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- rdf:value = " El señor COLOMA.- Señor Presidente , esta es una de las discusiones más extrañas que he oído en el último tiempo. Y, en mi concepto -solo hablo por mí-, refleja una politización no solo sorprendente sino además censurable que la Concertación está haciendo de medidas mínimas para controlar el orden público.
¿Qué se está planteando aquí?
Hay una táctica muy precisa y todos hacen el mismo diagnóstico: es insoportable la alteración consistente del orden público, que pasa a ser casi un ritual de la actividad de los chilenos, y es inaceptable la existencia de encapuchados que actúan impunemente en distintos ámbitos y provocan daño a la propiedad privada o, lo que es mucho más serio, a las personas.
Nadie ha discutido el diagnóstico, pero todos se las han arreglado para buscar no hacer nada como consecuencia de él.
Algunos sostienen que hay insuficiencias, que es culpa de las policías. ¡Y estamos pidiendo un mínimo!
A este mismo Gobierno, al que se acusa de no haber tenido éxito en las políticas públicas requeridas para enfrentar la delincuencia, cuando pide una herramienta le responden: "Usted ha fracasado: no se la damos".
Algunos, porque consideran que este es un problema de las policías.
Otros, porque estiman que hay normas suficientes. Pero lo que no dicen es que esas son las mismas normas que han significado que, de 10 mil 238 detenidos en los últimos dos años por incurrir en conductas como las explicitadas, al final haya no más de 6 condenados.
Entonces, señor Presidente , más allá de la política, de la cosa contingente, de que tengamos elecciones, de que no exista el propósito de darle siquiera una herramienta al Gobierno actual -ello es muy censurable-, creo que en esta materia hay una sorprendente falta de visión de país.
Claramente, existe una errónea tipificación del delito en el caso de las conductas relacionadas con los desórdenes públicos. La articulación vigente -como se ha mencionado- es decimonónica, no tiene nada que ver con el mundo moderno.
Entonces, ¿dónde está el problema de incorporar como delitos de desorden público la paralización o la interrupción, mediante violencia o amenaza, de servicios públicos; o el impedimento o la alteración, en igual forma, de la libre circulación de las personas?
Alguien me señala: "Se puede interpretar lo mismo sobre la base de otra disposición". Pero, ¡oh sorpresa!, esa disposición nunca se ha aplicado. Y si no se ha aplicado jamás, ¿no será porque en la práctica es insuficiente o está mal concebida?
Me parece que esto es lo que uno haría en cualquier materia, más aún ante esta cuestión tan delicada, en que se amenaza la continuidad del entendimiento en nuestro país.
En efecto, cuando una protesta social legítima es vinculada indefinidamente con la creación por algunos de un espacio delincuencial, en último término -es una teoría en todas partes del mundo- se generaliza una conducta y, adicionalmente, se genera en el ciudadano común y corriente, en el ciudadano de a pie, una sensación de impotencia frente al actuar impune en aquel ámbito.
Yo no he escuchado ningún argumento de fondo que respalde por qué la tipificación de desórdenes públicos que se plantea es equivocada. Sí, he oído decir que resulta insuficiente, argumento que para estos efectos no empece. Y también, que la norma actual es suficiente; pero tan suficiente es que ¡todos quedan libres...!
Una segunda lógica, señor Presidente , tiene que ver más con el sentido común: la incorporación de una agravante respecto a quienes se encapuchan para realizar las acciones en comento.
Señores colegas de la Concertación -con algunos llevamos varios años mirándonos las caras-, ¿no es acaso de sentido común que si alguien se encapucha durante una manifestación pública que termina en desórdenes la sociedad tenga derecho a entender que en su conducta hay una actitud agravante? ¿Acaso ello no es de un sentido común esencial? ¿O se estima perfectamente legítimo andar encapuchado por la vida y que los desórdenes, la violencia, el desamparo, la impunidad no tengan nada que ver con la falta de sanción de esa conducta?
Entonces, obviamente los Gobiernos van pasando y vienen otros distintos, pero las leyes y la falta de responsabilidad van quedando.
Y, por una vía a mi juicio muy ilegítima, con la frase "Se está criminalizando" se apunta a identificar a quienes hacemos un esfuerzo honesto por dar más elementos a policías y jueces para poder sancionar¿
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene un minuto para concluir, Su Señoría.
El señor COLOMA.-... actitudes que nos parecen negativas. ¿Esa criminalización de dónde viene? ¿No será un lenguaje justamente primo hermano de la impunidad? Porque lo que se está haciendo es valorar esta última si, al final, para no hacer nada, se usa una palabra que atemorice. Eso cada día va a ser más complejo.
Entiendo que algunos parlamentarios de la Concertación dicen: "Sigamos así". Está bien. Es su responsabilidad. Son mayoría. Entonces, habrá más marchas, más desórdenes, más encapuchados, y no va a pasar nada, porque aquí, cuando se presentó una opción, se dijo que no.
Y expondré un último argumento. Algunos me expresan: "Ustedes no quieren, como Gobierno, seguir llenando de gente las cárceles". Por mi parte, ¡deseo que alguien vaya a la cárcel, en este caso -no se trata de que se llenen los recintos de reclusión-, por actuar en manifestaciones encapuchado contra chilenos!
"
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