacadas, o cualquier persona de su familia, puedan defenderse y no sean injustamente juzgadas por haberse defendido o a sus seres queridos. No queremos escuchar más historias en que las personas son encarceladas por defenderse. Ese no es el Chile que queremos, y por eso solicito a mis colegas apoyar esta iniciativa.
Estoy y estaré siempre a favor de la seguridad de mis vecinos, de su integridad y de la de su familia, pero no de los victimarios o responsables.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Cristián Araya .
El señor ARAYA (don Cristián).-
Señor Presidente, defenderse es un derecho, no un privilegio. El ciudadano, el individuo, renuncia al uso de la fuerza en favor del Estado para que le garantice, en primer lugar, su seguridad, el respeto a su vida e integridad. El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. ¿Y si no lo hace, si falla, si no está?
Cuando un delincuente salta el muro de una casa o está forzando la puerta de un departamento, la persona no sabe si viene armado, no sabe si viene drogado, no sabe si viene a robar e irse o si se va a quedar para violar a su hijo. ¿Quién de ustedes está dispuesto a dejar en las manos de ese asesino, de ese violador, el bienestar, la integridad de un ser querido? Yo creo que muy pocos. Y, precisamente, esa es la discusión que se está dando y se debe volver a dar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Evidentemente, aquel criminal tomó una decisión cuando ingresó a una casa; aquel criminal, aquel violador, tomó una decisión cuando quiso atacar a una mujer indefensa. Y si es repelido, nuestro ordenamiento jurídico debe respaldar con firmeza a la víctima, a aquel que se defiende, a aquel que decide no ser víctima y evitar la comisión de un delito, de un crimen o de una violación.
Resulta absurdo que estando en el año 2025, aún haya quienes quieran seguir poniéndole trabas a la legítima defensa. La legítima defensa debe ser ampliada; la legítima defensa privilegiada debe incorporar aún más supuestos. Evidentemente, hay quienes siempre y de forma sistemática se ponen del lado del criminal, del delincuente. Las razones son muchas.
Hay algunos que consideran que el delincuente es una víctima de una sociedad injusta, que no le dio oportunidades. Por el contrario, hay quienes pensamos que quien decidió tomar un arma y entrar a una casa se hace responsable de su acto. En mi caso, si entra a mi casa no solo se topará conmigo, sino que se topará con mi 9 milímetros y en algunos segundos más con Dios.
Hay que dejar muy claro que aquel que quebranta nuestro orden, que atenta contra la seguridad de una casa, tendrá que responder. Pero hay algunos a los que les molesta; hay algunos que están preocupados de los derechos humanos de los delincuentes. ¡Cuándo se van a preocupar de los derechos humanos de los ciudadanos! ¡Los ciudadanos también tienen derechos humanos! Pero no, permanentemente crean institucionalidades que una y otra vez se preocupan de defender al criminal, al delincuente, al narco, al subversivo, a aquel que le lanza una bomba molotov a carabineros, a aquel que saquea locales comerciales, a aquel que incendia el metro. Esos sí tienen derechos humanos; esos sí tienen una defensoría. ¿Y la víctima? La víctima queda en el último rincón.
Bien hizo el diputado Sánchez en impulsar este proyecto. Esperamos que la discusión se siga enriqueciendo. Se presentaron indicaciones para que la iniciativa vuelva a la comisión. Sería verdaderamente impresentable, y tendrán que responderle al país, aquellos que voten en contra y que se nieguen a continuar esta discusión.
Insisto, señor Presidente: defenderse es un derecho, no un privilegio, aunque algunos, especialmente enfrente, en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, no lo crean así. Es lamentable.
Al menos desde el Partido Republicano seguiremos respaldando con firmeza a las víctimas y persiguiendo con la más firme postura a aquel que decide quebrantar nuestro ordenamiento jurídico, en particular cuando ataca con un arma a un menor, a una mujer o a un hombre en indefensión o se encuentra en superioridad numérica. En esos casos creemos que la víctima tiene todo el derecho de defenderse y no pasar el mal rato de terminar detenida por el incomprensible criterio de algún fiscal.
