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- rdf:value = " El señor RIVAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Daniel Lilayu .
El señor LILAYU.-
Señor Presidente, este proyecto de ley tiene su origen en el aumento descontrolado del crimen violento.
Se cita en la moción parlamentaria que “sólo en lo que va del año, los homicidios han aumentado un 55 % mientras que el robo con violencia de vehículos motorizados lo ha hecho en un 116 %.”.
Ante dicho aumento de la violencia, debo manifestar que Chile no cuenta con reglas claras en materia de legítima defensa.
Se cita como evidencia un estudio del año 2010 que revisó juicios en que se invocara legítima defensa y según el cual “de un universo de 180 fallos revisados, sólo el 10,5 % acoge la eximente de legítima defensa; el 15,5 % acoge la atenuante incompleta; y el 74 % rechaza la invocación de la eximente”.
No es novedad que en juicio sea difícil probar la legítima defensa y que, además, algunos elementos de defensa no son reconocidos por la legislación, como dispositivos de gas pimienta, las armas de aire comprimido no adaptadas o transformadas y la navaja de bolsillo o cortaplumas. Más complejidades se generan en el terreno de las armas de fuego, siempre y cuando estén debidamente inscritas.
Sin perjuicio de la utilidad del proyecto para que las víctimas tengan menos problemas en caso de defenderse, se debe tener presente que el primer deber del Estado, y especialmente del gobierno, es la defensa de las personas. El monopolio de la fuerza legítima lo tiene el Estado y se debería ejercer a través de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, que dependen del Presidente de la República.
En lo técnico, si bien el proyecto recibió muchas críticas, se debe rescatar la idea matriz respecto de reconocer elementos de defensa personal y de facilitar la prueba de legítima defensa en determinados casos.
En caso de que se rechace el proyecto, esta idea no podría volver a discutirse por un año, lo cual puede ser dramático en los tiempos actuales, en que la delincuencia está generando un panorama cada vez más incierto y las víctimas de delitos, los vecinos en general, están optando por organizarse y defenderse ante la nula capacidad del Estado de entregar seguridad a los chilenos, más aún cuando los programas como Calles Sin Violencia no son efectivos y dejan a comunas como Osorno o Puerto Varas en el desamparo cuando aquellos se aplican en comunas aledañas, trasladando la delincuencia a aquellas y sin las medidas de mitigación correspondientes.
Anuncio mi voto a favor.
He dicho.
"
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