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TIPIFICACION DE DELITOS DE CARÁCTER ECONOMICO.
El señor EGAS (secretario subrogante).- Corresponde continuar con la discusión en particular del proyecto de Ley que tipifica delitos de carácter económico.Los antecedentes del proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:Proyecto de Ley:En primer trámite, sesión 34ª, en 20 de julio de 1972.Informes de Comisión:Legislación, sesión 58ª, en 2 de enero de 1973.Legislación (segundo), sesión 69ª, en 16 de enero de 1973.Discusión:Sesiones 62ª, en 4 de enero de 1973; 63ª, en 9 de enero de 1973 (se aprueba en general), 69ª, en 16 de enero de 1973, y 70ª, en 16 de enero de 1973.
El señor PALMA (Presidente).-
Está en uso de la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Resumiendo lo que expresé en el día de ayer, sostengo, en primer lugar, que la Oposición no ha dado argumentos serios que justifiquen el no haber despachado este proyecto con mayor prontitud; que ella, provocando dilación tras dilación, esperó la coyuntura, que la encontró en la intervención del señor Ministro de Hacienda, para tratar de justificar el rechazo postrero a una legislación de este tipo, que en la mente de la Derecha estuvo siempre presente. Por lo tanto, no vale el argumento de que se obstaculizó la aprobación de la iniciativa a raíz de las últimas expresiones de algunos personeros de Gobierno. Repito que estaba en la mentalidad reaccionaria no sancionar una legislación de esa especie.
En segundo lugar, creo haber probado que una legislación como la del delito económico estaba siendo requerida por organismos de carácter científico en materia jurídica, absolutamente neutrales en la pugna política, como el Instituto de Ciencias Penales, que en reuniones internacionales en Europa y América Latina planteó una y otra vez la imperiosa necesidad de dictar una legislación de ese tipo, particularmente en el mundo subdesarrollado y, en especial, para el caso chileno.
En tercer lugar, he afirmado que no es cierta la afirmación de que sería innecesaria una ley de esta naturaleza por existir ya legislación sobre la materia. Siempre se ha hecho presente la necesidad de codificar o integrar esta legislación dispersa, precisarla y definirla mejor, para que tanto los organismos administrativos como los sectores que puedan ser objeto de sanciones, tengan en claro los riesgos que se corren cuando se cometen delitos que pueden romper el llamado orden público económico. Mencioné la opinión fundada de hombres de la cátedra, como el señor Schweitzer, muy respetable desde el punto de vista de su sapiencia jurídica, aun cuando está ubicado en el campo ideológico de Derecha fue Ministro del señor Alessandri, y, en otro campo de ideas, al señor Politoff, hombre de Izquierda, pero cuya versación jurídica sobre la materia nadie puede desconocer. Unos y otros han coincidido en la necesidad de legislar sobre delito económico.
Agregué, además, que aparece hipócrita la actitud de quienes sostienen que por existir legislación aplicable en la materia resulta innecesario aprobar una nueva, en circunstancia de que mediante un proyecto de reforma constitucional han mostrado su voluntad de derogar tal legislación, o sea el decreto ley 520, que contiene las normas legales vigentes en materia de delito económico.
Por último, señor Presidente, refuté la afirmación del Honorable señor García, quien repitiendo lo expresado por un alto personero del sector empresarial, sostuvo que el costo económico de los dos años de Gobierno de la Unidad Popular equivale a lo que se perdió durante la guerra del Pacífico, olvidando lo que significaron las pérdidas y saqueos imperialistas en el salitre y en el cobre.
Otra mentira derechista.
Redondeando las ideas finales, quisiera destruir también otra argumentación que igualmente proviene del laboratorio donde se planifica la estrategia de la Derecha: la de que el Gobierno de la Unidad Popular está sancionando con estas medidas un camino hacia la dictadura. A mi juicio, hay que estar dotado de bastante cinismo político para afirmar que la actual Administración se encuentra en una dictadura o va hacia ella. Yo diría que tales afirmaciones son falaces respecto de un país donde se han respetado, yo diría con bastante amplitud y casi con libertinaje, todas las garantías esenciales consagradas en la Constitución. En el transcurso de estos dos últimos años ha habido cinco elecciones complementarias, si no me equivoco, y una elección general de regidores. Se ha respetado el derecho de opinión a través de la prensa y la radio. Basta con sintonizar el dial de las radioemisoras para ver cómo se ataca con saña la política del Gobierno, con justificación o sin ella. Basta leer cierta prensa de la Derecha para darse cuenta de que en su escalada agresiva aquélla no respeta las honras ajenas, empezando por la del propio Presidente de la República y continuando con la del General Prats. ¡Cómo afrentan a las Fuerzas Armadas e infieren agravios a los Ministros y dirigentes populares! Por eso, procedió bien el compañero Presidente cuando en carta enviada a El Mercurio afirmó categóricamente lo que sigue:
La verdad es que hay que ser poseedor de un espíritu muy menguado para atreverse a aseverar que un país que se está preparando para enfrentar elecciones de carácter nacional pueda encontrarse al borde de una dictadura. Lo que El Mercurio ha dicho es una mentira. Y es una mentira de capital importancia, porque revela hasta qué extremos están dispuestos a llegar quienes se han sumido en histérica desesperación al ver afectados sus privilegios económicos, y comprobar que ya no podrán seguir amasando fortunas a costa del sacrificio de la inmensa mayoría de los chilenos.
Aquí no habrá dictadura de ninguna clase, ni menos, por supuesto, de corte fascista. Y no la habrá porque el pueblo así lo ha dispuesto y yo, antes como hombre público y ahora como Presidente de Chile, he dado sobradas demostraciones de espíritu realmente democrático.
Continúa el compañero Presidente:
También, en incontables oportunidades, he explicado el contenido y propósito del programa del Gobierno Popular que estamos aplicando. El señala que nuestro objetivo es abrir el camino hacia una sociedad socialista sin transgredir los marcos constitucionales y legales. Chile y el mundo entero son testigos de cómo hemos sido leales a este compromiso histórico. Pero ello no significa, en ningún caso, que esas garantías sean utilizadas como mero disfraz para ocultar a los responsables de la especulación y el mercado negro. Queda notificado su diario que, por mucho que proteste no habrá garantías para los abusadores ni para los delincuentes económicos, no importan cuan encumbrados se encuentren.
Abastecimiento real más que racionamiento.
En segundo lugar, El Mercurio de ayer dedica todo el ancho de su primera plana a afirmar que existe una contradicción entre el discurso que pronuncié el primero de mayo de 1971 y las medidas económicas que el Gobierno acordó y que el Ministro de Hacienda explicó al país. Y habla de un cambio de frente en el criterio del Presidente de la República.
De la manera más enfática le declaro, señor, que también en este punto su diario vuelve a mentir. Ni entonces ni ahora he sido partidario del racionamiento. Y no habrá racionamiento alimenticio, sino una distribución verdaderamente equitativa y humana de los artículos esenciales para el mantenimiento del grupo familiar. Sostener lo contrario significa sustentar que solamente los ricos que pueden proveerse a precios de especulación son los únicos chilenos con derecho a alimentarse.
¡Categóricas palabras del compañero Allende, que las reitera durante una entrevista televisual que le hizo el prestigioso periodista Julio Lanzarotti! A propósito de las ventajas o desventajas que implicaban para el Gobierno el haber planteado en esta oportunidad las medidas económicas, el compañero Presidente contestó:
¿No podríamos haber esperado cuarenta y cinco días? ¿Por qué no esperar cuarenta y cinco días? Porque conozco los problemas reales, sé la situación; comprendo lo que significa para una persona que trabaja o no trabaja pero para la que trabaja con mayor razón, que está una, dos o tres horas haciendo cola, y cuando llega el momento en que le toca a ella, no encuentra los productos.
Yo he dicho que no va a haber racionamiento. Habrá una distribución más equitativa, una comercialización más expedita de los artículos más esenciales que no pueden faltar en una casa. Pero si nosotros colocamos seis o siete artículos, como artículos esenciales, sobre los cuales se tomarán medidas para que puedan ser entregados a los economatos, a las cooperativas, para que los comerciantes minoristas tengan en relación a las necesidades del sector que deben atender, en la cantidad suficiente para impedir que gente compre cinco, seis u ocho veces más de lo que necesita.
No se puede hablar entonces de racionamiento, porque si son cinco o seis artículos que necesitamos distribuir mejor y que lo vamos a hacer, quedan cincuenta, cien, doscientos artículos, en que la gente podrá comprar lo que quiera, porque no son esenciales.
Este es, diría yo, cualquiera que sea la interpretación que se le dé, por partidarios encendidos del Gobierno o por los opositores más recalcitrantes, el real alcance y contenido de las medidas del Gobierno.
El papel de las JAP.
Además, la Derecha, especialmente el Honorable señor García, ha hecho mucho caudal en esta Sala del discurso del Ministro de Hacienda. Yo lo he estado releyendo, y debo recordar que en esa oportunidad, interpelado el señor Ministro por el Honorable señor Juliet, que en la Comisión de Legislación había actuado en la primera instancia de esta iniciativa, sobre el alcance que tienen las juntas de abastecimientos y precios que la Oposición presenta como ejemplos del demonio, como organismos infernales dispuestos a discriminar y a sembrar el odio, que van a tomar atribuciones que competen al comercio, asistimos al siguiente diálogo. Dice el señor Juliet:
En consecuencia, el organismo JAP, al que el señor Ministro atribuye tanta importancia, no intervendrá ni en la distribución ni en la venta ni tampoco lo hará en los centros de madres, ni los gremios, ni ningún otro organismo privado o público, pues esa labor se realizará por medio del comercio establecido. Los otros organismos pueden ser inspectivos, colaboradores del Gobierno en la aplicación de medidas; pero en ningún caso pueden intervenir en la comercialización y distribución.
El señor Ministro de Hacienda contestó lo siguiente:
Respecto de las dos consultas que me formula el señor Senador, nosotros compartimos absolutamente esos puntos de vista.
En primer lugar, mediante la declaración del 5 de noviembre, el Ejecutivo señaló claramente el papel de las JAP diciendo que no eran organismos que participaran en la compra y venta de productos, sino exclusivamente en lo relativo a control y programación. Si en algunas oportunidades alguien se ha apartado de esa norma, no compartimos esa posición; hemos dado instrucciones en el sentido de no fomentar algo semejante. Sin embargo, se trata de organizaciones de masas, y en repetidas ocasiones se suscitan esos problemas.
Si el Parlamento estima conveniente legislar sobre la materia, el Gobierno prestará su colaboración, porque no tiene ningún problema al respecto.
El señor PALMA (Presidente).-
Perdón, señor Senador.
Solicito autorización de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que está citada la Corporación.
Acordado.
El señor RODRIGUEZ.-
Entonces, el señor Juliet agrega:
O sea, la distribución y venta se efectuarán a través del comercio establecido en la actualidad, conforme a las leyes y reglamentos vigentes; no habrá otro organismo o entidad privada o pública que pueda realizar ese comercio.
El señor Ministro de Hacienda contestó: Así es.
El Honorable señor Juliet replicó lo siguiente: Entonces el Gobierno estaría de acuerdo en ese concepto.
El Ministro señor Flores expresó: Sí, señor Senador.
El señor Juliet: Nada más, y muchas gracias.
He aquí, en este breve diálogo suscitado recientemente en la Sala del Senado, como quedaron realmente configuradas las funciones de las juntas de abastecimientos y precios, avaladas por la expresión oficial del señor Ministro de Hacienda. Todo lo demás ha sido un ancho campo de especulación periodística y publicitaria muy bien manejada por los centros de poder de difusión de la Derecha.
Pero, indudablemente, negar el valor social que tienen las juntas de abastecimientos y precios es desconocer, diría yo, el derecho a la participación social. Y al abordar este aspecto, me dirijo a los colegas de la Democracia Cristiana sin ningún encono, sino para clarificar el problema. Ese partido se ha caracterizado creo que tiene razón desde el punto de vista de su presencia en el Gobierno pasado por haber estimulado el sentido comunitario en la población. Logró realmente promover las juntas de vecinos, la integración en las comunas y desarrollar también el sentido comunitario en sectores agrarios de magnitud y en centros de madres. Tan así es, que en el folleto que tuvo la gentileza de facilitarme el Honorable señor Irureta, titulado Democracia Social, del señor Zaldívar, bastante crítico para la actual Administración por supuesto, éste dice, por ejemplo, lo siguiente:
La acción gubernamental encontró amplia acogida popular; ya al término de 1969 existían 4.000 Juntas de Vecinos; 8.000 Centros de Madres; el número de sindicatos creció de 1.900 a 3.800, aumentando los afiliados de 270.000 a 500.000 personas, etcétera.
El señor PALMA (Presidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el del segundo.
El señor RODRIGUEZ.-
Gracias, señor Presidente.
Entonces, sin pretender entrometerme en la vida del partido, sino analizando un hecho objetivo y social, yo pienso que la Democracia Cristiana está respondiendo por una amplia masa que se proyecta en la vida comunitaria chilena. Y en esa vida comunitaria chilena se está introduciendo el agio, la especulación, el acaparamiento y la falta de abastecimiento para miles y miles de personas que no tienen camiseta política repito, porque el desabastecimiento afecta tanto a los hombres del sector popular de la Democracia Cristiana como a los de la Unidad Popular.
Se niega la participación social.
Por lo tanto, no cabe duda de que tendríamos que analizar con mucha serenidad y frialdad el papel de las juntas de abastecimientos y precios, el acceso a cuyas filas no está negado a persona alguna. Basta ser consumidor, dueña de casa o poblador, para engrosar y fortalecer esos centros de vigilancia que impiden los delitos económicos enunciados. Lo otro, a mi juicio, es colocarse de espaldas a la realidad, no recoger el anhelo de vastas masas de consumidores y hacer el juego a la Derecha, a la cual, como es indudable, no le interesa un argumento de este tipo. En mi opinión, las juntas de abastecimientos y precios, así como los centros de madres, las juntas de vecinos, los comités de pobladores, las organizaciones sindicales y los asentamientos campesinos, forman parte de un proceso histórico en que se va ensanchando y profundizando, a la vez, la verdadera participación social en múltiples facetas, que deberíamos estimular en términos conjuntos; participación social de la cual sólo queda ajeno un sector que, desde el punto de vista político, sólo es grande por su peso material y por su influencia económica, no por su número, representado por la más alta burguesía, los sectores reaccionarios, los hombres que han sido desprovistos de sus tierras y de sus latifundios, las personas vinculadas a los monopolios, los que siempre fueron dóciles al mandato imperialista en nuestro país, aquellos que perdieron la banca privada. Estos nada tienen que hacer con la participación, que es un hecho histórico y que, reconozco, empezó en algún sentido durante el Gobierno pasado, profundizándose durante la Administración de la Unidad Popular.
Entonces, a mi juicio, el problema por resolver, más allá de las anteojeras que surgen fatalmente a veces por parte de la Oposición en contra del Gobierno, radica en la obligación moral y política de apreciar en profundidad el proceso y comprender hasta dónde se está obstaculizando, poniendo vallas al desarrollo de la participación social y haciendo el juego innecesario a los grupos minoritarios de Chile que no temen al acaparamiento, que no sufren el agio ni la especulación y que son quienes más gritan y protestan por las medidas tendientes a sancionar los delitos económicos.
Por eso, he estimado un deber de mi parte señalar lo que, en mi opinión, constituye una inconsecuencia de la Democracia Cristiana al sumarse a la grita opositora de la Derecha y de la ultraderecha fascista, oponiéndose a este nuevo ingrediente en la participación social que son las juntas de abastecimientos y precios. Si se me dice que sobre el particular hay casos y ejemplos de algunas arbitrariedades y errores, estoy dispuesto a aceptarlo, porque el proceso es así, con sobresaltos, con errores, con tropiezos. ¿Es que Sus Señorías no cometieron errores cuando surgía el asentamiento campesino? ¿Es que en cierto momento el asentamiento no se transformó, por ejemplo, en motivo para que los explotados de ayer empezaran a explotar a otros explotados? Ello sucedió entre los trabajadores campesinos permanentes y los afuerinos, situación que aún se proyecta negativamente en no pocos rincones del agro chileno reformado. Es así el proceso histórico, colegas de la Democracia Cristiana: con altos y bajos, con aciertos y errores, pero lo que interesa es la brújula y el Norte que toma el proceso; lo que importa, entonces, es no poner cortapisas al hecho de la participación social. Sin embargo, por desgracia, veo que ese sentido comunitario, que está en el espíritu auténtico de la Democracia Cristiana, se pierde en el camino de la política actual, cuando se ve confundido con los mismos intereses de la Derecha fascista de Chile.
La conjura derechista.
La tesis de la Derecha ha sido suponer repito que el Gobierno se ha ido por el camino de la dictadura, otra de las grandes patrañas que ha manejado bien la propaganda conspirativa de ese sector partidario. Ella ha empezado por la vía de las acusaciones constitucionales a los Secretarios de Estado. La última, la más vergonzosa a mi parecer, fue la entablada en contra del Ministro Millas. Sin fundamentos morales ni jurídicos se lo despojó de su cargo por el simple revanchismo político y por su calidad de Ministro comunista. Es decir, ahí se planteó el odio de clases contra un Secretario de Estado. El revanchismo político se reiteró insustancialmente en este caso. Antes se había visto repetido también en el caso de intendentes y gobernadores.
Pero, ¿cuál es la verdad de ese camino? Ya lo ha señalado más de algún Senador de la Derecha. Lo expresaron en manifestaciones públicas y se dijo aquí, entre dientes o entrelineas, en no pocos debates: el objetivo final es la caída del compañero Presidente
Salvador Allende. ¡Esa es la meta! ¡Ese es el objetivo último! Y, en el fondo, a la Derecha, que tiene un desprejuicio absoluto por las vidas humanas, como lo ha probado su sangrienta trayectoria del pasado, no le importa una guerra civil. No le importó en 1891 con Balmaceda y no le preocupa una nueva antes de que llegue el proceso de la sucesión presidencial. Para ellos, el camino electoral es una senda secundaria. Lo dijo en algún sentido más de uno de sus personeros, quien, incluso, habría deseado que no hubiera elecciones en marzo. Pero ahora manejan al revés el argumento y, según ellos, es nuestro Gobierno quien no quiere que se realicen esos comicios, aun cuando saben que ello es mentira, La sola presencia de las Fuerzas Armadas, invitadas por el compañero Presidente para participar en el proceso de orientar y dirigir al país en compañía de personeros de la Central Única de Trabajadores y de la Unidad Popular, en una magnífica trilogía Gobierno trabajadores-Fuerzas Armadas, está garantizando el proceso electoral. Todos, de una u otra manera, estamos participando para alentar los comicios de marzo, con todas las contingencias que él pueda tener. Y todos saben, también, que el Presidente de la República entregará en 1976, con dignidad y con honor, el cargo a quien lo suceda por los caminos constitucionales. No obstante, la Oposición realmente tergiversa y altera todo el proceso, y trata de meter en un zapato chino el prestigio de Chile, haciendo creer que la actual Administración camina hacia la dictadura. En el fondo no son sino conspiradores, en este momento, o simples y vulgares cazadores de votos con una propaganda deformada, como ocurre ahora al rechazar el proyecto sobre delito económico, ocasión en que se presentan como los defensores del comercio detallista y minorista, que no es sino otra forma de explotados de los grandes capos del alto comercio monopólico manejado por la Derecha y que encuentra representantes en el propio Congreso de la República. Estos son los explotadores de las colas, los que las abultan y mantienen muchas veces más allá de la necesidad real de quienes tienen que hacerlas; los explotadores de las mujeres y hombres consumidores que deben quitar tiempo a su trabajo y bienestar, hechos que nosotros reconocemos y queremos evitar.