No puede ser que hoy la libertad, luego de que una persona se defiende, después de pasar por una situación traumática, dependa del buen criterio del fiscal de turno. No queremos más víctimas que se defendieron, que no se arrodillaron frente a un criminal, y que luego terminen presas.
Por eso, presentamos este proyecto; por eso creemos que esto debe volver a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para seguir perfeccionándose; por eso creemos que este proyecto de ley debe ser ley de la república, porque no queremos más víctimas de la delincuencia, sino que los criminales terminen presos o en el cementerio.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Maite Orsini .
La señorita ORSINI (doña Maite) .-
Señor Presidente, el proyecto de ley que discutimos hoy no es un proyecto que venga a fortalecer la seguridad ni tampoco las instituciones de persecución penal. Quienes así lo han sostenido en esta Sala derechamente están engañando a la ciudadanía. Muy por el contrario, esta iniciativa nos arrastra peligrosamente hacia un escenario de autotutela. Es un retroceso hacia un país donde la violencia se multiplica y las calles se convierten en un terreno sin ley, donde el que dispara más rápido gana, y eso no es lo que queremos para Chile.
Esta iniciativa, de manera irresponsable y peligrosa, pretende tramposamente autorizar el porte libre de armas y establece como regla general que disparar a una persona es legítima defensa, salvo que se pruebe lo contrario. Esto no lo digo yo. Participé en el debate de este proyecto de ley en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y todos los académicos que fueron a exponer, además de la PDI y Carabineros, sostuvieron que esta iniciativa era un mal proyecto. Por eso viene rechazado desde dicha comisión.
Señor Presidente, la evidencia es clara: más armas en las calles generan más violencia. Está comprobado que el aumento del acceso a armas no solamente multiplica los enfrentamientos, sino que también intensifica la gravedad de los delitos. Países que han adoptado políticas más permisivas respecto del porte de armas han visto cómo la criminalidad se vuelve más violenta y más letal. Chile no debe por ningún motivo seguir ese camino. No podemos permitir que la solución sea peor que el problema.
Aprobar este proyecto sería una verdadera locura. ¿Han pensado los colegas que promueven este proyecto a quiénes va a beneficiar? A las bandas criminales, a esas que tanto queremos combatir. Ellas van a tener la excusa perfecta para justificar cualquier ajuste de cuentas como legítima defensa. No podemos permitirlo.
No podemos retroceder ni un paso hacia la barbarie. Chile necesita paz, no violencia descontrolada, no proyectos irresponsables. Este tipo de proyectos lo único que hacen es empeorar la situación de inseguridad en nuestras calles, y eso no es lo que los chilenos esperan de nosotros y nosotras.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero .
El señor ROMERO (don Leonidas).-
Señor Presidente, a pesar de que este proyecto de ley no es lo mejor que hay, gustoso lo votaré a favor.
Acabo de escuchar a una colega decir que aquí los delincuentes van a ser beneficiados.
¡Perdón! Yo estoy preocupado y ocupado de que los chilenos, hombres y mujeres de bien, tengamos una herramienta para defendernos. Afortunadamente, y gracias a Dios, tengo entendido que ningún parlamentario, diputado o senador, ha sido víctima en su hogar, en su vehículo, de un ataque certero de delincuentes, y mucho menos han asesinado a alguien nuestro.
Es fácil hablar desde esta tribuna donde tenemos cierta protección. Hoy vemos que los delincuentes están protegidos por el gobierno y por la justicia; esta los deja libres con facilidad y nuestros policías van presos, son sancionados y condenados. Cuando un chileno de bien defiende su casa, defiende su hogar, su trabajo, su familia y da muerte a un delincuente, va preso. La verdad es que hoy la justicia está al revés.
Debemos tener claridad de qué lado estamos. Yo estoy del lado de la justicia, de la defensa personal, de tener derecho a defender nuestros bienes. No podemos permitir que un delincuente arrase con todo lo que nos ha costado una vida de trabajo y esfuerzo. Claro, eso no sucede con todos. Algunos han tenido la suerte de nacer en una cuna de oro y otros han tenido la suerte de pertenecer a algún sector político que les ha dado la posibilidad de estar en algún cargo, pero la mayoría somos hombres y mujeres de esfuerzo y de trabajo, que necesitamos tener una defensa real y personal.
