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El señor LARRAÍN .-
Señora Presidenta , la verdad es que suena muy duro -y muchas reacciones que hemos oído plantean legítimas inquietudes-: qué pasa con el Servicio Civil si se queda sin los recursos en comento.
Sin embargo, la pregunta es otra.
Esos recursos se utilizan para nombrar a personas, pero luego estas son retiradas de sus cargos,...
El señor COLOMA .-
Desvinculadas.
El señor LARRAÍN .-
... desvinculadas, como se dice ahora.
Entonces, la plata se pierde.
La pregunta es si seguiremos botando el dinero o vamos a respetar un sistema que creamos todos.
Tengo la impresión de que esa es la disyuntiva.
No sé exactamente qué impacto tiene la indicación. Porque se trata de limitar los gastos variables; por tanto, el Servicio seguirá funcionando y va a disponer de recursos para desarrollar su labor.
No obstante, me parece que vale la pena adoptar de una vez por todas una definición sobre la materia.
Personalmente, creo que los cargos nombrados mediante la Alta Dirección Pública -y ojalá no solo los de los niveles 1 y 2, sino también los del nivel 3- no deberían modificarse posteriormente por autoridad alguna.
Si queremos tener una carrera funcionaria profesional, debemos mantener en forma indefinida a quienes ejercen dichos empleos.
Incluso más: salvo los del nivel 1, el resto no debería ser resuelto por el funcionario político -el ministro o quien sea-, sino por la propia Alta Dirección Pública, pues así aseguramos la existencia de profesionales objetivos que trabajen por el país, cualquiera que sea el gobierno.
Es lo que ocurre en las naciones más desarrolladas.
En Australia, por ejemplo, cuando cambia el gobierno no se remplaza a más de 300 funcionarios. El resto debe trabajar por el gobierno que eligió el pueblo. Y eso funciona razonablemente bien.
¿Por qué cada vez que cambia el gobierno en Chile entran miles de personas para remplazar a otras tantas que fueron seleccionadas a través de la Alta Dirección Pública?
¡Eso no tiene justificación!
Lo que hemos hecho es un chiste.
Quizás el único efecto positivo que ha tenido el sistema vigente es que evita los cuoteos: antes se les pedía a los partidos integrantes de las coaliciones mandar nombres, se buscaba y "vamos arreglando"; ahora por lo menos tenemos un mecanismo objetivo que permite elegir a personas más calificadas -lo más calificadas posible-, lo cual evita que por razones políticas gente inepta llegue a hacerse cargo de las funciones pertinentes.
Sin embargo, como resultado, el sistema en vigor no es muy significativo. Y en todo caso, es muy caro.
Por eso valoro esta indicación: porque nos obliga a tomar decisiones.
Espero que el Gobierno, si ella se rechaza -pareciera que así va a ocurrir-, asuma el compromiso de presentar un proyecto de ley para implementar un Sistema de Alta Dirección Pública que nos posibilite tener en todos los niveles funcionarios que no sean susceptibles de desvinculación cada vez que cambia el gobierno.
Seamos coherentes con lo que decidimos. Si no, ¿para qué existe el sistema vigente? No se justifica solo para evitar los cuoteos.
En consecuencia, apoyaré la indicación, para transmitir la convicción de que necesitamos una Alta Dirección que nos dé una estructura de funcionarios públicos "profesionales", quienes serán desvinculados por haber cometido desfalco, por haber incurrido en conductas funcionarias irresponsables, pero no por pensar distinto del gobierno que viene.
Ahora, muchas veces los despidos no obedecen al hecho de pensar distinto del gobierno entrante, sino a la circunstancia de haber estado en el cargo durante el anterior.
Por ahí se estableció una doctrina que decía que por haber trabajado en el gobierno anterior los funcionarios iban a ser desvinculados de todas maneras, ¡aunque hubiesen sido de la Concertación...!
Ese es el extremo.
Señora Presidenta, el abuso que se ha cometido en la materia es lo que nos hace pensar que indicaciones como la que nos ocupa son necesarias, a menos que el Gobierno traiga un proyecto de ley y hagamos de la Alta Dirección Pública una realidad que nos posibilite contar con profesionales serios que respondan al Estado de Chile y no al gobierno de turno.
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