El señor IBAÑEZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor RODRIGUEZ.-
No, señor, porque tengo poco tiempo. Su Señoría podrá intervenir después.
Por lo expuesto, no es fácil caminar hacia el socialismo, como lo pretendemos con absoluta honestidad, ni promover el cambio revolucionario; como tampoco lo es realizar las grandes transformaciones que hemos logrado, en las cuales, como lo hemos dicho en sentido autocrítico, no hemos estado libres de los errores cometidos por más de algún tecnócrata que ha tenido fallas o por más de un interventor que ha demostrado su incompetencia. Pero el proceso de fondo es lo que interesa, y lo hemos llevado a cabo al menor costo social, como lo ha expresado el compañero Presidente de la República en palabras que el Senador señor García ha recordado con cierta mofa. Debemos repetir aquí que podemos hacer la revolución por los cauces que Chile ha buscado, con el menor costo social, sin sacrificar vidas ni desorganizar la producción. Ese es el acento que, responsablemente, ha querido poner la Unidad Popular en este proceso. Y, por eso, quiero destacar en esta Sala lo que repito considero un camino equivocado.
Democracia Cristiana sometida a la Derecha.
No soy yo quien deba dar consejos a nadie. Todos llegan a la mayoría de la edad política, y ningún partido puede dar recetas a otro. Cada cual elige el camino de sus aciertos o de sus errores. Pero, realmente, considero que la Democracia Cristiana está jugando un papel secundario frente a la Derecha, que ha asumido una rectoría política que no oculta, que se ve en esta misma campaña, por ejemplo, cuando Onofre Jarpa pretende disputar la primacía al señor Eduardo Frei; cuando ese sector ha explotado más de una vez lo que denomina debilidades de la Democracia Cristiana para boicotear algunas ideas fundamentales del actual Gobierno convertidas en proyectos de ley; cuando ha doblado la voluntad del Partido Demócrata Cristiano en momentos en que éste no deseaba acusar a ciertos Ministros de Estado por ejemplo, los democratacristianos debieron sumarse a la acusación deducida contra Millas o en instantes en que no quería dejar de aprobar ciertas iniciativas, como la tendiente a crear el Ministerio del Mar, que por último han rechazado.
Todo ha ido imponiéndose gradualmente, merced a la prepotencia y rectoría de la Derecha, en aras de consumar una aspiración presidencial proyectada para 1976, de encontrar los mismos viejos aliados de ayer, del año 1964, lo que implica todo un camino de compromisos, de obligaciones y de renuncias a los principios y a la doctrina.
Creo que la Democracia Cristiana ha procedido mal al negar sus votos esta vez al proyecto sobre delito económico. La legislación en estudio no tiene camiseta política: sólo pretende evitar la especulación, el agio, el acaparamiento, las injusticias en el abastecimiento de la población. Porque hay algo cierto: cuando existe equis disponibilidad de litros de aceite, por ejemplo, y un grupo social privilegiado compra veinte, treinta, cuarenta o cincuenta veces la cantidad indispensable para una familia, está provocando un desabastecimiento de veinte, treinta, cuarenta o cincuenta familias que no encuentran el producto en el mercado, a causa del acaparamiento efectuado por los sectores más ricos y poderosos, que tienen mayor capacidad de compra.
Por eso, no venga la Derecha a argumentar ahora como lo hizo el Honorable señor García. Aquí está en juego, más que la aprobación o rechazo de un proyecto de ley, uno de los episodios de la escalada fundamental que se realiza para provocar las crisis institucional y presidencial, para de allí llegar a la guerra civil, que quedaría a un paso. Son todos episodios de un mismo proceso, de una misma aspiración reaccionaria.
Al terminar mis palabras, lamento muy sinceramente, como hombre que ha defendido ciertos principios e ideas a lo largo de una dilatada vida, que los Honorables colegas de la Democracia Cristiana se hayan sumado al camino indicado por la Derecha de negar sus votos a esta proyectada legislación sobre delito económico. Basado en que esto ya se perdió como iniciativa de ley, lo deploro por Chile, por sus grandes mayorías y, fundamentalmente, por las vastas masas consumidoras del país.
En esa forma, la Derecha, manejando como eje central la política de la Democracia Cristiana insisto en ello, niega una vez más sus votos favorables a una legislación que, como dije, no tiene camiseta política y que sólo está guiada por el amplio anhelo de satisfacer las aspiraciones de la inmensa mayoría de la población de Chile.
El señor PALMA (Presidente).-
Está inscrito a continuación el Honorable señor Moreno.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor IBAÑEZ.-
¿Me podría conceder una brevísima interrupción, Honorable colega?
El señor MORENO.-
No tendré inconveniente en otorgársela más adelante. Mi tiempo es muy limitado, y me han pedido interrupciones Senadores de mi propio partido.
El señor IBAÑEZ.-
Deseaba formular dos preguntas al Honorable señor Rodríguez a propósito de su intervención.
El señor MORENO.-
Le ruego solicitarme la interrupción más adelante, y con todo agrado se la concederé.
El señor IBAÑEZ.-
Muchas gracias.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, como lo anuncié en el día de ayer el Honorable señor Carmona, los Senadores del Partido Demócrata Cristiano votaremos en contra del proyecto que establece sanciones para el delito económico. Y lo haremos conscientes de que la situación del país ha llegado a límites extremadamente críticos y riesgosos para su propio futuro.
Nuestra intención fue aprobar la iniciativa, y, sobre tal base, apoyamos la idea de legislar. Pero una vez abocados al estudio del articulado y de las diversas indicaciones formuladas al proyecto, surgió, a nuestro juicio, la confesión más clara que la opinión pública chilena, desde el inicio de la actual Administración, ha tenido a su disposición: supimos, por un lado, qué objetivos pretende alcanzar el equipo económico del Gobierno que maneja el aparato productivo; y, por el otro, qué métodos se aplicarán para lograr, a cualquier precio, su consecución.
El discurso del Ministro de Hacienda, señor Flores, que fue vastamente conocido por toda la opinión ciudadana, marca en nuestro concepto la decisión del Ejecutivo y de los grupos que tienen el poder dentro de la Unidad Popular de controlar en forma totalitaria a nuestra población en vísperas de los comicios parlamentarios generales de marzo próximo.
Esa conclusión la sacamos después de comprobar lo que está ocurriendo en cada comuna, en cada provincia del país, y luego de ver cómo están procediendo quienes representan o dicen representar al Ejecutivo a nivel de la base popular, para presionar o coercionar a los que, sin militar en partidos integrantes de la Unidad Popular, hoy día requieren dramáticamente de medios para subsistir. Y el Gobierno ha encontrado en estas medidas, para alcanzar sus propósitos, una herramienta que no vacilamos en calificar de siniestra.
Escuché con mucha atención las palabras del Senador señor Rodríguez; discrepamos profundamente de sus ideas, pero respetamos sus puntos de vista. Personalmente, estoy convencido de que Su Señoría, o no posee la información completa, o ha sido influido también por la pasión de su propia colectividad política, que trata de ver una realidad muy distinta de la que vive el país.
Chile está hoy día con su economía quebrada; y creo que en esto no hay discrepancias de especie alguna. No otra cosa puede pensarse de un país que registró 163,4% de inflación en doce meses todos estamos conscientes de que la de 1973 alcanzará cifras extraordinariamente más elevadas; que tiene una balanza de pagos deficitaria en más de 700 millones de dólares; cuya producción en el sector industrial estuvo paralizada durante 1972, de acuerdo con las propias cifras oficiales que se conocen; con una agricultura postrada daré sólo una cifra: la cosecha de trigo del período 1972-1973 (siendo normalmente de 13 millones a 14 millones de quintales este año no alcanzará a 6 millones y medio de quintales, de acuerdo con cálculos del propio Gobierno, y el mismo Ejecutivo se ha adelantado a anunciar que será necesario adquirir en el extranjero (no sabemos con qué recursos ni en qué mercados) 10 millones de quintales de trigo para paliar la gran crisis de producción que vive el país; y con una innumerable cantidad de deficiencias que se hallan a la vista de todos nosotros.
Pero hay algo que ha prendido en la conciencia, de toda la opinión pública: la existencia de los síntomas que hoy se ha dado en calificar como mercado negro no es producto ni de la maledicencia de algún ideólogo de cierto partido político ni de determinado sector que, mañosamente, desee crear problemas al Gobierno. El fenómeno que afecta a nuestra población es nada menos que la resultante de la quiebra del aparato productivo, del hecho de haber provocado una circulación de dinero desatada, con relación a las disponibilidades de bienes y servicios, y de la circunstancia de haber generado sobre nuestra economía una presión que ella misma no está en condiciones de resistir.
El mercado negro no es más que la insatisfacción de aspiraciones de la ciudadanía debido a una producción insuficiente para cubrir sus necesidades más elementales. Podrá revestírselo de muchas características; pero ésta es la raíz del problema que vivimos: en nuestra patria es imposible alimentar a la ciudadanía y darle un mínimo de bienestar, pues los distintos sectores de la economía no producen en cantidad suficiente.
Al revestir caracteres tan dramáticos la situación, el Gobierno, con su costumbre, por todos conocida, de culpar a cualquiera persona menos a los responsables, ha tratado, con una seudohabilidad publicitaria, de colocarse el parche antes de la herida. Así, desde hace aproximadamente un mes y medio comenzó a dar, a través de la radio y de los diarios, todo tipo de argumentaciones, algunas de ellas tan contradictorias entre sí que mueven a risa.
En un instante, la causa de todos los males eran la agresión imperialista, el bloqueo de la Kennecott y, probablemente, la guerra de Vietnam. En otro momento el causante de todos los males fue el paro de octubre. A juicio del Ejecutivo, ese movimiento provocó la crisis de la producción triguera; sin embargo, el trigo se siembra en mayo y no en octubre. También, según el Gobierno, dicho paro originó la crisis de la remolacha; pero, al parecer, todavía no se ha explicado a los personeros gubernativos que manejan la agricultura que la remolacha tampoco se siembra en octubre. Fue, además, en opinión del Ejecutivo, la causa de que no hubiera aceite, aun cuando tampoco les han explicado que el aceite no se produce en el mes de octubre. Pero había que dar una explicación; era preciso convencer a la gente de que algo andaba mal, pero no debido al descriterio de las medidas gubernativas, o a la ineficiencia o a la incapacidad de quienes manejaban el aparato productivo.
Ahora hemos visto aquí que el paro de octubre no era tan importante. Porque, según se desprende de las palabras que hemos escuchado en esta Sala, de las declaraciones del Gobierno y de las publicaciones de prensa, el hecho de que la gente, desesperada por no tener qué comer, esté dispuesta a pagar cualquier precio por alimentos esenciales para mantener a la familia, es producto de una idea urdida por la CÍA y por algunos cerebros tenebrosos que han venido aquí a financiar la contrarrevolución.
Basta encender la radio y oír a algunos candidatos del Partido Socialista. Han tenido el descaro de explicar a las dueñas de casa y a la población que cuanto está ocurriendo es producto de una mano negra que ha venido aquí a alterar el camino tranquilo del Gobierno y se ha dedicado a comprar los artículos para esconderlos o acapararlos con el objeto de provocar a aquél un drama con la población más popular y de hacerlo aparecer como incapaz e ineficiente.
Como creo que vale la pena, aparte los argumentos, proporcionar algunas cifras bastante significativas, me remitiré a un rubro que hoy se ha convertido en drama para la poblaci��n chilena, y en particular para la mujer: el abastecimiento de azúcar.
Chile ha estado trabajando desde hace muchos años para autoabastecerse de ese producto. Con tal propósito, se ha generado la construcción de una infraestructura basada en plantas procesadoras de azúcar de remolacha. La IANSA, organismo estatal desde su creación no está sometida a control privado de ninguna especie ni es monopolio capitalista, ha sido la encargada de edificar las plantas, de otorgar el crédito para la siembra, de proporcionar asistencia técnica, de adquirir el producto, de elaborarlo y de distribuirlo a los mayoristas. Todos los que estamos aquí leemos los paquetitos que compramos. Más de 80 % del azúcar de consumo interno proviene de la Industria Azucarera Nacional; sólo 20 % se refina en la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar, CRAV, que funciona con azúcar de caña. Pero cada día ese déficit de producción interna se iba copando con la instalación de nuevas plantas.
Ahora bien, bajo la Administración de la Democracia Cristiana, presidida por Eduardo Frei, el país fue testigo de la puesta en marcha de tres nuevas plantas para elaborar azúcar de remolacha. ¿Qué ha pasado entonces con ese producto? El Gobierno dice que las dueñas de casa deben hacer colas para adquirir un cuarto de kilo o un medio kilo de azúcar, porque en el mercado negro participan unos acaparadores terribles que la ocultan. Para comprobarlo, basta hojear El Siglo y Puro Chile o ver el Canal 7 de Televisión y, quién sabe, más de algún incauto creerá que los comerciantes, mayoristas o minoristas, son los que esconden y acaparan sacos de azúcar.
Señor Presidente, dispongo de la información oficial solicitada por intermedio de la Oficina de Informaciones del Senado acerca de la contratación de siembras de remolacha en el país, producto del cual se obtiene precisamente el azúcar.
Solicito a la Mesa que se inserten los cuadros respectivos, porque realmente la explicación que daré más adelante justifica esta petición.
El documenta cuya inserción se acuerda más adelante, es del tenor siguiente:
Contratación y Siembras de Remolacha
Duración en días de las campañas de elaboración de remolacha en las plantas de IANSA.
DISTRIBUCION DE LA CONTRATACION POR SECTORES
DISTRIBUCION DE LA CONTRATACION POR SECTORES(2)
DISTRIBUCION DE LA CONTRATACION POR SECTORES(3)
El señor MORENO.-
De la sola lectura de los datos relativos al período 1972-1973, se deduce que la crisis en la producción de azúcar se debe, exclusivamente, no al mercado negro, sino a la incapacidad del Gobierno para hacer producir remolacha en los predios, ya sean del sector reformado o del privado.
En el período 1969-1970 se sembraron en Chile 40.487 hectáreas de remolacha, con un rendimiento de 45 toneladas por hectárea sembrada. O sea, 45 mil kilos.
En el período 1972-1973 la contratación que siempre es mayor que lo que se siembra en definitiva basta leerlo en los cuadros correspondientes, ha bajado ya terminó la contratación, porque la temporada está avanzada a 26 mil hectáreas, y tengo la certeza de que no se han sembrado más de 20 mil.
Por lo tanto, la explicación del mercado negro en el caso del azúcar se debe, exclusivamente, a que este año se sembró menos de la mitad de la remolacha que se sembraba de manera tradicional en el país.
Por lo demás, el problema no radica sólo en el número de hectáreas sembradas, sino también en la ineficiencia con que se ha entregado asistencia técnica, en las dificultades para suministrar el abono, e incluso en las prácticas culturales. Al respecto, basta analizar la cifra proporcionada por IANSA para apreciar cómo el rendimiento por hectárea, cualquiera que sea la superficie sembrada, se ha venido, violentamente al suelo.
El rendimiento medio en Chile fluctúa entre 35 y 38 toneladas de remolacha por hectárea, habiendo alcanzado en el período 1968-1969 a 45 toneladas por hectárea. En el lapso 1971-1972, el rendimiento fue Sólo de 31 toneladas, el más bajo de los últimos doce años y que corresponde, además, a la superficie más baja de tierra sembrada en los últimos años. Más aún, para el período 1972-1973, según informaciones de todos los técnicos e ingenieros agrónomos, el rendimiento será inferior a las 30 toneladas por hectárea.
Esta es la explicación repito de la falta de azúcar.
Hace pocos días estuve en Osorno y tuve ocasión de conversar con representantes de la Federación de Asentamientos y de Sindicatos Campesinos. Y ¿qué me dijeron? Me señalaron que en esa provincia los campesinos no han querido sembrar remolacha la prueba está en que la planta de remolacha de Llanquihue esta prácticamente paralizada, por dos razones muy simples y que muestran los efectos de la política gubernamental: por una parte, no les otorgan precios, es decir, no les pagan lo que ellos gastan en el cultivo de la remolacha; por otra, como ese cultivo requiere no sólo el trabajo de quienes están siempre en el predio, sino que debe recurrirse a la ayuda de mano de obra extraña, el Gobierno, con ese bendito criterio que lo caracteriza, dijo que era preciso incorporar como miembros permanentes del asentamiento o de los centros de reforma agraria a todos los trabajadores afuerinos que ayudaran a cosechar la remolacha, a fin de que todos se beneficiaran con el producto de esa explotación. Resultado: los campesinos no siembran remolacha. Y ahora, unido a lo anterior se encuentra el problema de la mala distribución de las semillas.
En el caso de la provincia de Osorno el Honorable señor Irureta es testigo, las máquinas sembradoras llegaron en el mes de noviembre, en circunstancias de que debió haberse trabajado en agosto y septiembre. Hoy día la remolacha está como arañas, porque tiene las raíces a flor de tierra. ¡Eso es lo que ha ocurrido!
Y como muy bien decía el Honorable señor Irureta, probablemente los funcionarios no entregaron las máquinas, porque también participaron del paro patronal.
Para avalar mis argumentos cito las palabras del propio Ministro de Agricultura, señor Calderón, quien, en una confesión privada que afortunadamente se supo tengo el texto formal de su conferencia, proporcionado por la Oficina de Relaciones Públicas de esa Cartera y que fue entregada a todos los ejecutivos del Servicio Agrario, reconoció, según se expresa en la página 9 del documento, que el problema del azúcar se debe, precisamente, a que el Ejecutivo no ha dado precios a los campesinos.
¡Por eso no tenemos remolacha!
También podríamos analizar el problema del aceite, que se obtiene fundamentalmente del raps y de la maravilla, cultivos ambos industriales que, dentro de sus propias peculiaridades, se trabajan con características similares a las de la remolacha. Aquí ha sucedido exactamente lo mismo que con el problema de aquélla.
En consecuencia, no es moral el argumento del Gobierno de hacer creer a la opinión pública que faltan el azúcar y el aceite porque hay individuos que se dedican a esconderlos y a acapararlos. Es el Ejecutivo el que controla el aparato productivo, la distribución y, ahora, a los minoristas, por intermedio de los cuales se distribuyen esos dos productos esenciales el aceite y el azúcar, por los que el público consumidor debe caer en la ignominia más grande que se vive en este mes: las colas que se suceden en todos los pueblos de Chile.