Tenemos que seguir insistiendo en que los delincuentes no sean beneficiados con pensiones y con indultos. Tenemos que seguir trabajando para que los jueces y los fiscales hagan su pega como corresponde, para que dejen a un lado los colores políticos. Porque son de izquierda defienden a los delincuentes, y las víctimas, porque supuestamente son de derecha, son sancionadas y condenadas.
Lo que hoy está ocurriendo es muy lamentable.
Repito: no es el mejor proyecto, pero es lo que tenemos, y yo gustoso voy a votar a favor.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro .
La señora PIZARRO (doña Lorena).-
Señor Presidente, la primera gran falacia, que termina siendo un delito no tan grave, pero es un delito, es cuando la derecha se adjudica la defensa de las víctimas y señala que nosotros defendemos a los delincuentes.
Ante los emplazamientos reiterados del diputado Cristián Araya , del Partido Republicano, cuando él dice que hay que responder al delincuente, yo me pregunto: ¿cuántos voltios se le deben aplicar a un conductor en estado de ebriedad cuando es sorprendido en esa condición? Porque quien maneja ebrio es un arma letal que puede matar personas. Sin embargo, parece que ahí no hay delito.
Cuando alguien trabaja y cobra horas extras millonarias que nunca trabajó, yo me pregunto: ¿es un delincuente o no? Claro que es un delincuente. ¿También le vamos a aplicar la corriente eléctrica para que enmiende su conducta?
Cuando quienes están a cargo de los municipios le roban a la gente y se enriquecen, yo me pregunto: ¿son delincuentes? ¿Ellos no merecen que les pongan estas armas letales? Lo digo, porque son armas letales.
Nosotros no defendemos a los delincuentes. Nosotros nunca hemos dicho que las mujeres se desviolan. Lo que nosotros estamos pidiendo es que de verdad combatamos la delincuencia en este país. Me refiero a la delincuencia del crimen organizado, a la llamada delincuencia de cuello y corbata, que es aquella que no quiere abrir sus cuentas y nunca va a recibir el arma letal que le quieren aplicar al resto, porque tienen el poder.
Entonces, hablemos de controlar el crimen organizado y la delincuencia. Al que no le venga el sayo que no se lo ponga. No conversen entre ustedes; si a ustedes no les afecta, no estamos todos en lo mismo. Hablemos de combatir la delincuencia de verdad, con medidas que traigan mayor justicia territorial, porque fíjense que los niños y los jóvenes son capturados por el narco. Si a ustedes no les interesa, a nosotros sí nos interesa que niños de siete años de edad anden por las poblaciones, porque sus papás están presos. Esos niños son más víctimas que aquel que maneja curado y puede matar a una persona. Esos niños son más víctimas que aquel que no trabaja y cobra millonarias horas extras. Esos niños son más víctimas que aquellos que creen que las mujeres se desviolan.
Entonces, hablemos de verdad desde la ética y desde la responsabilidad para con nuestro pueblo, para con nuestra gente, porque cuando están en campaña, les van a prometer todo, pero a la hora de legislar siguen legislando para su grupúsculo indecente, grupos de empresarios que se han robado todo y que hoy son delincuentes de cuello y corbata que se abanican como si nada. La mejor expresión: el señor Andrés Chadwick .
Así que vamos a votar en contra este proyecto, porque no estamos a favor de que en Chile se persiga a la gente por populismo y no se combata el crimen de verdad.
Lo de ustedes es un chiste. Resuelvan los temas delictuales que enfrentan a diario en su sector y después nos hablan a nosotros.
He dicho.
El señor AEDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Andrés Longton .
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, nos tocó discutir este proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Sin ninguna duda, desde el punto de vista del contenido, tiene deficiencias. Eso es evidente -lo dijeron todos los invitados-, pero es un proyecto que se puede mejorar. Esta es su discusión en general, no en particular.
Por lo tanto, quien vote en contra también está en contra de regular de mejor manera la legítima defensa. La legítima defensa requiere modificaciones. Voy a poner un ejemplo claro de que necesita modificaciones. Hoy el Estado es incapaz de proteger a los ciudadanos. La gente en su hogar es tremendamente vulnerable. Es cosa de ver las estadísticas para constatar cómo han crecido los robos en lugar habitado y cómo estos se cometen cada vez con mayor violencia. Para muestra un botón: el ciudadano francés asesinado violentamente en Chicureo por menores de edad.
