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El señor GIRARDI.-
Señor Presidente , sin duda, este es el punto más controvertido del proyecto en debate y comprendo que resulta muy normal esta parte de la discusión.
Entiendo muy bien que el Senador señor Prokurica y otros colegas estén entusiasmados y muy interesados en la aprobación de esta iniciativa, porque para ellos la privatización de numerosos bienes públicos constituye una lógica coherente y obedece a una visión filosófica.
Por eso han planteado la privatización de la educación, el subsidio a la demanda. Por eso es que hoy día el futuro Presidente de la República está proponiendo el bono AUGE, que consiste en traspasarles los recursos a las clínicas para que ellas hagan grandes negocios con la salud. Por eso se habla de la privatización de CODELCO y también de la de los parques.
Ello representa una visión que estimo coherente y que forma parte de aquellos elementos que hacen la diferencia entre la actual Oposición -mañana, Gobierno- y nosotros.
Sin embargo, lo que no logro entender es que haya un enclave de neoliberalismo extremo dentro de la Concertación. Eso hace que no existan diferencias fundamentales y sustantivas entre las posiciones legítimas que sustenta la Oposición y las de nuestro Gobierno.
Perfectamente nuestros representantes del Ministerio de Hacienda podrían estar sentados en las bancadas de enfrente. Creo que en ellas...
El señor NAVARRO .-
¡Ni se notaría!
El señor GIRARDI.-
...habría parlamentarios bastante más progresistas en lo que respecta a muchas de las políticas del actual Gobierno.
Eso genera una controversia razonable e importante, porque se elabora todo un argumento acerca de si las concesiones serán o no propiedad.
Solo quiero recordar que estas durarán 25 años. Se dispone un derecho a uso y goce del fondo marino chileno por ese lapso. ¡Y cuidado! Porque es posible renovarlas aunque no se cumpla la mitad de las exigencias ambientales. O sea, las empresas pueden violar las normas ambientales. En otras palabras, si bien se establece un conjunto de condiciones, se pueden incumplir normas en la mitad de los casos e igualmente se les renovarán las concesiones.
¡No basta con exhibir una alteración! ¡No basta con pasarse una luz roja! Una empresa puede haber incumplido la mitad de los aspectos requeridos y sigue conservando la concesión. Lo dice el artículo respectivo: "Las concesiones de acuicultura tendrán un plazo de 25 años y se renovarán por igual plazo, a menos que la mitad de los informes ambientales hayan sido negativos;".
Ese precepto me parece bastante extraño.
Por eso digo que la postura del Ejecutivo va en la línea de la profundización de un nuevo neoliberalismo que va más allá de la que incluso se le podría ocurrir a los sectores tradicionalmente neoliberales.
Entonces, esta norma afecta profundamente en un aspecto fundamental, pues antepone criterios económicos por encima de consideraciones ecosistémicas.
¿Qué ocurre acá? Hay una supeditación de ecosistemas vivos, complejos, muy sensibles, solo a criterios económicos. Es decir, nuevamente observamos que nuestros derechos del medio ambiente y los derechos fundamentales quedan subordinados a la lógica de la propiedad privada, de la rentabilidad.
Se plantean concesiones por 25 años. ¡Claro! Podrá sonar gracioso pero los sistemas vivos no se circunscriben a un plazo de esa índole, son mucho más dinámicos. Cinco años de mal uso bastan para que un ecosistema resulte brutalmente degradado y, por ende, el período que propone esta iniciativa nada tiene que ver con la realidad que estamos tratando.
Desde el punto de vista económico, de la rentabilidad, de los intereses de los bancos, yo entiendo que 25 años parece un plazo muy saludable. Sin embargo, desde la perspectiva de la salud de los ecosistemas, es totalmente inadecuado.
Considero que se debieran establecer condiciones dinámicas. Y cada vez que en un sistema vivo, que es muy sensible, no se cumpla con los criterios requeridos debe ser inmediatamente intervenido. ¡Pero no! Aquí estamos dando 25 años, no por la necesidad de que el cultivo de seres vivos tenga un cierto nivel de sustentabilidad, sino por razones económicas, que aparentemente es lo único que le importa al Ejecutivo .
Porque yo pregunto: ¿quién se hará cargo de todos los pasivos que dejaron tales empresas? ¿Existe alguna norma que imponga algún tipo de corrección al desastre, al daño ambiental y a los cementerios que aquellas causaron por sus malas prácticas?
¡Ninguna!
¡Las prácticas que conocimos a principio de siglo se reiteran nuevamente en la ley en proyecto!
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