Si hace un año había problemas en las grandes ciudades, hoy día las comunas rurales y los lugares más apartados están viviendo un drama peor que el de las ciudades. Porque, en último término, el consumidor de los grandes centros urbanos tiene la posibilidad de desplazarse para buscar un kilo de azúcar o un octavo de aceite; en cambio, los sectores campesinos, que muchas veces deben viajar tres o cuatro horas para abastecerse en las ciudades, y que habitan regiones en las cuales se cortan los caminos durante el invierno, como consta a muchos de los Senadores de estas bancas, si no encuentran abastecimiento en estos días, pasarán hambre por culpa del Gobierno y no de los acaparadores, ni tampoco por culpa de alguien que haya querido ocultar la mercadería.
En esto las cosas hay que decirlas claramente la impudicia y la inmoralidad han llegado a límites inaceptables.
En un comienzo se argumentó que los habitantes del barrio alto escondían las mercaderías en los refrigeradores y en los freezer, y que, por eso, no se encontraban productos. Así, por ejemplo, no había pollos, porque, seguramente, esa gente tenía los refrigeradores abarrotados de ellos.
Pero examinemos la situación. Toda la producción de refrigeradores y, en general, la línea blanca, está intervenida por el Gobierno y controlada por interventores de los Partidos Comunista y Socialista.
La genialidad de las personas que trabajan en las empresas intervenidas por aquél, y la de sus propios militantes, ha llegado a tal punto que me permitiré solicitar a la Mesa que requiera el asentimiento de la Sala para insertar en la versión, con nombres, apellidos y números de pedidos, una serie de actuaciones que se acaban de descubrir.
El documento cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente:
Fue confirmada en la tarde de ayer la noticia de que los principales implicados en la mafia del mercado negro de artículos de la línea blanca sacados de FENSA, son militantes del Partido Comunista. En efecto, Heriberto Zurita, presidente del Sindicato Profesional; Fernando Caballero, director del Sindicato Industrial; y Gustavo Silva, director del Sindicato Industrial, son militantes del PC. En tanto, Reinaldo Zamorano, presidente del Sindicato Industrial según los trabajadores que estamparon la denuncia, es militante del Partido Socialista.
Entre estos cuatro dirigentes adquirieron 63 artículos producidos por FENSA, en menos de un año, hecho bastantes sospechoso si se toma en cuenta que tres son operarios y sólo uno empleado, y no cuentan con recursos suficientes para hacer tales adquisiciones.
La denuncia de este hecho fue formalizada ante el Director de Industria y Comercio, Patricio Palma Cousiño, del Partido Comunista, quien se comprometió a realizar la investigación y hacer públicos los resultados, durante el curso de la semana, en lo posible, según declaró a un periodista de este diario.
Los interventores de FENSA son Andrés Várela, del Partido Comunista y Jorge Chadwick, del Partido Socialista. Los trabajadores también denunciaron que se ha efectuado una serie de operaciones ilícitas, tales como arriendo de automóviles y utilización de fondos no autorizados.
Debe recordarse que el último balance dado a conocer por los ejecutivos legales de FENSA señala que la fábrica tiene pérdidas del orden de los 120 millones de escudos.
Los implicados.
A continuación damos a conocer el detalle de los artefactos adquiridos por cada uno de los implicados en este hecho:
1. HERIBERTO ZURITA RETAMALES, Partido Comunista, empleado, Presidente Sindicato Profesional.
Pedido 24717. 1 Ref. Hawai 8', crédito; pedido 25896, 1 lavadora, contado; pedido 26619, 1 Ref. Tahiti 2', contado; pedido 26675, 1 lavadora, crédito; pedido 26723, 1 Ref. Acapulco 5 1|2', crédito; pedido 27297, 1 lavadora, contado; pedido 0091, 1 cocina, contado; pedido 27464, 1 cocina, contado; pedido 808, 1 estufa parafina, crédito; pedido 1960, 1 calefactor, contado; pedido 2020, 1 cocina, contado; pedido 2020, 1 estufa parafina, contado; pedido 3537, 1 Ref. Acapulco 5 1|2', contado; pedido 4870, 2 estufas parafina, contado. Total: 15 artefactos.
SESION 72ª, EN 17 DE ENERO DE 1973
2881
2. REINALDO ZAMORANO ALMONACID. (Partido Socialista), operario,
Presidente Sindicato Industrial.
Pedido 25956, 1 Ref. Hawai 8', contado; pedido 26152, 1 lavadora, contado; pedido 26612, 1 Ref. Monterrey 7 1|2', contado; pedido 27251, 1 Ref. Samba 6 1|2', contado; pedido 27251, 1 lavadora, contado; pedido 27135, 1 cocina, contado; pedido 0690, 1 Ref. Samoa 6 1|2', contado; pedido 0689, 1 lavadora, contado; pedido 0688,1 estufa, contado; pedido 0762, 1 Ref. Samoa 6 1|2', contado; pedido 0761, 1 cocina, contado; pedido 0789, 1 Ref. Acapulco 5.112, contado; pedido 0788, 1 Ref. Freezer 12 1|2', contado; pedido 2051, 1 lavadora, contado; pedido 2057, 1 cocina, contado; pedido 2056, 1 Ref. Hawai 8', contado; pedido 2056, 1 Ref. Acapulco 5 1|2', contado; pedido 2054, 1 Ref. Acapulco 5 1|2', contado; pedido 2910, 1 Ref. Freezer 12 1|2', contado; pedido 11089 (1), 1 Ref. Hawai 8', contado.
Total: 20 artefactos.
(1).- Comprado usurpando el nombre del Centro de Madres Villa Esquina Blanca, de Pasaje Varsovia 5796, Maipú, quienes reclaman no haber comprado nada cuando recibieron la factura por Correo.
3. FERNANDO CABALLERO. (Partido Comunista), operario, director Sindicato Industrial.
Pedido 24171, 1 lavadora, crédito; pedido 24569, 1 estufa parafina, crédito; pedido 25654, 1 Ref. Samoa 6 1/2', crédito; pedido 26598, 1 cocina, contado; pedido 26729, 1 cocina, contado; pedido 27256, 1 Ref. Samoa 6 1/2', contado; pedido 27566, 1 lavadora, contado; pedido 0925, 1 cocina contado; pedido 1993, 1 lavadora, contado; pedido 1993, 4 estufas parafina, contado; pedido 2560, 1 calefactor, contado; pedido 2560, 1 lavadora, contado; pedido 4499, 1 estufa parafina, contado; pedido 9940, 1 Ref. Samoa 6 1/2', contado.
Total: 17 artefactos.
4. GUSTAVO SILVA. (Partido Comunista), operario, Director Sindicato Industrial.
Pedido 26822, 1 cocina, contado; pedido 25389, 1 lavadora contado; pedido 26587, 1 lavadora contado; pedido 27156, 1 Ref. Tahiti 10', contado; pedido 27340, 1 Ref. Samoa 6 1/2', contado; pedido 0537, 1 estufa parafina, contado; pedido 2031, 1 estufa parafina, contado; pedido 4065, 1 estufa parafina, contado; pedido 5086, 1 estufa parafina, contado; pedido 4853, 1 estufa parafina, contado; pedido 6936, 1 cocina, contado.
Total: 11 artefactos.
Resumen.
Ref. 5 1/2', 5; Ref. 6 1/2' 7; Ref. 7 1/2', 1; Ref 8' 4; Ref. 10' 2; Ref. 12 1/2' Freezer 2. Total: 21 Ref.
Lavadoras, 13; cocinas, 11; estufas parafina 16; calefactores, 2.
Total de artefactos: 63.
El señor MORENO.-
El Senador
Aniceto Rodríguez pedía casos de acaparamiento y especulación: ¡aquí los tiene y le ruego que los investigue!
El señor RODRÍGUEZ.-
¿Casos de qué?
El señor MORENO.-
De acaparamiento, de especulación y de la sinvergüenzura de personas que militan dentro de los partidos de Sus Señorías.
¿Qué ocurre? Industria FENSA: estatificada. Estatificada la línea blanca, la producción de refrigeradores, cocinas, estufas, calefactores.
Tengo a la mano la lista de lo que adquirieron cuatro dirigentes sindicales del Sindicato Industrial y del Sindicato Profesional de FENSA.
Heriberto Zurita Retamales, militante del Partido Comunista, presidente del Sindicato Profesional, sólo en el año pasado adquirió para sí las siguientes cosas:
Un refrigerador Hawai, de ocho pies; una lavadora; otro refrigerador Tahiti; otra lavadora; un refrigerador Acapulco de 5 y medio pies; otra lavadora más; una cocina; otra cocina; una estufa a parafina; un calefactor; otra cocina más; otra estufa a parafina; un refrigerador; otro refrigerador; dos cocinas más. En total adquirió 15 artefactos, que en el documento figuran con el número de pedido y otras especificaciones en cuanto a la mercadería de que se trata.
El señor PALMA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se insertarán los documentos de que hizo mención el Honorable señor Moreno.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor MORENO.-
Otro ejemplo más.
Reinaldo Zamorano Almonacid, militante del Partido Socialista, presidente del Sindicato Industrial FENSA, operario, adquirió:
Un refrigerador Hawai de 8 pies; una lavadora, cancelada al contado; otro refrigerador Monterrey de 7 y medio píes, pagado al contado; otro refrigerador Samoa de 6 y medio pies, al contado; una lavadora, al contado; una cocina al contado; refrigerador; lavadora; una estufa, al contado; otro refrigerador Samoa de 6 y medio pies, al contado; una cocina, al contado; un refrigerador Acapulco; otro refrigerador Freezer de 12 y medio pies parece que no le alcanzaban a caber las cosas en los refrigeradores chicos.
El señor RODRÍGUEZ.-
¿Me permite, señor Senador?
El señor MORENO.-
Un segundito.
Además adquirió otra cocina; otro refrigerador Hawai; otro refrigerador Acapulco; otro Freezer de 12 y medio pies, y otro refrigerador Hawai de 8 pies. En total compró 20 artefactos.
Seguramente debe de tener una familia numerosa y pone un refrigerador en cada pieza.
Además, en este caso sucede una cosa muy pintoresca, porque un refrigerador fue comprado usando el nombre del Centro de Madres Villa Esquina Blanca, de Pasaje Varsovia 5796, Maipú, quienes reclamaron cuando les llegó la factura por Correo, ya que nunca habían comprado nada en FENSA.
En seguida, viene el señor Fernando Caballero...
El señor RODRIGUEZ.-
¿Me permite, señor Senador?
El señor MORENO.-
Como Su Señoría pedía casos, se los estoy dando. Y como usted es un hombre acucioso, podrá ir con las guías respectivas a buscar las partidas, a fin de que le digan dónde está la mano negra del mercado negro.
Como decía, Fernando Caballero ha pedido una lavadora éste es más modesto; una estufa; un refrigerador Samoa chico de 6 y medio pies; una cocina; otra cocina más; otro refrigerador Samoa, porque no le alcanzaba con uno; una lavadora; una cocina; otra lavadora; 4 estufas a parafina; un calefactor; una lavadora; una estufa a parafina, y otro refrigerador Samoa de 6 y medio pies.
En total, sacó 17 artefactos.
El señor RODRIGUEZ.-
¿Me concede una interrupción?
El señor MORENO.-
Se la voy a dar al final, en un momento más.
Otro ejemplo lo constituye el señor Gustavo Silva, militante del Partido Comunista, director del Sindicato Industrial de FENSA. Entre paréntesis, debo decir que la industria mencionada es manejada por dos militantes de la Unidad Popular, pues los interventores son los señores Andrés Várela, comunista, y Jorge Chadwick, socialista.
¡Estos no son los capitalistas, los imperialistas, los monopolistas, los dueños del capital y la reacción!
El señor Gustavo Silva, al que ya hice mención, militante del Partido Comunista y director del Sindicato Industrial de FENSA, sacó una cocina, al contado; una lavadora, al contado; un refrigerador Tahiti de 10 pies, al contado; un refrigerador Samoa de 6 y medio pies, al contado ; 1 estufa a parafina; otra estufa; otra estufa más, y otra más.
En resumen, sólo estas cuatro personas nos hemos tomado la molestia de averiguar los antecedentes, no hemos querido trabajar más; pero si nos piden más datos, vamos a trabajar más; sólo estas cuatro personas, repito, adquirieron un total de 63 artefactos, de los cuales 21 son refrigeradores, que van desde freezer hasta refrigeradores más chicos de 5 y medio pies.
Es posible que estos compañeros sean generosos con sus propios compañeros, pero la verdad es que han sacado una alta cuota de, artefactos y han dejado sin nada a la mayoría.
¡Esta es la muestra de la moralidad! ¡Esta es la muestra del acaparamiento! ¡Esta es la muestra del mercado negro! ¡Y esto es lo que creemos que de una vez por todas debe saber la opinión pública, porque estamos cansados de la tergiversación, de la inmoralidad, de la falsedad y de que se siga engañando a la gente! ¡Aquí están las pruebas! ¡Ahora queremos escuchar las explicaciones!
El Senador
Lorca me ha solicitado una interrupción.
El señor CONTRERAS.-
¿Por qué no dice cuánto gastó el Senado en hacerle una oficina nueva a usted?
El señor MORENO.-
Con todo gusto.
El señor CONTRERAS.-
Hace ya 21 años estoy aquí y tengo una oficina que parece pocilga; en cambio a usted, que llegó ayer, le han hecho una oficina nueva. ¡Y así viene a hablar de moral!
El señor LORCA.-
El Partido Demócrata Cristiano ha acordado votar en contra del proyecto que nos ocupa. En verdad, no sólo comparto ese criterio, sino también la resolución con mucho agrado.
En los últimos tiempos he estado dedicado a recorrer las provincias que represento en el Senado, a fin de participar en mi campaña electoral. Por eso, no pensaba hablar sobre la materia en debate; pero como al llegar hoy he comprobado que se está tratando el proyecto sobre delito económico y que se está hablando de acaparadores y delincuentes, he querido intervenir para referirme a algunas publicaciones hechas en la prensa de la Unidad Popular.
Los políticos solemos ser atacados en el transcurso de nuestra vida pública por la labor que realizamos como parlamentarios.
Recuerdo que cuando desempeñaba por tercera vez el cargo de Diputado, el Partido Comunista me atacó violentamente en El Siglo por el hecho de que, siendo parlamentario de Gobierno, había ayudado o instigado a tomar una población, unos terrenos, y después había dejado botados a los pobladores. Ese periódico imprimió una edición especial para atacarme cuando me encontraba en plena campaña a Diputado, en la que resulté reelegido para un tercer período. Inclusive, grabaron un disco muy sonoro en el cual se oía llorar a una guagua y a una madre porque yo las había dejado botadas en el camino, en circunstancias de que yo los había instigado a tomar tales terrenos. Esa actitud nadie la creyó. Obviamente, ese hecho, resultaba tan absurdo para quien conocía mi labor legislativa de ocho años representando a la zona respectiva, que terminó convirtiéndose en gran propaganda política para este modesto parlamentario, porque reuní 67 mil votos y obtuve la primera mayoría nacional.
El colega Aniceto Rodríguez ha hablado, como siempre lo hace, en forma muy paternalista, muy propia del Gobierno paternalista que tenemos. Nos aconseja no tener encono, tratar de buscar soluciones pacíficas, seguir en el proceso de avanzada social. Sin embargo, pese a que lo importante son los principios, las ideas, los conceptos, cuando los hombres no tienen sangre de horchata les es muy difícil tener aprecio y cariño a quienes, si no son cómplices, amparan con el silencio a los que están profiriendo canalladas en contra de sus propios colegas del Senado.
Recuerdo, como si fuera hoy día, que cuando era Presidente de la Cámara de Diputados y llevaba a cabo mi campaña para Senador, se dijo que yo había comprado tres radios en las provincias del Sur. Con grandes títulos se destacó: El poderoso Lorca no se sabe de dónde saca plata, pero tiene tres radios. Y hasta ahora las únicas radios que poseo y que oigo en mi casa son una de pilas y otra que conecto cuando hay energía eléctrica.
Después se sostuvo que yo tenía una industria de visón; luego, Punto Final destacó que poseía una flota de aviones; y, por último, se afirmó que era protegido de una mafia internacional que comerciaba en millones de dólares.
¡O sea, Onassis al lado mío era una alpargata vieja...!
Todo lo anterior son aseveraciones que me cuelgan y que pueden perdonarse, porque quienes me conocen saben que ellas constituyen mentiras e infamias. Por lo menos yo las perdono.
Pero todo tiene su límite, señor Presidente. Lo que expresaré en seguida es el motivo de esta intervención. Seré muy breve, y doy excusas al Honorable señor Moreno por interrumpir su brillante discurso.
Cierta prensa no se para en chicas para mentirles decir, no le importan el honor ni la verdad. Para ella, la mentira y la verdad son iguales. Es el caso de Puro Chile, que nunca se ha sabido no lo digo con el propósito de molestar a los Senadores comunistas si pertenece o no al Partido Comunista, o quién es el responsable de su dirección.
El señor PALMA (Presidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo del primer discurso del Honorable señor Moreno. Su Señoría puede continuar en el correspondiente al segundo discurso.
El señor LORCA.-
Me hago la interrogante que cité, no porque me interese por morbosidad, conocer quién es el dueño de ese periódico, sino para imponerme de quiénes son los responsables de su dirección.
En Puro Chile de 5 de enero de este año se dice lo siguiente: Contrabando de carne en el Congreso, es solamente un hecho irregular. Señaló, Ignacio Palma, Presidente del Senado, muy chueco.
Y a propósito del contratando de la carne, ese diario agrega, con una facilidad infinita, esta canallada: El Presidente Palma sale en defensa del Guataca Lorca, a quien se le ha visto llevando paquetes en forma muy misteriosa a su vehículo.
Esto también puede tomarse para la risa, pero hay algunas, afirmaciones que agravan la situación y le dan color de hormiga. A propósito de que DIRINCO encontró un acaparamiento en una parcela de Malloco perteneciente a un señor Alfredo Lorca, Puro Chile y Clarín, en sus ediciones del 6 de enero seguramente con la precipitación con que publican las informaciones estos miserables, expresan: El caso más pintoresco lo proporcionó un fulano sumamente conocido, Alfredo Lorca, apodado el loco, un guatón charlatán, politiquero, freísta, quien, en el camino de Melipilla a Malloco poseía una chacra en la cual acaparaba botellas de whisky de fabricación boliviana, 25 cajas de chancaca no sé para qué sirve, tiros de escopetas, etcétera.