Pero quizás el caso más connotado en el último tiempo es el de Mario Soto , en Villa Alemana, que estuvo en la comisión. Está grabado por cámara que entró una persona a su hogar. Él estaba con sus hijos pequeños, sus nietos, sus abuelos y su señora. Él sacó su arma frente a una persona que estaba robando -está grabadoy le disparó en legítima defensa frente a la amenaza de que pudiera ser dañada su familia. Esa era la segunda vez que lo hacía la persona que entró a robar. Mario tenía su arma debidamente inscrita, pero ¿qué pasó? Le decretaron la medida cautelar de prisión preventiva, en circunstancias de que ocupó la legítima defensa privilegiada, la presunción de legítima defensa: había agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y los medios idóneos para repelerla. Sin embargo, la fiscalía pidió quince años de cárcel. Mario no solamente perdió su trabajo, sino también cientos de millones de pesos en su defensa y en subsistir todo este tiempo. Estuvo dos años y medio en juicio, y después se tuvo que ir a la casa con arresto domiciliario.
Entonces, vamos a tener muchos más casos como este en el transcurso del tiempo, por las condiciones en que está viviendo nuestro país.
Lo que decimos es que en este proyecto procedimentalmente -aquí no estamos hablando de penastiene que haber un mecanismo a efectos de compatibilizar la presunción de legítima defensa que tiene la persona en su hogar para defender a su familia y la posibilidad de no quedar en prisión preventiva o con otra medida cautelar que le impida trabajar normalmente, hasta que eventualmente en un juicio se pueda demostrar si actuó como corresponde o no; pero cortarle las manos a esta persona e impedirle que pueda trabajar y desarrollar su vida normalmente es un despropósito total. La gente tiene el derecho a defender a su familia en su hogar cuando el Estado es incapaz de hacerlo. Eso revalida este proyecto de ley, que debe tener muchas mejoras, pero si no lo hacemos en momentos como este, no va a haber otro momento.
¿Cómo puede ser que un tribunal decrete que esta persona es un peligro para la sociedad, en circunstancias de que utilizó la legítima defensa? Eso es incompatible por donde lo vea.
Entonces, no solamente es un tema de criterio por parte de los jueces, sino que hay un tema procedimental que se debe arreglar, que se debe afinar a efectos de que este tipo de cosas no siga sucediendo, porque si sigue sucediendo, vamos a tener chipe libre para que los ladrones y los delincuentes entren a las casas libremente, porque finalmente el que dispara en defensa de su familia va a ir preso y el delincuente va a quedar en libertad y lo más probable que indemnizado.
¿Cuántos casos hemos visto de delincuentes que finalmente son indemnizados porque las familias se defienden en sus hogares?
Entonces, es un tema de justicia, para que lo que vivió Mario Soto no lo vuelva a vivir ningún otro ciudadano que defiende legítimamente a su familia en la intimidad de su hogar.
He dicho.
El señor AEDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .
El señor SOTO (don Leonardo).-
Señor Presidente, hoy debemos votar este proyecto de ley, que modifica cuerpos legales que indica en materia de legítima defensa. Este proyecto fue estudiado, discutido y votado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde la oposición al gobierno es mayoría, razón por la cual la preside alguien de oposición.
Sin embargo, en dicha comisión hubo una mayoría muy clara que votó en contra de este proyecto, que ahora llega a la Sala precisamente con una votación negativa.
En virtud de ello, pido a mis colegas que tengan muy claro que, aun cuando el oficialismo es minoría, se logró obtener una votación mayoritariamente en contra.
¿Por qué ocurrió aquello? Porque este proyecto debilita la legítima defensa, hace todo lo contrario de lo que buscaría cualquier persona en este hemiciclo, y no lo digo yo, lo dijo Carabineros de Chile, que llevó a sus equipos de estudio, a generales y a coroneles que dijeron que este proyecto era malo y debilitaba el derecho de las personas a ejercer una legítima defensa cuando son agredidas.
La PDI dijo lo mismo. Le preguntaron y respondió “¡No, por favor, no lo aprueben, porque esto va a debilitarlo!”.
También lo aseveraron varios profesores expertos en derecho penal -no solo uno-, quienes sostuvieron que, de aprobarse este proyecto, muy pocas veces los tribunales iban a aprobar la defensa que hace una persona que sorprende a un delincuente y lo agrede dentro de su hogar, o que repele agresiones ilegítimas en la calle para defender su vida o la de sus hijos.
No podrá ser usada la institución de la legítima defensa, y voy a explicar por qué.
La figura de la legítima defensa existe desde hace más de cien años en el Código Penal, y permite que una persona esté autorizada incluso para matar a un agresor cuando su vida corre riesgo debido a una agresión ilegítima, sin que haya habido provocación, si repele esa agresión por medios legítimos. Eso ha sido utilizado por cien años.
Cuando muere un delincuente, se lleva el caso a tribunales para que estos determinen si hubo o no legítima defensa, y, si la hubo -la mayoría de las veces la hay-, a las personas las dejan en libertad inmediatamente.
Sin embargo, con este proyecto no va a ocurrir eso, porque los autores de este proyecto de ley, todos del Partido Republicano, agregaron a la legítima defensa un requisito que hoy no existe, que consiste en que quienes ejerzan la legítima defensa deberán probarlo en tribunales, y ese requisito es imposible de cumplir.
El proyecto de ley dice que ahora se deberá probar el ánimo de defensa al actuar en legítima defensa. ¡El ánimo, la disposición del espíritu, la intención que tiene quien ejerce la legítima defensa!
Alguien dirá que eso se puede presumir; si se está defendiendo, no hay que probar el ánimo. Perdón, pero el requisito está colocado y los jueces van a exigir que se pruebe el ánimo.
Lo mismo existía a propósito del delito terrorista. ¿Por qué cambiamos la legislación antiterrorista? Porque había que probar el ánimo terrorista, y como no funcionó durante 30 años, lo cambiamos.
Ahora queremos introducir como requisito acreditar una intención para salvar a las personas que legítimamente se defienden frente a una agresión que pone en riesgo a sus familias o sus bienes.
Todos los invitados, policías, PDI y académicos dijeron: “Eso, por favor, no lo hagan”.
Sin embargo, eso se busca hacer mediante este proyecto.
En segundo lugar, con el ánimo de ayudar, este proyecto de ley dice que se presumirá que existe legítima defensa con necesidad del medio empleado cuando se utilicen para defenderse, primero, pistolas de aire comprimido; segundo, cuchillos con hojas de menos de nueve centímetros, y, tercero, armas debidamente inscritas.
Hoy, si un delincuente armado entra a su casa y usted lo enfrenta, puede utilizar esos elementos incluso sin las restricciones que señala este proyecto, es decir, con un cuchillo de más de nueve centímetros, con un arma de fuego no inscrita, que puede usar para defenderse y salvar su vida, y cualquier juez lo dejará en libertad, porque está en riesgo su vida o la de sus hijos.
Ahora, con esta norma, que faculta el uso de esos elementos, como pistolas de aire comprimido y cuchillos con hojas de menos de nueve centímetros, los podrán usar, incluso, en la calle.
Las policías decían: “¡Cómo van a usar navajas de menos de nueve centímetros en la calle! ¡Eso no se puede autorizar!”.
Por lo tanto, pido que hagan caso a la mayoría expresada en la Comisión de Constitución y rechacen este proyecto de ley, porque, si se aprueba, vamos a perjudicar a personas inocentes.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Agustín Romero .
El señor ROMERO (don Agustín).-
Señor Presidente, el país atraviesa una crisis de seguridad que no es casualidad, sino la consecuencia de una doctrina que, con excusas leguleyas y discursos humanitarios mal entendidos, ha debilitado el orden y la autoridad.
Mientras el Estado se pierde en formalidades y tecnicismos, la gente común vive con miedo, temiendo que un asalto, un portonazo o un robo con violencia no solo arrebate sus bienes, sino también sus vidas, como le ocurrió hace un par de semanas a un ciudadano francés avecindado en la comuna de Colina.
Es en este escenario que debemos preguntarnos: ¿está el ciudadano obligado a someterse pasivamente a la delincuencia? ¿Debe esperar a que el Estado, que tantas veces ha fallado en su deber de protegerlo, actúe en su defensa? Para mí, la respuesta es un rotundo no.