Por su parte, Puro Chile destaca con grandes títulos: Nuevos acaparadores al baile. Entre ellos por cierto, se me señala. Pero este periódico llega a la infamia y a la máxima falta de respeto por quienes han entregado a Chile democracia, dignidad y capacidad, cuando destaca: Descubren nuevos acaparamientos en negocios de amigos... de Frei. Lógicamente, tal información repite lo de la chacra perteneciente a Alfredo Lorca y, en forma muy hipócrita, agrega: en el mismo camino a Malloco por supuesto, con gran subtítulo Alfredo Lorca y en la parcela no sé cuánto, de propiedad de Alfredo Lorca (a lo mejor es el Diputado) Saben que se están refiriendo al Guataca Lorca, Senador; pero como son hipócritas y miserables, escriben a lo mejor es el Diputado, con el objeto de eludir a la Justicia.
Pero el periódico que llega al súmmum de la canallada, lo que es mucho más grave, es Ultima Hora. Yo quisiera saber a quién pertenece este vespertino: al Partido Socialista, al señor Tohá, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, al señor Matte Larraín, o a los tres. En este último caso, haría a todos ellos responsables de esta canallada, pero como no tengo seguridad, ni dispongo de la escritura, ni conozco el número de acciones de cada cual, en el caso de ser sociedad anónima, me abstengo de hacerlo.
Sin embargo, juzguen los señores Senadores: la intervención de DIRINCO si es que existió no tuvo lugar el 6 de enero, sino el 5. El 6 de enero Clarín y Puro Chile se refirieron a ella. El 8, o sea tres días después, Ultima Hora, en la sección Bajo Cero. Confirmado, publica mi fotografía y dice: Acaparador. El ejemplo del Senador… no lo nombraré, pues no es mi intención herir a otras personas lo ha seguido al pie de la letra su colega democratacristiano
Alfredo Lorca, apodado, como siempre, el loco, Guataca, freísta.
Estas publicaciones aparecieron tres días después de la intervención de DIRINCO.
El señor PALMA (Presidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor LORCA.-
Por tratarse de informaciones que me afectan personalmente, pienso que ningún Senador se opondrá a que ocupe algunos minutos más.
El señor PALMA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del señor Senador.
Acordado.
El señor LORCA.-
Por todo lo anterior, formulé una declaración con mi firma, que entregué a la publicidad y que dice lo siguiente:
Declaración del Senador señor Alfredo Lorca Valencia frente a un grupillo de canallas.
A mi regreso de la provincia de Chiloé, hoy miércoles 10 de enero, fecha en que di a la publicidad esta declaración he tomado conocimiento de informaciones que dicen relación con mi persona y que han sido publicadas en la prensa de la Unidad Popular, qué representa fielmente al Presidente
Allende.
Comprendo que los Comunistas, Socialistas y grupúsculos que los acompañan en el Gobierno quieren ocultar su fracaso, su incapacidad, el desabastecimiento, su culpabilidad en el mercado negro y por último que quieran ocultar la pérdida de miles de millones de escudos en las industrias estatizadas y, en general, el desastre a que han llevado al país.
Pero lo que es abominable es que, para ocultar todo esto, tiendan una cortina de mugre, dedicándose a ridiculizar a los políticos de oposición, a mentir sobre sus actuaciones públicas y sobre su vida privada.
Puedo aceptar que algunos periodistas al servicio de la Unidad Popular digan que soy guatón, guataca o bocón; me tiene sin cuidado pues jamás he deseado ser un adonis para estas especies raras del periodismo que se fijan demasiado en el aspecto físico de los políticos.
Y ya sabemos cómo se les llama a los hombres que se fijan demasiado en el aspecto físico de otros hombres.
Pero lo que no puedo aceptar es la canallada organizada del periodista o de los periodistas que escribieron en el Clarín y en el Puro Chile, de fecha 6 del mes en curso y en Las Noticias de Ultima Hora, del 8 de enero, comentando una información de la Oficina de Relaciones Públicas de DIRINCO que dice que ha requisado diversos productos alimenticios en una parcela en Malloco, de propiedad de Alfredo Lorca, Los diarios de la Unidad Popular, que como buitres se alimentan de la honra de los políticos, a sabiendas que se trata de un alcance de nombre, se aprovechan de ello para difamar, y así el canalla del Clarín en un artículo que publica bajo el gran título de Nuevos acaparadores al baile, agrega El caso más pintoresco lo proporcionó un fulano sumamente conocido, Alfredo Lorca, un guatón, charlatán, politiquero, freísta, y el tal Lorca, un pájaro de cuentas, etcétera.
El mismo día, en el diario Puro Chile, el mismo canalla periodista u otro de igual calaña, publica bajo grandes titulares Descubren nuevos acaparamientos en negocios de amigos de Frei y expresa: En Malloco en la parcela de Alfredo Lorca señalando en forma hipócrita entre paréntesis a lo mejor es el Diputado. Puro Chile el día anterior cobardemente, escudándose en decires de Senadores de la Unidad Popular, que también son falsos, pues ninguno de ellos ha caído en tal infamia, publica que el suscrito habría sido sorprendido llevando paquetes sospechosos a su automóvil, en relación al presunto mercado negro de carne en el Senado de la República.
Pero al canalla mayor de este grupillo de traficantes de honra lo encontramos en Noticias de Ultima Hora, donde se publica una crónica, con fecha 8 de enero, titulada Bajo Cero, confirmado, esto es, tres días después de la información de DIRINCO, tiempo más que suficiente para determinar si se trataba de mi persona o de un alcance de nombre. Para sus propósitos esta investigación de la verdad no le interesa y el canalla publica mi foto, con el subtituló de Acaparador y dice que Alfredo Lorca, freísta, tiene una propiedad en Malloco y ahí le encontraron mercaderías acaparadas.
Todas estas informaciones están cortados por la misma tijera, provienen del grupillo de periodistas canallas que escriben permanentemente en mi contra; toda esa infamia se transmitió, además, por todas las radios de Gobierno controladas por los hombres nuevos.
Por esto mi indignación la hago pública, porque se trata de defender mi honor.
Además, le informo a este grupillo de canallas que me querellaré ante los Tribunales de Justicia, por injurias, calumnias e infamia.
Termino expresando mi angustia a los Senadores que hablan de que no debemos tener encono, y no por el peligro que pueda correr nuestra democracia, porque a ella la defenderá todo el pueblo chileno, sino por la calidad moral de gente tan vil y miserable con quienes debemos seguir conviviendo.
Por eso, concluyo mi declaración anunciando: Además, le informo a este grupillo de canallas que me querellaré ante los Tribunales de Justicia, por injurias, calumnias e infamia.
Pues bien, al día siguiente de emitida esta declaración, Puro Chile dijo: El ladrón detrás del juez. En realidad, no le quedaba otra cosa que decir. Y agrega: El guatón Lorca detrás del juez, y empieza a contar que desde hace cinco años y cada 15 días estoy trayendo cuatro maletas de contrabando de Magallanes. Inventan la infamia, y añaden que cuando me dijeron esto yo me chupé. Por suerte, no 'me chupé: el 13 de octubre me querellé contra los periodistas que escribieron esos artículos y que dijeron que yo, ante sus acusaciones, me quedé mudo. Pero las demandas están presentadas ante la justicia. No soy técnico en la materia, pero puedo demostrar con documentos que el 13 de octubre de 1972 presenté la querella en la Corte de Apelaciones respectiva. Y ahora anuncio que, asimismo, formularé querella contra los periódicos que me han injuriado.
He dicho estas palabras no como explicación a quienes me conocen de tantos años, sino por respeto al Senado. Cuando por defender una política equivocada del Gobierno se difama a las personas, no se sirve al país, sino que únicamente se envenena el ambiente político de Chile, creando, no la alegría y armonía que merece nuestra patria, sino el odio y la mugre.
Por eso he dicho estas palabras.
El señor MORENO.-
Concedo una interrupción muy breve al Honorable señor Rodríguez.
El señor Palma (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el señor Senador.
El señor RODRÍGUEZ.-
El Honorable señor Moreno dio a conocer una lista de dirigentes sindicales de la industria FENSA que habían adquirido en exceso artículos producidos en esa empresa.
Empiezo por decir que no creo que tal información sea totalmente efectiva, no porque dude de la palabra del señor Senador, sino de la fuente de donde ella proviene. En todo caso, de ser efectiva los partidos a los cuales pertenecen esos dirigentes tienen la obligación de investigar y sancionar estos hechos. De ninguna manera justificamos tales irregularidades.
Por lo demás, el colega Moreno sabe que precisamente por estos vicios que se presentan en algunas industrias del área social el Gobierno tomó la medida de evitar la entrega directa, como parte de los salarios, de especies, como sucede en algunas industrias, porque ello, sin duda, es una de las fuentes del mercado negro.
Es decir, el Ejecutivo ha adoptado las medidas necesarias para evitar la venta directa de productos a los propios trabajadores de las empresas del área social.
Agradezco la interrupción, señor Senador.
El señor MORENO.-
En verdad, deseo que al Senador
Rodríguez le vaya bien en su investigación. La información que aquí hemos entregado responsablemente contiene los números de las órdenes correspondientes, la calidad de los artefactos y la descripción completa de ellos.
Además, creemos que los ejemplos citados; constituyen sólo una muestra, porque por desgracia tales irregularidades están ocurriendo en todas las otras reparticiones a entidades que han sido estatificadas o incorporadas al área social. Lamentablemente, la discriminación en la entrega de productos está llegando hoy día a otras, áreas.
También vale la pena recordar el problema del racionamiento, materia a la que me referiré en un minuto más. Si la situación no fuera tan crítica para el país, todo lo obrado sobre el particular constituiría una de las mejores operetas cómicas o sainetes que hemos visto .en estos días: decir que se dijo lo que no se dijo y afirmar que no se dijo lo que todos escucharon que se dijo. La verdad es que loa diarios de Gobierno y el propio Presidente de la República están empeñados en una verdadera campaña de negar lo que todos oímos y leímos, y lo que ya es una evidencia, salvo que crean que todo el país, es tan tonto como para no darse cuenta, de lo que declaró el Ministro de Hacienda. No nos cabe duda de que el problema se centra hoy día no en la distribución más equitativa de productos, sino en el racionamiento.
Pero esta situación no es nueva. Nuestro partido lo ha declarado, y lo reiteramos hoy, que nosotros sindicamos como principal responsable del mercado negro, de la crisis de la producción y del desabastecimiento que está sufriendo nuestra población, al Partido Comunista. Se lo decimos derechamente. Son sus militantes; quienes controlan el aparato económico y productivo y, por ente, deben asumir la responsabilidad directa de lo que está ocurriendo. Son ellos quienes así lo han manifestado, porque la declaración del Ministro señor Flores, no hace sino repetir, fundamentalmente, los conceptos emitidos; por la Comisión Política del Partido Comunista, reproducidos en la prensa el 20 de diciembre. En efecto, tengo aquí algunas publicaciones, hasta ahora no desmentidas, en las cuales el Ministro de Justicia, señor Sergio Insunza, aparece manifestando: De qué se extrañan tanto, si las cuatro quintas partes de lo que dijo el Ministro Flores están contenidas en el discurso que pronuncié el martes en el Senado. Además, expresó que si se revisan las declaraciones oficiales de los partidos de la Unidad Popular, e inclusive si se leen las emitidas por la Comisión Política del Partido Comunista el 20 de diciembre del año pasado, se encontrará gran parte de lo que anunció posteriormente el Ministro de Hacienda.
Tengo a la mano los conceptos vertidos por el Ministro Sergio Insunza, militante del Partido Comunista, quien declara sin ambages lo que acabo de manifestar. Por lo demás, estamos convencidos de que es así. Al Ministro Flores, le pasaron un muerto para que lo leyera en el Senado, y ahora están tratando de dejarlo con ese muertito colgando, porque la popularidad de ese Ministro no es precisamente la mejor luego del discurso que toda la opinión pública conoce.
Pero en materia de desabastecimiento, de colas y de la inmoralidad con que se procede cuando se presenta este tipo de fenómenos, el país tiene recuerdos. Tengo recortes de periódicos de la época en que el Partido Comunista estuvo en el Gobierno, en 1946 y a principios de 1947. Por esas cosas paradójicas de la vida, en ese entonces se produjo el mismo problema de racionamiento del aceite y se vieron inmensas colas para adquirir dicho producto, que debía repartirse de a octavos de litro para que la gente pudiera cocinar, aunque fuese medianamente.
¿Qué dicen esas publicaciones? Pediré que se inserten algunas de ellas.
Señala un título del diario El Mercurio del 28 de diciembre de 1946: Comunistas anunciaron públicamente que su Partido distribuirá el aceite
en Melipilla.
Y agrega la información:
Fijaron un pizarrón en plena Plaza de Armas. No reconocen la autoridad del inspector del Comisariato.
Frente al edificio de la Gobernación de esta ciudad, ubicado en la Plaza de Armas, fue colocado un pizarrón en el que se anunciaba a los habitantes que el aceite se distribuiría por intermedio del Partido Comunista, mediante vales que sus representantes entregarán para retirar ese producto en el almacén de don Galvarino González.
Esta situación ha causado estupor, al mismo tiempo, indignación pública por la preferencia que ella significa y porque se atropellan los derechos y atribuciones exclusivas del Comisariato Departamental de Subsistencia y Precios.
La Secretaría comunista en referencia funcionó con un Comité de seis personas, quienes declararon al Inspector del Comisariato, don Leonardo Azocar,...
El señor FERRANDO (Presidente accidental).-
¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo del segundo discurso de Su Señoría.
A continuación está inscrito el Honorable señor Aguirre Doolan.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Cedo unos minutos al Honorable señor Moreno, para que termine su exposición.
El señor FERRANDO (Presidente accidental).-
Con la venia de la Mesa, puede continuar con el uso de la palabra el señor Senador.
El señor MORENO.-
Después tenemos una información del 29 de diciembre de 1946, en la que se señala que, efectivamente, el Partido Comunista procedió a la distribución del aceite mediante la entrega de vales firmados por un militante comunista y timbrados por ese partido. En ese entonces crearon un organismo llamado CENADECO, entidad fantasma muy parecida a las JAP, destinada a encuestar a la población y a distribuir ese producto.
Hay cosas muy divertidas, como una declaración del Frente Nacional de las Subsistencias,...
El señor CONTRERAS.-
¡Usted es un mentiroso y un canalla!
El señor MORENO.-
Mantenga la calma, señor Senador. La verdad les duele a Sus Señorías. Lea los diarios de la época, impóngase de lo que dicen.
El señor CONTRERAS.-
El señor Senador sabe cómo salimos nosotros del Gobierno.
El señor MORENO.-
Era tanto el escándalo del aceite, que...
El señor CONTRERAS.-
Y qué me dice del señor Pubill, que se fue a España. ¡Explique por qué se fue! El era militante de la Democracia Cristiana.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, le ruego que descuente de mi tiempo las alteraciones del señor Senador.
El señor IRURETA.-
¡Hay que calmar al Honorable señor Contreras! Esta es la primera vez que se sale de sus casillas.
El señor CONTRERAS.-
Hay que tener buenos nervios para escuchar al señor Moreno decir tanta infamia.
Soy honrado, y si ustedes lo ponen en duda, demuestren lo contrario.
El señor MORENO.-
El 25 de enero de 1947...
El señor FERRANDO (Presidente accidental).-
Ruego al Honorable señor Contreras se sirva tomar asiento.
El señor MORENO.-
... se publica una información, que solicito insertar en esta parte de mi discurso, en la cual se manifiesta que la CENADECO, organismo creado por el Partido Comunista, tiene a su cargo la distribución del aceite. Tanto es así, que a los comunistas les pusieron el mote de los aceitunos, por haber demostrado especial inclinación por el negocio de ese producto del fruto del olivo.
El documento, cuya inserción se acuerda con posterioridad, es el siguiente:
Denuncio contra actuación comunista formula Frente Nacional de Subsistencias.
Cobro ilegal hasta de $ 8 por vale por un litro de aceite se hace en Quinta Normal.
La designación de S. E. como miembro de la CENADECO.
Ayer sesionó el Frente Nacional de las Subsistencias (Fenasú), bajo la presidencia dedoña Teresa Samaniego y con asistencia de delegados de la décima, sexta, octava, tercera comunas de Santiago y de San Miguel, Quinta Normal y Conchalí.
Se trató sobre la escasez de subsistencias, la actuación de los comunistas en la organización fantasma CENADECO, la falta de respeto al Primer Mandatario de la Nación al tratar de mezclarlo en dicha organización comunista, que cuenta con el repudio unánime de los consumidores, tomándose los siguientes acuerdos:
1º No considerar a S. E. como miembro de la CENADECO por cuanto es una ofensa al Primer Mandatario de la Nación, ya que se le mezcla en esta forma, en una organización repudiada por la ciudadanía y que se ha distinguido por las extorsiones hechas a los consumidores, al cobrarse un derecho para poder adquirir aceite.
2º Denunciar que en Quinta Normal, se sigue cobrando hasta $ 8, por el vale, como el presentado en esta reunión, correspondiente a doña Graciela Albornoz, domiciliada en Edison 4156.
3º Que en lo sucesivo se llame Los Aceitunos a los comunistas, por haber demostrado especiales inclinaciones por estos negocios derivados de la oliva.
4° Pedir a don Francisco Hinojosa Robles, que acepte la presidencia de este movimiento, de consumidores independiente, en vista de la ayuda prestada por él, la capacidad de todos conocidas y por aportar un gran contingente de empleados particulares a esta organización.
5º Constituir en la próxima semana, los comités comunitarios con las personas ya inscritas, siendo todas en carácter provisorio, hasta la reunión ampliada que se ha proyectado.
6º Solicitar de los parlamentarios de todos los partidos, que libren a las dueñas de casas de la tiranía comunista en los barrios y que las mercaderías sean vendidas por el comercio establecido, el que, además de los inspectores, sería fiscalizado por los consumidores de la Fenasú, sin criterio político ni persecutorio, sino que con el fin de evitar abusos.
7º Se acordó contratar una hora dominical en una radio de Santiago, para dar a conocer más ampliamente el movimiento de la Fenasú y agradecer a la prensa, la acogida favorable que ha tenido este movimiento, que no obedece a ningún partido político y que no permitirá que sea desviada su actual línea de conducta.
El señor MORENO.-
Estamos en presencia de un intento de parte del Gobierno de disimular su fracaso. Por eso, la Democracia Cristiana no ha vacilado en condenar el discurso del señor Flores y ha llamado a la gente a resistir estas medidas. Estamos convencidos de que no se trata de un problema de semántica, de si hay o no hay racionamiento. La verdad es que esa discusión es para la risa, pues hay declaraciones de los propios partidos integrantes de la Unidad Popular y del MinistroFernando Flores, formuladas al día siguiente de publicarse el discurso de éste, que así lo confirman.
Sobre el particular, solicito la inserción en esta parte de mi discurso de la fotografía de una tarjeta de racionamiento que está circulando, y del encabezamiento de la entrevista sostenida con ese Ministro, quien señala que hoy el racionamiento nótese que no se refiere a la distribución más equitativa de los productos ni a esta entelequia de la identificación de las necesidades, sino al racionamiento ya no es una medida ultra. El Gobierno anuncia derechamente que entrará a controlar la distribución de los productos calle por calle, manzana por manzana, negocio por negocio. Y ya hemos visto las inmoralidades que se están cometiendo.