El principio de la legítima defensa no es una concesión del Estado, sino un derecho esencial de toda persona. Nadie puede ser obligado a esperar con resignación la agresión de un delincuente, nadie puede ser tratado como un criminal por el solo hecho de defenderse. Sin embargo, quien repele un ataque hoy en Chile se ve forzado a probar su inocencia, como si el acto de autodefensa fuese un abuso y no un derecho.
El proyecto que hoy discutimos busca corregir esa distorsión, busca afirmar con claridad que el ciudadano tiene derecho a proteger su vida y la de su familia sin temor a ser perseguido judicialmente. No se trata de promover la violencia, como han sostenido algunos acá con mucha liviandad, sino de restablecer el sentido de justicia que debe regir a toda sociedad sana.
La izquierda insiste en que el monopolio del uso de la fuerza debe quedar exclusivamente en manos del Estado, pero ¿qué ocurre cuando ese Estado no está presente, como ocurre hoy en día? ¿Qué respuesta le damos a la víctima de un asalto que en cuestión de segundos debe decidir entre vivir o morir?
Nosotros creemos en un orden social fundado en el respeto por la persona humana y en la responsabilidad de cada individuo, lo que significa reconocer que quien se defiende no es el problema, sino el delincuente que asalta, el criminal que irrumpe en una casa de madrugada, el violento que amenaza la vida de los inocentes.
Por ello, respaldo este proyecto con convicción, porque no es justo que un ciudadano honesto deba demostrar que su reacción fue proporcional, mientras el delincuente que lo atacó ni siquiera necesita justificar su acción, porque no es justo que la víctima termine siendo tratada como un victimario.
Hago un llamado a esta Cámara. Este no es un debate técnico, sino moral: o estamos del lado del ciudadano que trabaja y que merece vivir en paz o estamos del lado de los delincuentes, de los que relativizan la violencia y entregan la sociedad a la anarquía.
El Chile que queremos no es un país de víctimas resignadas ni de delincuentes impunes, sino uno donde el derecho y la justicia prevalezcan sobre la cobardía y la indiferencia.
Votaré a favor.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Matías Ramírez .
El señor RAMÍREZ (don Matías).-
Señor Presidente, hoy nos enfrentamos a un nuevo intento de la ultraderecha de institucionalizar la violencia en nuestro país. El Partido Republicano, y la derecha que baila a su compás, ha presentado un proyecto que busca normalizar la autotutela y convertir a Chile en una sociedad violenta y peligrosa.
El populismo penal de la derecha -hay que decirloes un engaño. Nos dicen que este proyecto aumentará la seguridad, pero en ninguna parte del mundo más armas han significado menos violencia. Lo que sí está comprobado es que, cuando el Estado abandona su rol y se delega la seguridad en los privados, lo que sigue es más muertes y más injusticia.
Este proyecto de ley, que fue rechazado en su idea de legislar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, no solo desvirtúa el concepto de legítima defensa, sino que busca instalar un modelo de justicia por propia mano en nuestro país; pretende alterar la carga de la prueba, estableciendo presunciones que harían casi automática la justificación del uso de la violencia. Es, en palabra de sus autores, una “ley Nain-Retamal” para civiles.
¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cualquier persona podría disparar a otra en la calle y después alegar legítima defensa, obligando al Ministerio Público a demostrar lo contrario; significa que más inocentes podrían ser asesinados por ciudadanos que, motivados por el miedo y la impunidad, se crean con derecho a ejecutar su propia justicia.
Ya hemos visto las consecuencias de este tipo de propuestas. En 2022, en La Florida, un joven fue asesinado tras una errada detención ciudadana. No había cometido ningún delito, pero la histeria colectiva, impulsada por discursos como estos, lo condenó a la muerte. Es más, no olvidemos lo sucedido en diciembre recién pasado, cuando una odontóloga se bajó de su vehículo y apuñaló a un trabajador que se dirigía a su lugar de labores. ¿Por qué? Porque pensó que era la persona que le había robado su teléfono. Eso le significó la muerte a un trabajador de nuestro país, a un padre de dos hijos; las mismas familias que la derecha dice representar.
No olvidemos que en nuestro país la legítima defensa está regulada. Desde ahí deberíamos iniciar el debate. No hay un vacío legal ni nada que justifique un cambio. El problema de la delincuencia no se soluciona armando a la ciudadanía ni promoviendo la venganza personal. Lo que necesitamos es fortalecer a las instituciones encargadas de la investigación criminal, mejorar los procedimientos y garantizar que el Estado proteja a todas y a todos.
Este proyecto es un peligro para la democracia y para la convivencia en nuestro país. No podemos permitir que la ultraderecha nos arrastre una vez más al caos.
Como bancada nos oponemos rotundamente a este nuevo intento de legitimar la violencia en Chile.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada Alejandra Placencia .
La señora PLACENCIA (doña Alejandra).-
Señor Presidente, en este debate se ha escuchado un sinnúmero de argumentos bastante cuestionables, porque todos sabemos que la legítima defensa debe considerarse como una situación excepcional.
Por supuesto, es cuestionable que diputados y diputadas le digan a la ciudadanía que el Estado no puede hacerse cargo de su seguridad y que, en el fondo, la única posibilidad que tienen las personas es defenderse por sí mismas y hacer justicia por mano propia. Eso, en esta Cámara de Diputadas y Diputados, es inaceptable, porque nuestro rol justamente es poner los esfuerzos en fortalecer el rol del Estado y en que este pueda cumplir con garantizar un derecho en igualdad de condiciones para todos y todas quienes habitamos en nuestro país. Por eso, este es un acto de irresponsabilidad y de populismo.
Lo que pretende la ultraderecha, que busca sumar de manera bastante engañosa al resto de la Sala, es modificar el Código Penal y la Ley de Control de Armas. ¿Para qué? Para establecer, con un falso argumento, que quienes ejercen el derecho a la legítima defensa están validados bajo cualquier argumento y cualquier situación.
Este proyecto -aquí se ha señalado hace una incorporación que es muy compleja: agrega la causal de ánimo de defensa, que es muy subjetiva y que además perjudica o puede llegar a perjudicar a quien tenga que actuar realmente en defensa propia o, incluso, cuando se trate de resguardar la vida de un familiar o de otra persona, es decir, de un tercero. Este proyecto hará más factible que finalmente esa persona termine en prisión.
Además, esta iniciativa pretende validar el uso de armas de aire comprimido y cortopunzantes, lo que fomenta un clima que justamente incita a la violencia entre civiles. La gente de a pie, común y corriente, no quiere más violencia; muy por el contrario. Lo que hace este proyecto es poner a toda la ciudadanía en riesgo.
Esto es lo que ocurre cuando se legisla sobre la base del populismo: se generan más problemas de los que se quiere o se pretende evitar.
En la Sala se han señalado varios ejemplos de detenciones ciudadanas que terminaron causando la muerte a civiles que no tenían ninguna responsabilidad en delitos, o provocándoles lesiones graves cuando en realidad no tuvieron ninguna participación en hechos delictuales, por este ánimo de violencia que se instala, que busca que las personas sientan un miedo que no son capaces de controlar ni de racionalizar. El caso de la mujer que hace poco tiempo asesinó por error a una persona que creyó que era quien la había asaltado es una de las muestras más cercanas que tenemos. Este proyecto valida ese tipo de acciones.
La legítima defensa está suficientemente regulada en nuestro ordenamiento jurídico y es clara en su aplicación. Modificarla en un sentido opuesto no aporta en nada a la solución al problema de seguridad que tenemos en nuestro país; además, atenta contra el debido proceso.
La solución, como decía al inicio, no puede ser que cada persona se defienda por sí misma. Para eso existe un Estado que tenemos que fortalecer y no debilitar, para que dé garantías de protección a todos los habitantes de nuestro país.
Esperamos que este proyecto termine aquí su tramitación, porque, con la excusa de la defensa propia, hay diputados y diputadas que pretenden hacernos retroceder a una sociedad más cercana a la barbarie.
Por eso, llamo a rechazar con decisión este proyecto en la Sala.
He dicho.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
El diputado Luis Sánchez ha solicitado el cierre del debate.
Corresponde votar la solicitud. En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Rechazado.