Los documentos de que se trata, cuya inserción se acuerda posteriormente, son los siguientes:
J. A. P,
Junta de Abastecimientos y Control de Precios
El señor MORENO.-
El lunes pasado, precisamente, fui testigo de un hecho de esta naturaleza en las poblaciones 25 de Febrero y San Luis, de Rancagua, donde se estaban repartiendo estos timbrecitos, parecidos a los que se distribuyeron en los años 46 y 47. En esas poblaciones, los dirigentes comunistas estaban entregando un vale para los pollos, otro para el azúcar, y un tercero para el aceite. Lógicamente, sólo los entregaban a los militantes comunistas y socialistas.
Que no se nos venga con cuentos de que tendremos elecciones, de que aquí no hay intento de coercionar a nadie, de que ésta es sólo una herramienta de control, de que aquí habrá democracia y libertad. ¡Cómo se les ocurre que a 45 días de la elección vamos a entorpecer la acción de nuestro propio Gobierno!, nos dicen. Pero lo que pasa es que el Gobierno sabe, al igual que todos nosotros, que todas las encuestas, todos los sondeos, todos los chequeos y así se demuestra en las colas, que son la mejor encuesta en las calles, señalan que la gente no quiere saber nada con este Gobierno, porque ha fracasado estrepitosamente. Y como están conscientes de su fracaso, ahora quieren endosarle el muertito a otros, tratan de provocar a la población, de crear la ira de la gente, que no aceptará que se metan en sus casas a investigar su vida, su situación, y a escarbar sus despensas.
Por eso, rechazaremos el proyecto. Y lo hacemos de cara al pueblo. No tenemos ninguna vacilación en declarar que esta iniciativa es sólo una herramienta para aherrojar más la libertad del país.
El señor FERRANDO (Presidente accidental).-
Ha terminado el tiempo de la interrupción, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Aguirre Doolan.
El señor CONTRERAS.-
¡Claro, aquí no hay libertad! El señor Senador no pudo hablar. ¡Habla hasta por los codos, y después pide que el Senado pague la publicación de todas sus impertinencias!
El señor MORENO.-
Di argumentos, señor Senador. Conteste lo que en ellos se afirma.
El señor CONTRERAS.-
¡Qué argumentos!... Usted tiene que limpiarse la boca antes de hablar de hablar de los comunistas. Si nos ponemos en una balanza, habría mucho que decir. Uno de estos días traeremos todos los antecedentes de todas sus actuaciones en la CORA.
El señor MORENO.-
No tengo nada que ocultar, ni en mi vida pública ni en mi vida privada. No escondo nada. Tengo las manos y la conciencia limpias.
El señor MONTES.-
¡No!
El señor MORENO.-
Les duele que les digan estas cosas, porque están metidos con los pies y las manos.
El señor CONTRERAS.-
Ya vamos a traer los antecedentes.
El señor MORENO.-
Traiga lo que quiera. ¡Lo emplazo a que los traiga!
El señor FERRANDO (Presidente accidental).-
Ruego a los señores Senadores guardar la calma, o me veré obligado a suspender la sesión.
Se suspende la sesión por cinco minutos.
Se suspendió a las 12.34.
Se reanudó a las 12.38.
El señor PALMA (Presidente).-
Continúa la sesión.
Ruego a los señores Senadores mantener la tranquilidad, para que la sesión pueda continuar en orden.
Los puntos suspensivos (...) corresponden a expresiones suprimidas de la versión por orden de la Mesa.
El señor PALMA (Presidente).-
Puede continuar el Honorable señor Aguirre Doolan.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Después de esta escena tan poco constructiva para las labores del Senado, inicio mi intervención en reemplazo de mi Honorable colega del Partido de Izquierda Radical, mi distinguido amigo el señor Juliet, quien no podrá usar de la palabra por encontrarse en estos momentos recorriendo la zona que representa. Al hacerlo, me abocaré a dar respuesta a algunos antecedentes expuestos en esta Sala.
En la sesión de ayer en la mañana, oí con toda atención a los señores Senadores que hicieron uso de la palabra.
Según mi leal saber y entender y el conocimiento que tengo del Reglamento del Senado, el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto que tipifica los delitos económicos fue emitido conforme a derecho, pues el artículo 104 del Reglamento dispone lo siguiente:
En el segundo informe la Comisión podrá proponer la aprobación o el rechazo de las indicaciones o su modificación o aprobación parcial. Podrá, asimismo, proponer otras enmiendas en relación con las indicaciones aprobadas.
Por su parte, el artículo 118 preceptúa lo que sigue:
Durante la discusión particular podrá también formularse indicación para reabrir el debate acerca de algunas disposiciones, pero sólo cuando del estudio de otra aparezca como necesaria dicha reapertura.
Esta indicación no tendrá segunda discusión y requerirá para ser aprobada del voto de los dos tercios de los Senadores presentes.
Obviamente, los Senadores que conforman la mayoría del Senado y que son miembros de la Comisión de Legislación tenían mayoría de dos tercios.
Ayer en la mañana el Honorable señor Contreras recordó el fundamento del voto del Honorable colega señor Juliet en esa Comisión. En aquella oportunidad, el Honorable señor Juliet manifestó que él había expresado su opinión favorable a legislar sobre delito económico,...
Añadió que esto lo movió a votar favorablemente el proyecto en estudio durante la discusión general y a formular indicaciones que configuran en forma más precisa el tipo penal respectivo.
Para ello se basó en la garantía verbal, otorgada tanto en la Comisión como en el Senado, por los señores Ministros de Justicia y de Hacienda, en orden a que la comercialización de todos los bienes se haría exclusivamente a través del comercio establecido, ya que en la operación de distribución de estos productos se iba a emplear a funcionarios del Estado únicamente para que cumplieran con la labor de entregarlos al comercio establecido.
Estas dos premisas, que sirvieron de fundamento indispensable para concurrir con su voto a la aprobación en general del proyecto, agregó el Honorable señor Juliet han sido desvirtuadas por el señor Ministro de Hacienda en el discurso que pronunciara en el Senado el día 9 del presente.
Por su parte, el Honorable señor Rodríguez recordó las expresiones del Honorable señor Juliet en la oportunidad en que dicho colega hizo una consulta al señor Ministro de Hacienda, cuando en la sesión del de enero, éste, entre otras cosas, decía siguiente:
4) La formación de clientelas regulares para los comerciantes se debe a que es indispensable asegurar a todas las familias un abastecimiento adecuado de productos básicos. Para que esto se logre, dadas las condiciones actuales de mercado negro, es indispensable saber cuáles son las necesidades reales de cada producto para cada comerciante y para cada familia integrante de una JAP. Por consiguiente, también es tarea de las JAP definir, de acuerdo con la canasta popular por persona, las necesidades reales de cada familia perteneciente, a las Juntas de Abastecimientos y Precios. Los comandos comunales y la Secretaría General de Distribución prestarán en esta materia la asistencia y la dirección necesarias. Una vez definida la necesidad de productos a nivel de familia, de JAP y de comerciante, la información será centralizada por dicha Secretaría a través de los Comandos Comunales.
5) Los comerciantes y las familias no están obligados a participar en las JAP. En caso de no hacerlo, dejarán de beneficiarse con un sistema creado a su favor. La eventual negativa a participar en las JAP en ningún caso se traducirá en represalias o presiones por parte de la autoridad o de las organizaciones populares.
A esta altura del debate, el Honorable señor Valenzuela pidió una interrupción al señor Ministro, quien no se la concedió porque deseaba terminar su intervención.
Con posterioridad, el Honorable señor Juliet pidió una rectificación o ratificación a lo dicho por parte del señor Ministro. Es así como en la versión del Senado se consigna lo siguiente:
El señor JULIET.-
El señor Ministro de Justicia tuvo oportunidad de oír en la Comisión de Legislación y Justicia nuestro planteamiento acerca del proyecto en estudio. Estamos dispuestos así lo expresó el Honorable señor Baltra a votar favorablemente la idea de legislar, o sea, a aprobar en general la iniciativa. Pero ruego al señor Ministro de Economía se equivocó el Honorable colega, porque acababa de dejar de serlo tener la bondad de satisfacer dos inquietudes nuestras.
Hice presente en la Comisión que aceptábamos el proyecto en el entendido de que todo el comercio es decir, la distribución y la venta se realice a través del comercio establecido en la actualidad, conforme a las leyes y reglamentos vigentes. Manifesté en seguida que los funcionarios públicos que directa o indirectamente intervengan en la distribución, faltarían a sus deberes, haciéndose acreedores por lo tanto a las sanciones disciplinarias o corporales correspondientes a la falta cometida, si alteraran las normas establecidas en la ley en estudio.
En consecuencia, el organismo JAP, al que el señor Ministro atribuye tanta importancia, no intervendrá ni en la distribución ni en la venta ni tampoco lo harán los centros de madres, ni los gremios, ni ningún otro organismo privado o público, pues esa labor se realizará por medio del comercio establecido. Los otros organismos pueden ser inspectivos, colaboradores del Gobierno en la aplicación de medidas; pero en ningún caso pueden intervenir en la comercialización y distribución.
El señor PALMA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor FLORES (Ministro de Hacienda).-
En primer lugar, deseo rectificar al Honorable señor Juliet, pues en la actualidad no soy Ministro de Economía, sino de Hacienda.
Respecto de las dos consultas que me formula el señor Senador, nosotros compartimos absolutamente esos puntos de vista.
En primer lugar, mediante la declaración del 5 de noviembre, el Ejecutivo señaló claramente el papel de las JAP diciendo que no eran organismos que participaran en la compra y venta de productos, sino exclusivamente en lo relativo a control y programación. Si en muchas oportunidades alguien se ha apartado de esa norma, no compartimos esa posición; hemos dado instrucciones en el sentido de no fomentar algo semejante. Sin embargo, se trata de organizaciones de masas, y en repetidas ocasiones se suscitan esos problemas, etcétera.
El señor RODRIGUEZ.-
Eso es lo que denantes reproduje textualmente.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Sí, señor Senador; pero es el caso que esto lo dijo el señor Ministro de Hacienda en la sesión del 9 de enero. Al día siguiente, en la noche, por encargo del Gobierno, pronunció otro discurso en el cual se desmintió claramente de lo que había aseverado en el segundo de los párrafos que leí de su intervención en el Senado, después de la interrupción del Honorable señor Juliet.
En este último discurso, el Ministro señor Flores dijo lo siguiente, refiriéndose al rubro de las cuotas familiares:
Han surgido iniciativas en diversas poblaciones y comunas que indican que el pueblo organizado, enfrentando al mercado negro y la especulación, desarrolla acciones que permiten avanzar en la solución del problema.
El Gobierno aprueba estas iniciativas y propone hoy día un conjunto de medidas que tienden a dar mayor eficacia a estas acciones.
Sobre la base de una cuota de productos necesarios por familia que se establecerá, que estará compuesta por artículos como aceite, azúcar, etcétera.
Más adelante, agrega:
Estas organizaciones de base se relacionarán estrechamente con la Secretaría Nacional de Distribución en cada provincia y a nivel nacional, para precisar y poner en práctica esta importante tarea y posteriormente, para los efectos de controlar y dirigir los flujos de productos.
Segundo:
Las JAP, tal como lo han venido haciendo, denunciarán en el vecindario a los comerciantes inescrupulosos; evitarán la presencia generalizada en las poblaciones de afuerinos que se aprovisionan para especular y acaparar, y denunciarán a las autoridades cualquier infracción. Las denuncias deberán dirigirse siempre a través del camino más expedito.
La denuncia no excluye la acción directa organizada y responsable para impedir la especulación, el mercado negro y demás infracciones...
Ese discurso es, en el hecho, una rectificación a posteriori de sus afirmaciones en esta Sala a raíz de una consulta formulada por el Honorable señor Juliet.
El señor RODRIGUEZ.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
No deseo perder la ilación de mi discurso. Con posterioridad, se la concederé con mucho gusto.
El señor RODRIGUEZ.-
Ahora es la oportunidad, porque Su Señoría acaba de referirse a las JAP.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Reitero a Su Señoría que no deseo perder la ilación de mis palabras, pues, por la cantidad de documentos que he reunido, podría distraerme del tema central. Como lo dije, más adelante le concederé la interrupción.
En una entrevista concedida por el señor Ministro de Hacienda a una revista denominada Chile Hoy, dicho Secretario de Estado formula las siguientes declaraciones: Las soluciones no se tenían claras y tampoco estaba diseñado el marco sobre el cual se iba a trabajar. El problema del racionamiento, de encarar la necesidad de producir las cuotas de consumo y no dejar al mercado actuar libremente, era una necesidad que hace tres o cuatro meses podía desentonar políticamente: parecía una medida ultra. Hoy día no. Hoy empiezan a haber condiciones objetivas para que la gente, incluso de oposición, prefiera tener asegurado el litro de aceite y no permitir que otros se guarden diez litros.
Es decir, en esa entrevista el señor Ministro de Hacienda ratifica lo manifestado en su intervención anterior, en el sentido de que se avanza hacia el racionamiento, al cual ahora se le ha cambiado nombre. En una entrevista publicada ayer, el ex Ministro de Hacienda y actual titular de la Cartera de Economía, señor Orlando Millas Correa, lo denomina reordenamiento de la cuota alimenticia para cada familia. Otros hablan de tarjetas de abastecimientos.
En la tarde de ayer el diario oficial del Partido Socialista o uno de ellos, Las Noticias de Ultima Hora, afirma lo siguiente:
Comando por manzanas serán clave del nuevo sistema distribuidor. Después de ese título, agrega: En las próximas horas el Gobierno y las organizaciones sindicales y de pobladores darán a conocer la forma como funcionarán los nuevos mecanismos de distribución de artículos esenciales. Funcionarios del Ministerio de Economía han estado trabajando a todo vapor con el objeto de llevar a la práctica las medidas anunciadas por el Ministro de Hacienda, Fernando Flores, y que están destinadas a liquidar el mercado negro y el acaparamiento.
El nuevo Plan Económico ha desatado una de las campañas publicitarias más violentas de la derecha. El mercado negro se constituyó en la herramienta política y económica más socorrida por la oposición derechista.
En consecuencia, dicho rotativo, que, según tengo conocimiento, es el órgano oficial del Partido Socialista, formula aseveraciones que no dejan duda alguna sobre la existencia del racionamiento.
Anoche tuve oportunidad de ver un programa de televisión conducido por el distinguido periodista señor Igor Entrala. En él participaron cuatro candidatos a parlamentarios, uno de los cuales, el señor Barbieris, militante del Partido Socialista, afirmó categóricamente que, con ley sobre el delito económico o sin ella, el Gobierno actuaría con las herramientas de que dispone. Por eso, no veo la razón de haber provocado un tremendo escándalo ante la determinación adoptada por los sectores mayoritarios del Congreso de rechazar en particular el proyecto cuya idea de legislar aprobaron con anterioridad. Al respecto, debo recordar que no siempre algunos sectores del Parlamento han aprobado en general iniciativas de importancia, Al decir esto no pretendo formular cargo alguno, pues tengo especial respeto por todos mis colegas. Sin embargo, y sólo de pasada, recuerdo que, en sesión celebrada el 27 de julio de 1962, se votó la ley 15.020, de Reforma Agraria, qué algunos denominaron Ley del Macetero, pese a lo cual se constituyó en una herramienta muy eficaz hasta que se promulgó una nueva legislación sobre la materia, durante el mandato del ex Presidente Frei.
En esa oportunidad hubo votación nominal. Se pronunciaron negativamente algunos distinguidos colegas cuyo mandato Constitucional aún está en vigencia, como los Honorables señores Víctor Contreras y Luis Corvalán, y otros que ya no integran esta Corporación, como los señores Palacios, Ampuero y Contreras Labarca.
Por lo tanto, no me explico el escándalo que se ha hecho por el rechazo en particular del proyecto. En muchas oportunidades se forman en el Senado determinadas mayorías y actúan.
El señor RODRIGUEZ.-
El ejemplo expuesto por Su Señoría no es bueno. No hemos impugnado tal punto. Nos limitamos a manifestar que considerábamos muy raro que...
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Como Su Señoría ya se la ha tomado, le concedo la interrupción, con la venia de la Mesa.
El señor RODRIGUEZ.-
Se la agradezco, señor Senador.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
No tengo inconveniente alguno en concedérsela, pero le ruego que sea breve, pues me han solicitado varias interrupciones.
El señor PALMA (Presidente).-
Las interrupciones, no concedidas no figuran en la versión.
El señor RODRIGUEZ
.-
Agradezco su benevolencia al concederme una interrupción. Deseaba manifestarle que el ejemplo citado por Su Señoría no viene al caso pues nosotros consideramos insólito el hecho de que después de adoptada una resolución mayoritaria para aprobar en general el proyecto sobre delito económico, se rechace en particular en la Comisión, en un cambio de política fundamental. Esta es la situación que se ha producido con relación a la materia en debate.
Reconocemos que Sus Señorías tienen amplia libertad para votar en contra del proyecto, pero estimamos insólita la actitud de aprobarlo en general, para después rechazarlo en particular en la Comisión respectiva.
El señor IRURETA.-
¿Qué sucedió con la iniciativa que legislaba sobre los pactos electorales?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Deseo recuperar el uso de la palabra, para contestar al Honorable señor Rodríguez.
El señor PRADO.-
Es una buena pregunta la formulada por el Honorable señor Irureta, por cuanto se trataba de un compromiso político.
El señor RODRIGUEZ.-
Esa es otra materia. Por lo demás, el compañero Presidente nunca ha tomado compromisos personales en materia de pactos electorales.
Si Sus Señorías lo permiten, deseo preguntar al Honorable señor Aguirre Doolan sobre un aspecto relacionado con las JAP. El señor Senador se refirió a la declaración hecha por el señor Ministro de Hacienda acerca del papel de las JAP, y en la cual reiteró su misión de vigilancia y de control para evitar los actos especulativos. No veo por qué se alarman, y no la considero una razón valedera para oponerse a legislar sobre delito económico. ¡Pero si es bueno que haya organismos sociales en la base del pueblo, que eviten la especulación y adopten actitudes de vigilancia! Las propias juntas de vecinos, en la época en que gobernó la Democracia Cristiana, tenían papel inspectivo y de vigilancia sobre los actos especulativos. Ojalá que siempre el pueblo esté en actitud vigilante para evitar la especulación.
Reitero que las razones que se han dado no pueden invocarse para negarse a legislar sobre el delito económico.
Muchas gracias por la interrupción.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Debo decir a Su Señoría que mi ejemplo es bueno, porque en la oportunidad a que me referí votaron contra el proyecto sobre reforma agraria en general y en particular.
En cuanto al proyecto en debate, nuestro criterio varió debido a la intervención del señor Ministro de Hacienda sobre el racionamiento. En ella, a nuestro juicio, se arrasa con las garantías constitucionales y se atrepellan nuestros principios. Por eso, durante la discusión particular nos opondremos a la iniciativa, por ser evidente que la irresponsabilidad económica ha promovido el mercado negro y las medidas que, por desgracia, se anuncian.
En lo referente a los compromisos que se contraen, muchas veces éstos los suscribe el Jefe del Estado; pero debemos recordar que el Presidente de la República representa a los partidos políticos. Cada uno de ellos responde por la conformación del Gabinete, y el actual está integrado, en su gran mayoría, por miembros de los partidos Comunista y Socialista.
En la tarde de ayer me referí a las mayorías que suelen formarse a veces en el Parlamento. Recordé que en 1965 el Partido Demócrata Cristiano tuvo la generosidad de ofrecer a los Senadores del Partido Radical las presidencias de las Comisiones. Para ocuparlas se designó a diversos colegas que en esos momentos integraban esta Corporación. Sin embargo, obedeciendo una orden del Presidente de nuestra colectividad, renunciamos a dichos cargos. En aquella oportunidad se formó una combinación de partidos para el manejo administrativo del Senado. Fue designado Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social el Honorable señor Víctor Contreras. El señor Carlos Altamirano fue nombrado Presidente de la Comisión de Hacienda. Al señor Raúl Ampuero se le designó Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, y a don Volodia Teitelboim, Presidente de la Comisión de Educación Pública. En la de Agricultura, se nombró al Senador conservador de esa época señor Enrique Curtí; el señor Sepúlveda fue designado Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; el señor Pedro Ibáñez, Presidente de la de Economía; don Carlos Contreras, Presidente de la de Minería, y el señor Von Mühlenbrock, Presidente de la de Obras Públicas.
Por lo tanto, siempre el Congreso se ha manejado en virtud de mayorías, y éstas han obtenido la Presidencia y Vicepresidencia de la Corporación. Al respecto, debo anotar que en 1966 se formó una mayoría que eligió Presidente del Senado al entonces Senador
don Salvador Allende, en reemplazo del Honorable señor Reyes Vicuña. El actual Primer Mandatario permaneció en el cargo desde el mes de diciembre de ese año hasta el 15 de mayo de 1969, teniendo como Vicepresidente al Honorable señor Luengo.
He hecho estos recuerdos, porque muchas veces, en el afán de criticar como consecuencia del momento que estamos viviendo y de la sobreexcitación, algunos colegas, a raíz de la campaña electoral y de las responsabilidades que tienen en la dirección de sus diferentes colectividades, suelen hacer aseveraciones violentas respecto de la actuación de la actual Mesa del Senado, acusándola de proceder sin el respeto debido a todos los sectores. Declaro categóricamente que la Mesa que preside el Honorable señor Palma, y de la cual formo parte, ha estado, está y estará permanentemente preocupada de respetar a todos los sectores que integran el Senado de la República.
Por lo tanto, considero injustas las críticas hechas ayer con mucha vehemencia por un señor Senador que, en ciertas ocasiones, adopta un tono patriarcal, pero en otras, como un péndulo se va a otro lado. Rechazo con serenidad tales críticas, pero, a la vez, con mucha energía.
El señor RODRIGUEZ.-
Los versos no eran para Su Señoría, quien hace muy poco ocupa la Vicepresidencia de la Corporación. Personalmente, me referí al proceso de totalitarismo que se advierte en el Senado, y al hecho de que no se respeten las garantías de las minorías, lo cual reafirmo en esta oportunidad.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
En esta materia hemos sido muy claros: estimamos que el fin del proyecto de ley sobre delito económico lo selló el Gobierno con la intervención del Ministro de Hacienda.
El señor PALMA (Presidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo de su primer discurso; puede continuar en el del segundo.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Decía que la suerte del proyecto la selló el Gobierno con la intervención del Ministro señor Fernando Flores, y que la opinión pública conoció por la prensa el 11 del mes en curso. A raíz de ella, la Confederación de la Democracia decidió formular una declaración, suscrita por los Presidentes de las colectividades que la integran, manifestando su rechazo a dicha intervención.
Dicha comunicación señala, lo siguiente:
Los partidos que integran la Confederación de la Democracia, se han reunido en el día de ayer 12 de enero para analizar la declaración hecha por el señor Ministro de Hacienda, en nombre del Gobierno anunciando una serie de medidas sobre racionamientos y control de la distribución de productos y mercaderías esenciales en el mismo instante en que se estaba despachando un proyecto de ley sobre delito económico en el Senado de la República los que serían entregados a organismos políticos y estatales porque para nadie es un secreto que las JAP son dirigidas, por el Partido Comunista y los Comandos Comunales por el Partido Socialista, contraviniendo las disposiciones, legales y constitucionales vigentes que regulan en la actualidad tales materias.
Todos estos partidos, que se han unido con el fin de luchar por la mantención del régimen democrático, libertad política y los derechos de todos los chilenos, advierten a la opinión pública que las medidas anunciadas constituyen el último y desesperado esfuerzo del Gobierno de la UP. para controlar el poder político y económico, ante la evidencia que les asiste a sus dirigentes máximos de que en las próximas elecciones parlamentarias dicho Gobierno será derrotado por una amplia mayoría que repudiará el fracaso político, económico y social de una minoría, que ha pretendido establecer en Chile la dictadura del Estado totalitario, manejado por el Partido Comunista.
Las medidas anunciadas por el MinistroFlores, con el consentimiento del señor Allende y sus colaboradores políticos, persiguen, en efecto, producir la desesperación y exacerbar el ánimo de los chilenos, para provocar movimientos de protestas que sirvan de justificación a una política represiva.
El pueblo ya sabe que la U. P. y su gobierno no aceptan las derrotas, ni desean ser juzgados por el pueblo, porque en los países donde dominan, está vedado a sus habitantes emitir opiniones, fiscalizar o realizar actos en defensa de sus legítimos intereses.
Pero, no es sólo eso. Si el pueblo logra conservar la serenidad, usarán de las medidas de racionamiento para presionarlo y amedrentarlo en un acto de descarada intervención electoral. El cohecho ha sido reemplazado por la arbitrariedad y el sectarismo por la presión y la amenaza. El que no vota por la U. P. no tendrá derecho a comer. El hambre se yergue como instrumento de dominación. Son las técnicas modernas de los comunistas y socialistas chilenos, que deponen sus rencillas internas, para tragarse al país.
No importa que el señor Allende haya afirmado públicamente que el pueblo jamás aceptaría el racionamiento, negando las justificadas sospechas de sectores políticos de oposición, que preveían que esta situación se estaba preparando, como una más de las cuarenta mentiras del programa de la U. P.
Para justificar el racionamiento invocan el mercado negro, creado por el propio gobierno, premeditadamente, a través de los organismos y funcionarios que tienen en sus manos la distribución.
Es la confesión más explícita y clara del carácter totalitario del Gobierno y el reconocimiento sin reservas del fracaso de su gestión económica que ha creado inflación, escasez, desabastecimiento y especulación, a costa de un pueblo cada vez más mortificado. Es la confesión desembozada de que el Gobierno pretende destruir a toda la gama de hombres y mujeres modestos que no podrán resistir en sus actividades comerciales las competencias de las JAP, creadas al margen de la ley para destruirlas.
Frente a tan grave, como inconstitucional medida, llamamos al pueblo a resistir cualesquier forma de empadronamiento y declaramos que junto con oponernos a la dictación de leyes que faciliten directa o indirectamente esta operación entablaremos las acciones legales pertinentes.
Señor Presidente, esta declaración de la Confederación Democrática, que interpreta el sentir de un grueso sector ciudadano, advierte al Presidente de la República que en este instante él no está gobernando con el respeto debido a un sector que a nuestro juicio es mayoritario, y que debe cumplir su compromiso de cambios y justicia social con métodos y objetivos democráticos.
Esta declaración fue suscrita por el Honorable señor Bossay en su carácter de Presidente Nacional del Partido Izquierda Radical. En conformidad a ella, los Senadores de estas bancas votamos en contra de; articulado de la iniciativa en la Comisión y procederemos de igual manera aquí en la Sala.
Señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable señor Ibáñez.
El señor PALMA (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez.
El señor IBÁÑEZ.-
Muchas gracias.
El señor CONTRERAS.-
¿Cuántos minutos le quedan al Senador señor Aguirre Doolan?
El señor PALMA (Presidente).-
Tiene tiempo hasta las 13.18.
El señor PRADO.-
¿Por qué no prorrogamos la sesión hasta las 2?
El señor PALMA (Presidente).-
Perdone, señor Senador, pero está con la palabra el Honorable señor Aguirre Doolan, quien ha concedido una interrupción.
El señor PRADO.-
He formulado una consulta.
El señor IBAÑEZ.-
Dado que hablaré por la vía de la interrupción, voy a ser sumamente breve.
Deseo responder al Honorable señor Rodríguez diciéndole que es una lástima que sus observaciones sobre la acusación constitucional al Ministro Millas nos las haya formulado cuando el Senado debió ocuparse en ella. Su Señoría estuvo ausente de ese debate, y debo rechazar, por extemporáneas, sus expresiones. A estas alturas no podemos reabrir un debate del cual se marginaron voluntariamente los miembros de la Unidad Popular y, por lo tanto, no podemos reconocer a Su Señoría el derecho a tratar de invalidar en este instante las razones de mucho peso que se dieron para destituir a ese Ministro.
En seguida, debo decir que en los proyectos del Gobierno relacionados con delito económico o con mercado negro no morigerarán en absoluto los efectos de este último, porque no se atacan las causas, sino que, por el contrario, según lo que escuchamos al Ministro Flores y su posterior declaración pública, el Ejecutivo tiene el claro propósito de agravar las circunstancias que han dado nacimiento al mercado negro y que han producido la escasez que sufre toda la población.
De que la situación creada por el Gobierno es explotada en forma realmente delictiva, no cabe duda alguna. Pero, al mismo tiempo, cometiéndose tales delitos en el área que controla el Gobierno de la Unidad Popular, no hay ninguna posibilidad de que la legislación que aquí se apruebe sea aplicada por el Gobierno. Este ha dado demasiadas muestras de que deja sin cumplir las leyes cuando están de por medio sus intereses políticos, y en este caso es evidente que no enviará a la cárcel ni a los interventores ni a los Ministros de Estado responsables de la tremenda escasez y del mercado negro que tiene que sufrir la población del país. Por el contrario, cuando el Gobierno tiene en sus manos un instrumento legislativo como el que ahora se pretende dictar, lo aplica a sus víctimas en vez de aplicarlo a los victimarios. Por eso nosotros hemos sido contrarios desde un principio a esta iniciativa, y tenemos la certeza de haber interpretado fielmente la opinión inmensamente mayoritaria del país.
A propósito de las explicaciones que se dan sobre el mercado negro, quiero recoger, aunque muy brevemente, las estulticias del dirigente del MAPU señor Insulza, quien, faltando groseramente a la verdad, trató de lanzar una campaña difamatoria en contra del Senador que habla en el programa del domingo último del Canal 13 A esta hora se improvisa. Dijo el señor Insulza, en su insondable cretinismo, que la escasez de aceite se debe a que las industrias aceiteras pertenecen a diversos empresarios privados, y entre ellos me indicó a mí. Quiero señalar que cuando ,la industria aceitera estuvo en manos de empresarios privados, jamás faltó el aceite en Chile, y que bastó que la Unidad Popular la tomara bajo su control para que la producción decayera y para que la Unidad Popular organizara el mercado negro del aceite.
Quiero decir, además, que yo no soy dueño de la fábrica de aceites a que se refirió el señor Insulza, y que sí trabajé en esa industria y fui su presidente hace alrededor de quince años. Sin embargo, me es grato recordar estos hechos, porque debo señalar que cuando yo llegué a esa industria, que era modesta y mal dirigida parecía manejada por un interventor de la Unidad Popular, producía treinta toneladas de aceite al mes, y cuando la dejé, hace quince años, había elevado su producción a 500 toneladas mensuales. Además, durante ese tiempo se construyeron espléndidas poblaciones para los obreros y se elevó su nivel de bienestar, como ha sucedido en todas las empresas que he tenido el honor de dirigir. En consecuencia, es indispensable poner de relieve las tonterías del señor Insulza, en este caso, y que se diga, además, algo que es muy importante que la opinión pública lo conozca: la escasez de aceite se debe...
El señor PALMA (Presidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor IBAÑEZ.-
...fundamentalmente termino aquí, señor Presidente a que los incompetentes de la Unidad Popular que dirigen las industrias hicieron estallar la principal fábrica de aceite que hay en Chile y que está ubicada en Temuco. En la explosión murieron tres obreros y se destruyeron equipos que valen millones de dólares, y probablemente tardará más de un año en restablecerse esa producción de aceite, cuya falta ha agravado la escasez existente en el país.
Deploro no poder hacerme cargo de otras materias que estimo de especial atinencia e importancia con relación al tema que estamos debatiendo.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Termino mi intervención diciendo que en el día de hoy la opinión pública, por intermedio de la prensa, ha conocido una proclama del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria para muchos es, como quien dice, la avanzada del Partido Socialista, pues varias veces se ha acusado a militantes de esta última colectividad de pertenecer a dicho movimiento, en que se hace un llamado a apoyar las medidas del Ministro Flores, por encima de su insuficiencia. La misma proclama dice en otra parte que debe impulsarse la movilización de la clase obrera y de los pobres del campo y de la ciudad para expropiar las grandes empresas industriales, etcétera, etcétera, y hace una campaña evidente para empujar el racionamiento a través de las JAP y los comandos comunales de trabajadores, que sé que están controlados por los Partidos Comunista y Socialista, respectivamente. Como ha llegado la hora, termino mis palabras agradeciendo la atención dispensada.
El señor PALMA (Presidente).-
Está inscrita a continuación la Honorable señora María Elena Carrera, y, en seguida, el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor RODRIGUEZ.-
¿Cuántos minutos?
El señor PALMA (Presidente).-
El señor Senador dispone de todo el tiempo reglamentario, pues ayer no hubo acuerdo para distribuir el tiempo.
El señor RODRÍGUEZ.-
Pregunto hasta cuándo dura la sesión.
El señor PALMA (Presidente).-
Hasta las 13.30.
El señor SILVA ULLOA.-
Si la Sala lo desea, podríamos suspender la sesión en este instante, para así poder yo hablar en forma continuada al iniciarse la sesión de la tarde.
El señor PALMA (Presidente).-
No tengo ningún inconveniente en proponer a la Sala lo que plantea Su Señoría.
Si les parece a los señores Senadores, se procedería en la forma señalada por el señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-
Yo le concedería dos minutos ahora al Honorable señor Rodríguez, y en seguida podríamos suspender la sesión, a fin de poder yo hablar sin interrupción en la sesión de la tarde.
El señor PRADO.-
Y me cedería a mí también un poco de tiempo...
El señor RODRIGUEZ.-
Con la venia del señor Presidente, entonces,...
El señor PALMA (Presidente).-
Junto con el procedimiento anterior, se acordaría insertar los documentos mencionados por los señores Senadores que han hecho uso de la palabra; concretamente, el Honorable señor Moreno, quien ha pedido dos inserciones.
El señor MONTES.-
No hay acuerdo.
El señor PALMA (Presidente).-
En votación.
(Durante la votación).
El señor RODRIGUEZ.-
¿Por qué?
El señor PALMA (Presidente).-
Porque hay oposición, y las inserciones deben acordarse de inmediato.
El señor MONTES.-
Nosotros votaremos en contra de la petición formulada por el Honorable señor Moreno, porque las palabras que él pronunció en la mañana de hoy lo ubican, como era previsible, entre los más contumaces anticomunistas chilenos.
El Senador Moreno se transforma cuando se trata de lanzar barro, calumnias y canalladas en contra de los comunistas. Ha traído a colación sucesos suficientemente esclarecidos en este país, respecto de acusaciones de la Reacción chilena sobre supuestas irregularidades de militantes comunistas en 1947, y ha leído artículos de El Mercurio que el señor Senador ha invocado aquí como prueba suprema de la verdad, que es la verdad de ese diario. Que se quede con ella el Senador Moreno, pero que no pretenda mistificar acerca de la actitud de hombres que en aquella época, precisamente por actuar de manera diversa de aquella con la cual quiere enlodarlos, tuvieron que vivir un período de nuestra historia conocido como el tiempo de la infamia.
Por esa razón: porque se ha pretendido enlodar a los militantes y dirigentes de nuestro partido de aquella época, y porque él señor Moreno ha expresado aquí que él ha actuado siempre con las manos limpias, nosotros le hemos dicho que traeremos al Senado pruebas acerca de su actuación como Vicepresidente de la CORA en el Gobierno pasado, para demostrar irregularidades cometidas por él en el desempeño de ese cargo.
El señor Senador ha lanzado acusaciones falsas contra militantes comunistas basándose en una supuesta verdad escrita por el diario El Mercurio.
Como Su Señoría ha entrado a ese terreno, al que nosotros no queríamos llegar, nos veremos obligados a traer las pruebas de las irregularidades por él cometidas mientras desempeñó el cargo de Vicepresidente de la CORA, que demuestran, precisamente, que no actuó en esa institución ni salió de ella con las manos limpias; y también, para dejar establecido que gente como ésta, qué se ha dado vuelta la chaqueta de manera tan espectacular, que posó de demócrata durante mucho tiempo, se ha entregada ahora al frenesí reaccionario de esta época, poniendo sobre todo el acento en una especie de delirio anticomunista. Reitero que traeremos al Senado esas denuncias que tenemos y que, piadosamente, habíamos decidido guardar hasta ahora, cuando el señor Moreno ha pretendido enlodar miserablemente lanzando calumnias y canalladas sobre una generación de combatientes obreros.
Porque no podemos permitir tal actitud, decimos no a la proposición que el señor Senador ha hecho.
Reitero que presentaremos a esta Sala pruebas irrefutables de su actividad dolosa como Vicepresidente de la CORA, para dejar en claro que éstos son los anticomunistas de hoy, los que se han entregado en cuerpo y alma a quienes dijeron combatir ayer, pero a los que en la actualidad sirven con una obsecuencia digna de mejor destino.
Eso es todo.
El señor PALMA (Presidente).-
Puede fundar su voto el Honorable señor Irureta.
El señor IRURETA.-
Por cierto, los Senadores democratacristianos, que solidarizamos con el Honorable señor Moreno y le expresamos públicamente nuestra adhesión personal, estamos muy tranquilos ante las amenazas que acaba de proferir el señor Montes. Pero, como es evidente, no puede menos que extrañarnos que los Senadores comunistas hayan tenido que esperar la exhibición de cargos hecha esta mañana en la Sala por el Senador señor Moreno, para amenazar con las penas del infierno a quien se ha atrevido a desenmascararlos. Durante dos meses ellos han mantenido en este recinto, en la Cámara de Diputados, en su prensa, en las radioemisoras y en la televisión, una campaña afiebrada en la que disparan y propinan toda clase de injurias y calumnias a los adversarios del Gobierno. Este es un hecho que consta a todo el país. Y no podemos menos que señalar la conducta tan peculiar de los Senadores comunistas de que, cuando les duele, en lugar de contestar derechamente los cargos que se les formulan, responden con amenazas, prometiendo exhibir pruebas de supuestas irregularidades que a nosotros nos dejan muy tranquilos, pues nadie pretenderá que los comunistas, por una extraña virtud de la caridad, hayan guardado hasta ahora silencio respecto de cualquier cargo que pudiera afectar al Honorable señor Moreno. Sabemos que el señor Senador tiene las manos y su vida muy limpias para responder por él, por su partido y por las responsabilidades que tuyo en la CORA o en cualquiera otra parte donde ha actuado hasta ahora, tanto en su vida pública como en la privada.