-Votaron por la afirmativa:
Aedo Jeldres, Eric , Cid Versalovic , Sofía , Lilayu Vivanco , Daniel , Rathgeb Schifferli , Jorge , Ahumada Palma , Yovana , Concha Smith, Sara , Longton Herrera , Andrés , Rivas Sánchez , Gaspar , Araya Lerdo de Tejada, Cristián , Cordero Velásquez , María Luisa , Martínez Ramírez , Cristóbal , Romero Leiva , Agustín , Arroyo Muñoz , Roberto , Cornejo Lagos , Eduardo , Mellado Suazo , Miguel , Romero Sáez , Leonidas , Barchiesi Chávez , Chiara , Del Real Mihovilovic , Catalina , Moreira Barros , Cristhian , Sánchez Ossa , Luis , Becker Alvear , Miguel Ángel , Donoso Castro , Felipe , Moreno Bascur , Benjamín , Sauerbaum Muñoz , Frank , Beltrán Silva , Juan Carlos , Fuenzalida Cobo, Juan , Naveillan Arriagada , Gloria, Schalper Sepúlveda , Diego , Berger Fett , Bernardo , González Villarroel , Mauro , Olivera De La Fuente , Erika , Schubert Rubio , Stephan , Bobadilla Muñoz , Sergio , Jürgensen Rundshagen , Harry , Ossandón Irarrázabal , Ximena , Sulantay Olivares, Marco Antonio , Bórquez Montecinos , Fernando , Kaiser Barents-Von Hohenhagen , Johannes , Pérez Cartes , Marlene , Trisotti Martínez , Renzo , Bravo Salinas , Marta , Labra Besserer , Paula, Pino Fuentes , Víctor Alejandro , Von Mühlenbrock Zamora , Gastón , Camaño Cárdenas , Felipe , Leal Bizama , Henry , Ramírez Diez , Guillermo , Weisse Novoa , Flor , Castro Bascuñán , José Miguel, Lee Flores , Enrique , Raphael Mora, Marcia
-Votaron por la negativa:
Acevedo Sáez , María , Candelaria , Fries Monleón , Lorena , Molina Milman , Helia , Rosas Barrientos , Patricio , Astudillo Peiretti , Danisa , Gazmuri Vieira, Ana , María , Musante Müller , Camila , Sáez Quiroz , Jaime , Barrera Moreno , Boris , González Gatica , Félix , Naranjo Ortiz , Jaime , Sagardía Cabezas, Clara , Barría Angulo , Héctor , Hertz Cádiz , Carmen , Nuyado Ancapichún , Emilia , Santibáñez Novoa , Marisela , Bernales Maldonado , Alejandro , Hirsch Goldschmidt , Tomás , Ñanco Vásquez , Coca Ericka , Serrano Salazar , Daniela , Bianchi Chelech , Carlos , Ibáñez Cotroneo , Diego , Oyarzo Figueroa , Rubén Darío , Soto Ferrada , Leonardo , Brito Hasbún , Jorge , Ilabaca Cerda , Marcos, Palma Pérez , Hernán , Tapia Ramos , Cristián , Bugueño Sotelo , Félix , Leiva Carvajal, Raúl , Pizarro Sierra , Lorena , Ulloa Aguilera , Héctor , Castillo Rojas , Nathalie , Manouchehri Lobos , Daniel , Placencia Cabello , Alejandra , Veloso Ávila , Consuelo , Celedón Fernández , Roberto , Mellado Pino , Cosme , Ramírez Pascal , Matías , Venegas Salazar , Nelson , Cicardini Milla , Daniella , Melo Contreras , Daniel , Riquelme Aliaga , Marcela , Videla Castillo , Sebastián , Cifuentes Lillo , Ricardo , Mirosevic Verdugo , Vlado , Rojas Valderrama , Camila , Winter Etcheberry , Gonzalo , Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto, Mix Jiménez, Claudia
-Se abstuvieron:
Guzmán Zepeda , Jorge , Lagomarsino Guzmán , Tomás , Teao Drago , Hotuiti , Undurraga Gazitúa, Francisco
El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Ha concluido el tiempo del Orden del Día. La discusión de este proyecto queda pendiente para una próxima sesión.
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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