Lo que sucede en estos momentos es otra cosa: estamos asistiendo a una farsa que se cae a pedazos. Recuerdo que en tiempos del Gobierno del señor González Videla solían montarse estas campañas contra el mercado negro y la especulación. Hubo dos ciudadanos que adquirieron fama y quedaron en la memoria de toda la gente que presenció los acontecimientos de hace veinte o veinticinco años. Eran los industriales del pan, los señores Ogando y Castaño: cada vez que la inflación subía un punto debemos reconocer que en aquel tiempo se elevaba en uno o en medio punto y no en decenas de puntos a la semana, como ocurre hoy, el Gobierno, de la noche a la mañana, tramitaba un proyecto de facultades extraordinarias y los señores Ogando y Castaño, como el guatón Loyola de las bofetadas, estaban listos para caer presos e iban a parar relegados a Putre, Codpa, Visviri, etcétera. Estos son hechos de nuestra historia. Por eso, no puede menos que darnos pena y repugnancia la campaña de corte goebbeliano a que estamos asistiendo en estos días. ¡Si está en la historia de la Alemania durante la guerra el hecho de que fue Goebbels quien inventó la excusa, tan usada hoy por los hombres de Gobierno en nuestro país, cuando empezaron a escasear los cigarrillos en la Alemania nazi! El fue el primero que descubrió que, para explicar esa escasez, había que atribuirla al aumento en el consumo de cigarrillos. Cuando aparecieron el racionamiento y el mercado negro en ese país, Goebbels también descubrió que había que echar la culpa a los judíos. Y aquí en Chile ahora nos encontramos con estos Goebbels de segunda clase que descubren que, cambiando a los judíos, debe responsabilizarse a la Oposición, a la contrarrevolución y al imperialismo de lo que es corrupción a la vista de todo el mundo.
Esta mañana, el Honorable señor Moreno dio una lista de dirigentes de FENSA implicados en irregularidades. Sobre ella no ha habido respuesta, salvo las dudas expresadas por el Honorable señor Rodríguez.
Por otra parte, todos los días vemos denuncias de acaparamientos, en las cuales, si sumamos los kilos y toneladas que se requisan, podemos comprobar que se trata de cantidades ínfimas, de pequeños porcentajes o de milésimas de las cantidades que Chile necesita consumir a diario y de las que disponía normalmente hasta que empezó el descalabro económico provocado por la actual Administración.
Los Senadores de Gobierno, al oponerse a que los parlamentarios de Oposición usen esta tribuna democrática para dar a conocer al país la verdad de los hechos, en lugar de ejercer su derecho legítimo de rebatirnos o de contestarnos, se destapan con injurias. Incluso el Senador señor Contreras, hombre a quien respeto no sólo por sus años, sino por su fibra de obrero legítimo, ha sido tan deformado por su militancia comunista, que esta mañana ha llegado al extremo, del que a mi juicio se lamentará él mismo, de decir que los obreros democratacristianos que estuvieron relegados en Pisagua junto a obreros comunistas y socialistas, cuando ese campo estuvo abierto por la ley de Defensa de la Democracia, eran dos gatos;
Hemos visto muchas muestras de sectarismo y de pasión en lo que va corrido de este Gobierno, pero nunca habíamos oído una injuria semejante proferida por un militante comunista, como es el Honorable señor Contreras, en contra de trabajadores que, para él, según parece, incurrieron en el pecado, y siguen incurriendo en él, de militar no en el Partido Comunista, sino en la Democracia Cristiana.
Esos hechos dejan en descubierto la conducta antidemocrática de los Senadores comunistas y, en general, de los de Gobierno. Por eso, nosotros insistimos en la necesidad de hacer plena luz sobre lo que ocurre en estos días en el país en torno de especulación y mercado negro, y consideramos muy importante la publicación de toda clase de antecedentes al respecto.
Por lo expuesto, voto que sí.
El señor PALMA (Presidente).-
Puede fundar su voto el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.-
En nombre del Partido Socialista y, según creo, de los colegas de la Unidad Popular, deseo expresar nuestra solidaridad con los Senadores del Partido Comunista.
A mi juicio, como lo he dicho más de una vez y como se lo representé en otro debate interesante al colega señor Moreno, toda su vehemencia y todo su aspecto crítico lo llevan exclusivamente a castigar a los sectores populares representados en el Senado. Hasta ahora, nunca se ha escuchado su voz para criticar alguna brecha del Partido Nacional o de los grupos fascistas. Todas sus palabras se han transformado en un lenguaje anticomunista reiterado una y otra vez, con un carácter cada vez más agresivo. Y la verdad es que cuando se toma ese camino del anticomunismo tan reiterado, eso, a propósito de lo que recordaba el Honorable señor Irureta, a veces huele a fascismo o a aproximación al fascismo. En mi opinión, ello es condenable en el colega señor Moreno.
Por eso, considero que todo el caudal de antecedentes que el señor Senador ha traído esta mañana con seguridad, algunos absolutamente veraces y otros que no son tales, como yo mismo lo he puesto en duda ha sido endilgado, como lo ha hecho el Partido Nacional, exclusivamente como un ataque de clase a un partido de estirpe obrera como es el comunista. Los socialistas rechazamos rotundamente tal procedimiento. Creo que, siendo cierto históricamente el ejemplo que puso el Honorable señor Irureta, se vuelve como argumento contra ellos mismos, pues no salen de estas bancas los arrestos fascistas y totalitarios, sino, precisamente, de las bancas de enfrente o de los sectores que ellas representan. Todas las tentativas fascistas, todas las actitudes conspirativas surgen de los antros fascistas de la Derecha. Y en esa ofensiva se ubica, por desgracia, el colega señor Moreno, con su voz, con su tono, con sus documentos y pruebas; todo se parece al fascismo.
Por lo expuesto, rechazo también la posibilidad de publicar los documentos que él mencionó, como una protesta por su actitud y en un acto de solidaridad con los colegas del Partido Comunista.
El señor PALMA (Presidente).-
Puede fundar su voto el Honorable señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente, normalmente todos los Senadores democratacristianos hemos dado nuestra aquiescencia para la publicación de documentos solicitada por los diversos sectores del Senado. Nosotros no variamos en esa opinión.
En nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana, yo también quiero hacer presente que solidarizamos con nuestro camarada el Senador señor Moreno frente a las imputaciones que se le puedan hacer o que se le han hecho, cosa que no sucede por primera vez. En oportunidad anterior, no un militante del Partido Comunista, sino la Honorable señora Carrera, que en este instante no se encuentra en la Sala, dijo lo mismo que expresó ahora el Honorable señor Montes. Sin embargo, jamás se ha podido exhibir un documento que atestigüe lo que ellos han manifestado. Y, como es indudable, no podrán traerlo, porque la actitud del Honorable señor Moreno como Vicepresidente de la CORA, como funcionario de alta categoría del Gobierno del Presidente Frei, fue siempre de absoluta corrección en los procedimientos como empleado público, como persona y como profesional. De ahí que nosotros rechazamos tales imputaciones por ser absolutamente falsas, no corresponder a la realidad y ser sólo producto del apasionamiento, y eso, como es indudable, no puede ser lo más conveniente para el momento político que vive el país.
Quiero hacer presente también que nosotros tenemos el claro criterio de que en Chile se están ahondando situaciones que cada día son más graves. Varios señores Senadores han formulado aquí denuncias extraordinariamente serias con relación a abusos cometidos, sobre todo en las poblaciones, en lo atinente a la distribución de alimentos por parte de las JAP o de elementos de los partidos de la Unidad Popular.
Me constan hechos de esa índole. En la ciudad de Rancagua he visto cómo personas modestas, de avanzada edad, han recurrido a las autoridades para obtener la solución de sus gravísimos problemas.
Eso es verdad, y los Senadores representantes de la Unidad Popular deben comprenderlo. No se trata de invenciones motivadas por afanes de orden político-electoral, sino de una realidad muy vivida por las clases más modestas de nuestra población,
Por eso, voto afirmativamente, haciendo presente al mismo tiempo nuestra protesta por el hecho de que, sin prueba alguna, se hayan lanzado imputaciones tan injuriosas para el honor de nuestro camarada Senador Rafael Moreno.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, soy partidario de publicar los documentos cuya inserción solicité. Y explicaré la razón.
Esta mañana traje al Senado documentos, pruebas y afirmaciones que, si merecen alguna réplica, ella debe plantearse en el mismo terreno, con pruebas y antecedentes.
Jamás hemos levantado nuestra voz para injuriar y denostar a persona alguna. Siempre hemos defendido nuestras ideas, y lo haremos en forma irrenunciable, sea cual fuere el parecer, el agrado o desagrado que ello provoque a ciertas personas.
Nuestro mandato no emana del beneplácito del Partido Comunista ni de gracia suya. No estamos aquí porque esa colectividad nos haya permitido llegar. Gracias a Dios, aún subsiste en nuestro país la democracia, y quienes se sientan en esta Sala lo hacen por voluntad del pueblo y no por la de quienes muchas veces quieren negar a aquél ese derecho.
No es nueva esa amenaza stalinista que un Senador del Partido Comunista lanza en mi contra. La han lanzado desde los primeros días del año 1971, cuando yo tenía la oportunidad de participar, en representación de mi partido, en un programa del Canal Nacional de Televisión que posteriormente se clausuró. Siempre, velada, directa o indirectamente, fueron haciendo amenazas para que uno se abstuviera de decir lo que deseaba, para que cerrara su boca y para que, por temor o cobardía, se sometiera a aquellos que, sabiendo que no tienen la razón, apelan a la fuerza, cuando pueden, para intentar doblegar al adversario.
No me asustan ni la bravata, ni la amenaza, ni la estupidez de quien pretenda aquí enlodar mi honra. Desde que dejé mi cargo de Vicepresidente de la CORA, he estado en el país todos los días; no he salido de Chile un solo momento; he enfrentado el juicio público y el juicio privado; nada tengo que esconder; mi patrimonio lo conocen públicamente todos los que son mis amigos y quienes se relacionan conmigo; no poseo riquezas; mis manos están limpias; hoy día tengo lo mismo que tenía cuando asumí obligaciones gubernativas en el régimen anterior.
Por eso, me tienen sin cuidado las amenazas, las injurias y las calumnias que quieran lanzar en mi contra, porque aquí estoy para responder; y no callaré ante infamias de tal naturaleza.
Por lo demás, ya procedieron en esa forma cuando fui candidato a Senador por la Agrupación de O'Higgins y Colchagua. Inventaron las cosas más truculentas e increíbles que se pueden imaginar; ni siquiera respetaron el honor de mi hogar: no se detuvieron ante nada. Y los resultados están a la vista. Probablemente, muchos de los que sirvieron de plumarios se están arrepintiendo hoy día de haber cometido el error de mentir tanto, pues la gente termina por descubrir dónde se halla la verdad.
No me asusta la amenaza de los Senadores del Partido Comunista, porque aquí me van a encontrar.
En la hora que estamos viviendo en Chile, no sólo yo soy actor o víctima de la increíble presión intelectual y física que se ha desatado. Hay un caso probablemente, la opinión pública lo conocerá en estos días que demuestra cómo el stalinismo ha llegado a atacar a gente de las propias filas de la Unidad Popular.
Helvio Soto, especialista en cinematografía, es reconocido militante de la Unidad Popular y partidario del actual Gobierno. Me agradaría que los señores Senadores y quienes leen las versiones de las sesiones del Senado vieran lo que dicen los diarios Puro Chile y El Siglo a ese hombre por haber cometido el pecado de decir su verdad acerca de lo que ocurrió en Lo Hermida. Lo están purgando; lo echan de todos los lugares donde trabaja; lo persiguen.
Si actúan de ese modo con uno de los suyos, ¿qué podemos pedir quienes discrepamos de ellos?
Pero que quede bien en claro esto: los democratacristianos vamos a defender nuestra verdad a cualquier precio y en cualquier terreno. Porque, en esta hora dramática de Chile, no seremos ni cobardes, ni rastreros, ni miserables, y no nos dejaremos doblegar ni por la amenaza, ni por la presión ni por un octavo de aceite.
Por eso, pido insertar los documentos a que me referí. Si pueden replicar con razones, háganlo. En caso contrario, el país será testigo de quiénes son los que calumnian, injurian y mienten.
Voto que sí.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, siempre he votado a favor de las solicitudes de inserción de documentos, a menos que éstos sean muy extensos o que constituya abuso incluirlos en la versión. Pero cuando un documento es parte de un discurso y sirve para su comprensión, jamás he negado mi voto afirmativo, y por eso ahora acogeré la petición del Honorable señor Moreno.
Quiero, sí, hacer ver al Senado que tal vez será preciso corregir la versión, porque hubo aquí, en las expresiones de los Senadores comunistas, lo que Freud denomina acto fallido. ¿Cuál fue el acto fallido? Al dirigirse al Honorable señor Moreno, le expresaron: Ahora que usted es anticomunista, ahora que se ha tornado rabiosamente anticomunista, lo vamos a acusar de los dolos en que ha incurrido.
Esto ya lo sabe el país. Posiblemente, después se arregló un poco la frase. Pero todos oímos decir que a quien es anticomunista lo acusan, con razón o sin ella. Y, en Chile, ser anticomunista significará una sola cosa: tener una vida muy limpia. Porque el que no la tenga deberá saber que le sacarán a la luz todos sus antecedentes.
Por lo tanto, para el Honorable señor Moreno, a mi juicio, aquello es un acto de limpieza total, de reconocimiento absoluto de cuanto ha hecho. Mucho me he distanciado de Su Señoría en los aspectos doctrinario e ideológico; pero, en cuanto a corrección personal, él tiene ya un timbre perfectamente claro: es anticomunista. Y es anticomunista porque puede serlo. Y ya están amenazados quienes son anticomunistas: de ellos se dará a conocer todo cuando los pueda perjudicar.
Me preocuparé de la versión, porque esas palabras deben quedar para el conocimiento del país, pues ello es muy importante. ¿Por qué esta gente nos preguntamos a veces se halla al lado de los comunistas? Ahora vamos a dudar de quiénes están de su parte. Debe de ser por miedo, a causa de algo que hicieron en la juventud. Quizás tengan algún pecado que ya está registrado, y por temor se encuentran al lado del Gobierno. Y cuando a solas nos digan que determinada cosa es mala pero que no pueden pronunciarse al respecto, y den alguna razón de orden sentimental, sentiré en mi corazón que se hallan imposibilitados de hacerlo por algún pecado cometido.
En consecuencia, el Honorable señor Moreno no necesita otro antecedente que el escuchado aquí para sentirse muy tranquilo en cuanto a su honra.
Voto que sí.
El señor CONTRERAS.-
Señor Presidente, aquí se ha dicho que se calumnia. Yo no sé quién tiró la primera piedra. Pero después se espera que aquellos que han sido calumniados permanezcan sentados y tranquilos.
Hay gente que afirma que los comunistas amenazan. Pero en las páginas de los diarios de Derecha, sobre todo en los de la cadena El Mercurio, cada día se sostiene que los marxistas hacen esto o lo otro. Como quien dice, ser marxista es un estigma, implica cometer un pecado mortal; en buenas cuentas, constituye un crimen profesar una doctrina científica.
Durante la discusión del proyecto, un señor Senador nos hizo aparecer a los comunistas como gente que ha tenido un pasado negro, de abusos, de robos.
En la Administración de Gabriel González Videla, tuvo la responsabilidad de dirigir el Instituto de Economía Agrícola, en el carácter de Vicepresidente, Juan Chacón Corona. ¡Qué no se dijo de él! ¿Y quiénes lo dijeron? La prensa derechista y la Derecha en general, formada en aquel tiempo por los Partidos Liberal y Conservador.
A mí me llama la atención que gente que compartió responsabilidades de Gobierno en aquella época facilite el uso de la palabra para que se calumnie miserablemente a los comunistas. Nosotros tenemos un pasado. Y desde el comienzo del desarrollo del movimiento popular en Chile, el compañero Luis Emilio Recabarren fue calumniado de manera vil: se lo acusó primero de estar vendido al oro peruano, y, en seguida, de ser instrumento del comunismo internacional.
Pero todo esto no lo ha borrado el tiempo, sino la conducta de nosotros, los comunistas. La opinión pública más consciente, los trabajadores, han llegado al convencimiento de que no sólo pretendemos ser honrados, sino que lo somos. Y bien saben los señores de la Derecha chilena los de ayer y los de hoy; quienes se han incorporado en este instante a ese sector cómo llegamos al Gobierno de Gabriel González Videla y por qué salimos. No llegamos como ladrones ni salimos como tales. Salimos, con nuestra frente en alto, cuando González Videla nos dijo que permaneceríamos en el Gobierno siempre que fuéramos incondicionales suyos. Y nuestro Secretario General, Ricardo Fonseca, le expresó: ¡El Partido Comunista no es incondicional ni siquiera de su Secretario General! Allí se produjo el rompimiento. El Presidente nos dijo: Ustedes se van del Gobierno. Y nos fuimos. ¿Adonde? ¿A medrar alrededor de otros partidos políticos, para acoplarnos con quienes nos ofrecieran garantías personales? Afrontamos hidalgamente nuestra situación política del momento. Y más de dos mil compañeros fueron a poblar el campo de concentración de Pisagua; otros tantos poblaron las islas del país. El que habla, habiendo sido Ministro de Gabriel González Videla, el traidor, fue a la inhóspita isla de Melinka, donde vivió a expensas de la atención que pudieron dispensarle sus familiares.
Y ahora unos cuantos que participan en política, que ascendieron por el hecho de haber ocupado un cargo público o porque contaron con muchos recursos se sienten con derecho a injuriar y a enlodar la honestidad de muchos que, a costa de grandes sacrificios, y no por voluntad de don dinero ni de las empresas, hemos llegado a ocupar estas bancas. Hemos sido elegidos por los trabajadores. No amenazamos a nadie, pero dejamos en claro que la calumnia y la infamia la responderemos en todas partes.
Se acusa a los comunistas, por ejemplo, de negar o de coartar la libertad. ¿Quiénes son los que nos atacan en estos instantes? Los mismos que ensangrentaron sus manos en El Salvador, donde cayeron mujeres y niños segados por la metralla; los mismos que ayer masacraron a los pobladores en Puerto Montt nos vienen a hablar de amor a la clase obrera; los mismos que ayer pusieron en práctica las listas negras, los mismos que despidieron a seiscientos trabajadores en Valparaíso, se creen con autoridad moral para injuriar y reprochar la conducta de los comunistas.
No necesitamos perdón de nadie. Sabemos que es la opinión pública la que debe juzgar nuestras actuaciones. No son ni la Derecha chilena ni algunos democratacristianos los llamados a darnos pautas de honradez, porque llegado el momento pondremos las cartas sobre la mesa y analizaremos cuál fue su conducta durante la Administración pasada.
El señor PALMA (Presidente).-
¿Cómo vota, señor Senador?
El señor CONTRERAS.-
Voto que no.
El señor PRADO .-
Señor Presidente, lamento las expresiones vertidas esta mañana por el Partido Comunista por intermedio de los Honorables señores Contreras y Montes en especial por este último, pues le han dado al debate un cariz que no debió alcanzar.
En verdad, el Honorable señor Moreno ha sido muy duro, extraordinariamente duro. Y lo fue, porque lo que pretende realizar el Gobierno expuesto en el discurso del Ministro Flores es para mí, igual como apuntaba recientemente el Honorable señor Aguirre Doolan, un inexplicable paso, un increíble paso, un error y una irresponsabilidad política.
Al margen del malabarismo de palabras no sé cómo lo calificó el Senador Moreno, es muy grave lo propuesto por la actual Administración. En consecuencia, ¡no insistan Sus Señorías en que no habrá racionamiento! ¿Dónde están parados? ¿En qué campana están encerrados? ¿No se dan cuenta de que el problema radica en que la economía no produce manejada por ustedes? Esto es una verdad tan vertical como la de que el cobre, administrado por ustedes tiene los costos más altos de la historia de Chile, sobre todo después de que se retiraron más de doscientos ingenieros de esa actividad.
Esa es la experiencia de ustedes. Y les voy a traer otra en algunos días más: lo que ocurre en la Refinería de Ventanas, donde hay mala administración, desconfianza e insolvencia personal.
Entonces, el Honorable señor Moreno ha sido duro, tremendamente duro, porque además de la situación económica, que hace que el país esté sufriendo escasez en todas partes, el Gobierno descubre una martingala, una especie de estrategia: como ya no pueden negar que la economía está fracasada, tratan de trasladar la responsabilidad a otros sectores. Esa maniobra está a ojos vista. Por eso puedo decirlo tan claramente.
El Honorable señor Valenzuela me acaba de confirmar que es efectiva la denuncia formulada en el sentido de que en Rancagua ya se están repartiendo tarjetas de racionamiento para distintos tipos de productos, pero sólo a comunistas y socialistas.
Yo, que no soy anticomunista de profesión, puedo decir con mucha tranquilidad a los comunistas pues suelo tener diálogos muy francos con ellos y con los socialistas aquí en los pasillos que estoy cansado y que me da no sé qué traer las denuncias, una por una, que prueban él sectarismo increíble que los está carcomiendo, desgraciadamente, ante la incapacidad e indecisión del Presidente de la República, señor Allende, para elegir, de una vez por todas, uno de los dos caminos, porque no hay dos.
Ustedes están profesando una vía totalitarista, de estirpe totalitaria, y eso no lo pueden hacer en un país que tiene un marco democrático. Para hacerlo, necesitan lo que han tenido en otros países socialistas. ¿Y saben lo que necesitan? Que las fuerzas militares estén al servicio del Partido Comunista, lo que no ocurre aquí en Chile. Y ustedes saben que aquí esa realidad no existe, y nosotros también tenemos conciencia de ello. Ese es el fondo del asunto.
Todo lo que están levantando y que antes llamamos irracionalidad, no es sino consecuencia de este proceso.
Y a cincuenta días de una elección no se inventa ni se programa un sistema de regimentación de la vida en cada manzana de las ciudades de Chile, Honorable señor Rodríguez. A usted, que habla de totalitarismo aquí en el Senado, debo decirle que eso no se hace.
Las JAP son organismos paralelos a las juntas de vecinos, que sí son entidades legales que deben tener las atribuciones de las llamadas JAP. Pero como ustedes son totalitaristas se lo digo con mucha tranquilidad, no pudieron permitir que las juntas de vecinos, organismos legales, asumieran determinadas funciones, por lo cual tuvieron que inventar las JAP.
Podría poner muchos ejemplos, como el del Canal 9 de la Universidad de Chile. Allí, después de realizarse un plebiscito, hay gente que sencillamente se chanta, se para y dice no cumplo, obligando a otros a sacar el fusil, a pegar, a protestar. Y, aún más, obligan a ponerse en posiciones extremas. Ustedes, precisamente, están creando y llevando a una situación extrema a quienes se ubican en el otro lado; extrema y probablemente violentista, porque las actitudes que están tomando en el país producen esas consecuencias.
Entonces, el Honorable señor Moreno ha planteado con dureza su pensamiento. Pero, ¿cómo no va a ser duro y grave que obreros y dirigentes comunistas y socialistas estén repartiéndose los refrigeradores y las unidades de la línea blanca a que se hizo mención? ¿Qué clase de mística o pureza revolucionaria hay detrás de eso? De ahí emana una desconfianza fundamental en la moralidad.
Pero no me cabe duda de que el Honorable señor Víctor Contreras es un hombre intachable. Nadie ha puesto en duda su persona ni su conducta. Esa es la verdad de las cosas. El Senador Moreno tampoco lo hizo. El mencionó antecedentes políticos.
Por otro lado, los comunistas no han sido muy suaves estos últimos días, particularmente a través de El Siglo o por intermedio de la actuación de un Senador comunista hechos que no quiero tocar, porque no deseo volver sobre ese tema que formuló una denuncia que nos afectó a todos, y eso fue hecho de una manera muy felona; pero repito no quiero referirme a esa materia.
Ante tales sucesos, pues, Sus Señorías no pueden esperar blandura. En Chile estamos viviendo un clima que encuentro muy irracional, muy negativo. Y de aquí tiene que emerger este tipo de consecuencias. Y la peor de todas quiero terminar mis palabras con esto fue la amenaza increíble y absurda del Senador Montes.
Eso no se hace. Yo puedo admitir que cualquier Senador de cualquier partido político tenga discrepancias con el Senador
Moreno, por su estilo, por su manera de pensar, por lo que quieran, pero no puede ser aceptable valerse de determinadas apreciaciones para poner en tela de juicio la honra de las personas.
Este tipo de cosas queda como un chantaje extrajo, indigno entre nosotros. Yo no haría eso. El día que tenga que decir algo y deba exponerlo a la luz pública, lo haré directamente, pero no en la forma que lo hizo el señor Montes. Creo que la suya fue una actuación fría que no lo prestigia. Al revés. Además, nos deja un amargo sabor.
Al igual que el resto de los Senadores democratacristianos, quiero expresar al Honorable señor Moreno mis palabras de adhesión a su persona y mi solidaridad en todo lo que se refiere a su honra personal.
Y por esa misma razón, creo que debe acordarse la inserción del documento que se solicita.
Se aprueba la inserción solicitada (10 votos por la afirmativa, 5 por la negativa y 3 pareos).
El señor PALMA (Presidente).-
Se levanta la sesión.
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3.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO RECAÍDO EN EL MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE TIPIFICA DELITOS DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros el Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley que tipifica delitos de carácter económico.
A las sesiones en que se debatió esta materia asistieron, además de los miembros de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Jerez; los señores Ministros de Justicia don Jorge Tapia y don Sergio Insunza; el señor Fiscal de la Dirección de Industria y Comercio, don Hernán Labarca; el Jefe del Departamento de Estudios del Ministerio de Justicia, don Raúl Brañes; el Asesor Jurídico del Ministerio del Interior y Profesor de Derecho Penal, don Sergio Politoff, y el Presidente del Instituto de Ciencias Penales y Profesor de Derecho Penal, don Miguel Schweitzer.
También se escuchó una exposición de don Eduardo Dagnino, Asesor Jurídico de la Confederación de la Producción y del Comercio.
1. Exposición de los señores Schweitzer y Politoff.
El señor Schweitzer expresó que se limitaría a entregar opiniones personales, ya que el Instituto de Ciencias Penales no ha tenido oportunidad de conocer en forma oficial el texto del proyecto de ley en informe y, por lo tanto, no ha podido analizarlo detenidamente a fin de proporcionar a la Comisión una opinión técnica al respecto.
Señaló que el Instituto que preside se ha preocupado, desde hace muchos años, de estudiar las materias de que trata esta iniciativa. Fue así como, en 1941, por iniciativa del Instituto, se realizó en Chile el Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología, certamen en el cual uno de los temas tratados fue el relativo al delito económico. La relación del tema estuvo a cargo del distinguido jurista y Profesor de DerechoMercantil don Raúl Varela Varela, quien lo enfocó destacando fundamentalmente la idea de lo que debía entenderse como el orden público económico. Para el Profesor señor Varela el concepto de orden público económico comprende el conjunto de medidas y reglas legales que dirigen la economía, organizando la producción y la distribución de las riquezas, en armonía con los intereses de la sociedad. Por delito económico entendía los hechos que importen transgresión de aquel orden.
Recordó también las palabras pronunciadas en ese Congreso por el Profesor de Derecho Penal, de nacionalidad argentina, don Sebastián Soler, quien ponía el acento en el cuidado con que hay que emplear las palabras en un texto legal cuando el significado de un vocablo puede depender la libertad o la prisión de una persona.
Más tarde, añadió el señor Schweitzer, en 1962, el Instituto realizó las Quintas Jornadas de Ciencias Penales, en las que se trató específicamente el delito económico. El primer tema que se abordó decía relación con la idea de legislar sobre la materia, e intervinieron en él como relatores los señores Raúl Ampuero, Francisco Bulnes y Humberto Enríquez. En el segundo tema, relativo a la estructura del delito económico, intervinieron el Profesordon Luis Cousiño en la parte referente al delito socioeconómico; el Profesor señor Alfredo Etcheberry sobre la objetividad jurídica del delito económico, y el ex Magistrado don Federico Peña sobre el delito económico en sí mismo. En el tercer tema, relativo al procedimiento, intervinieron como relatores los señores Tomás Chadwick y Víctor García Garzena.
Agregó que le parecía no sólo útil sino indispensable legislar sobre la materia en un texto que tenga por objeto compilar las disposiciones legales vigentes que se encuentran dispersas.
Como observación de carácter general, señaló, se advierte la inexistencia de disposiciones que comprendan el conjunto de actuaciones que pudieran en un momento dado incriminarse a la autoridad pública, que tiene mucho que ver en esta legislación que se proyecta. El particular afectado, aquél sobre quien se deja caer el peso de la autoridad, está indefenso frente a una serie nutrida de actividades que son lesivas para sus intereses particulares. Declaró que estaba con quienes creen que el interés particular debe ceder en favor del interés general, opinión que desde hace muchos años ha venido ganando adeptos, especialmente entre ios penalistas, hasta convertirse en una especie de dogma. Sin embargo, no es posible, a su juicio, prescindir tan absolutamente de los intereses particulares cuando son legítimos y se ven afectados por vulneraciones que permitirían adoptar medidas punitivas. No obstante existir disposiciones en la legislación vigente que consagran sanciones bastante drásticas para aquellos funcionarios que transgreden las normas que están obligados a respetar, ellas adolecen de la limitación de la acción semi pública o semi privada, que necesita para su ejercicio del requerimiento de la Dirección de Industria y Comercio. Por tal razón, le parece que el proyecto en análisis sería incompleto, al omitir disposiciones dé la naturaleza señalada.
Estas serían las observaciones, dijo el señor Schweitzer, que en forma muy general le sugiere el proyecto. Respecto del articulado del mismo, manifestó que tendría otras observaciones que formular, las que tal vez sería más útil considerar durante la discusión particular, ya que principalmente dicen relación con la similitud que se advierte entre las normas propuestas y otras vigentes. Ello podría justificar un estudio que permitiera determinar si es adecuado mantenerlas en este proyecto o, por el contrario, si es más prudente conservarlas en los textos vigentes. Así ocurre, por ejemplo, con la norma del inciso tercero del artículo segundo de la iniciativa en informe, que se refiere a la destrucción o eliminación de bienes del mercado con el propósito de producir desabastecimiento, alterar el orden público o causar daño a la seguridad, disposición que es similar a otra contenida en la Ley de Seguridad del Estado. Para evitar en la aplicación de la ley todos los problemas que derivan del concurso aparente de leyes, estimó que sería útil clarificar en este proyecto esa materia, destacando nítidamente que ésta sería una legislación particular.
El Profesor señor Sergio Politoff manifestó su complacencia por las palabras del señor Presidente del Instituto de Ciencias Penales en cuanto dicen relación con la idea, compartida a su juicio por todos los miembros del Instituto y por los estudiosos del Derecho Penal, tanto nacionales como extranjeros, respecto a la necesidad de legislar sobre la materia a que se refiere este proyecto.
Respecto a la antigua preocupación de los juristas sobre esta materia, a que también se refirió el señor Schweitzer, añadió que, además del Segundo Congreso Latinoamericano de Criminología celebrado en 1941, tuvo lugar en Roma, en 1953, el Sexto Congreso Internacional de Derecho Penal, que se realizó precisamente para tratar el llamado Derecho Penal Social Económico; la Asociación Internacional de Derecho Comparado, en 1958, en Bruselas, se reunió para tratar la necesidad de legislar sobre esta materia; en el Primer Congreso Nacional de Abogados de Chile, celebrado en Santiago en 1954, se aprobó un voto sobre esta misma materia; el Instituto de Ciencias Penales hace más de diez años juzgó tan necesario legislar al respecto que realizó jornadas monográficas sobre el tema.
En cuanto a la alusión del Profesor señor Schweitzer al bien jurídico orden público económico, estimó que es indispensable tener presente esa idea antes de abordar el estudio del tema, a fin de poder unificar el conjunto de figuras delictivas en torno a un bien jurídico común. Sin embargo, consideró que no estaría de más tener presente que, siendo una idea necesaria, la moción de orden público económico puede aparecer como algo formal.
Desde von Ihering siempre se hacía la distinción, continuó el señor Politoff, entre los sujetos pasivos fundamentales: el individuo, el Estado y la sociedad, señalándose a cada uno un conjunto de intereses dignos de tutela. El orden público económico corresponde a un conjunto de intereses que están claramente definidos. Hay intereses económicos que no son del Estado ni son del individuo y sin embargo requieren de tutela penal. Si se observa nuestro antiguo Código Penal se puede advertir que las condiciones económicas del individuo aparecen tuteladas con una minuciosidad casi exasperante. Pero cuando se ha legislado con el propósito de tutelar los intereses económicos de la sociedad, se ha hecho con bastante liviandad, casi presionados por la necesidad.
Este proyecto de ley, señaló el señor Profesor, es el primer intento en Chile por definir las conductas delictivas en esta materia, describiéndolas y no simplemente mencionándolas. Así, por ejemplo, en lugar de decir el que acapare... se describe la actividad en qué consiste el acaparamiento. Además, en lugar de establecer un marco penal amplio, entregado al arbitrio del Juez, se gradúan los distintos elementos que el sentenciador debe ponderar, como la unidad del daño, la importancia del riesgo corrido por la colectividad, el ánimo perseguido por el agente, etcétera.
Coincidió con el Profesor señor Schweitzer en que respecto de esta clase de delitos no puede considerarse solamente la conducta de los particulares, sino que debe ser especialmente severa la legislación tratándose de funcionarios. A pesar de que según el Código Penal también deberán ser sancionados los funcionarios cuando induzcan o auxilien a quienes cometen delito, y les perjudicará la agravante del artículo 12 de ese cuerpo legal, que se refiere al empleado que abusa de sus funciones, cree que sería conveniente establecer un régimen más severo, tal vez podría ser una agravante más calificada, tratándose de funcionarios que de alguna manera contribuyan a la perpetración de esta clase de delitos.
Respecto a los riesgos que señaló el Profesor señor Schweitzer de los posibles concursos aparentes de leyes, opinó que se trataba de riesgos meramente técnicos, pero que se compensaban ampliamente con las ventajas que significa el establecimiento de una legislación explícita sobre la materia.. En efecto, señaló, se trata de riesgos técnicos de interpretación propios de la función del juez, quien, en presencia de diversas normas que pugnan aparentemente por regular un hecho, deberá optar, mediante un esfuerzo interpretativo, por aquella que mejor corresponda al hecho investigado. Mucho más grave sería que para evitar tales riesgos técnicos, se dejaran sin sanción hechos graves.
2. Exposición del señor Eduardo Dagnino.
El señor Dagnino expresó que es injustificado que el Gobierno pretenda explicar los problemas económicos actuales del país por la falta de disposiciones que permitan castigar conductas que atentarían contra el normal funcionamiento de la economía.
A su juicio, las causas de esta situación son otras. La inflación, debida a la emisión incontrolada; las arbitrariedades cometidas en contra de los empresarios grandes, medianos y pequeños, que detienen las inversiones; la indisciplina laboral, alentada desde medios políticos adictos al Gobierno; la inoperancia en la mayoría de las empresas estatizadas e intervenidas; la preeminencia otorgada a las finalidades políticas de predominio partidista sobre las normas del buen manejo económico y financiero, y otras que dependen exclusivamente de las medidas gubernativas.
Agregó que también es inexacto sostener que las conductas penadas por el proyecto no tienen actualmente sanción corporal como delito. Un rápido cotejo del Mensaje del Ejecutivo con la legislación vigente permite afirmar que todas dichas conductas podrían recibir hoy penas de presidio o prisión.
En efecto, el artículo 1º del Mensaje sobre omisión o falsedad en las declaraciones corresponde a los artículos 78 y 52 del Decreto Supremo Nº 1.379, de 1966, del Ministerio de Economía, que refunde la legislación económica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 de la ley Nº 16.464. El artículo 2º, sobre destrucción o eliminación de artículos esenciales, tiene su equivalente en el artículo 67 del citado decreto. El artículo 3º que aplica penas al que destruyere o inutilizare maquinarias, instalaciones u otros elementos de producción industrial,
minera, agrícola o comercial, se encuentra contemplado en el artículo 634 del Código del Trabajo y en el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado. El artículo 4º que sanciona los acaparamientos coincide con el inciso segundo del artículo 67 del ya citado decreto. El artículo 5º repite, con más palabras, una disposición contenida en el artículo 285 del Código Penal.
Por otra parte, añadió el sector Dagnino, la Confederación quiere hacer presente la vaguedad de los términos en que está redactado el proyecto, lo que podría permitir la arbitrariedad de los funcionarios al formular querellas que causen toda clase de molestias y perjuicios a los empresarios perseguidos hasta el momento en que la Justicia los absuelva.
En seguida, dijo que en el Mensaje hay un enorme vacío. No se sancionan las conductas de los interventores que arruinen una empresa contrayendo deudas superiores a las necesidades o a la capacidad económica del establecimiento, ni al funcionario que resiste las órdenes legítimas de la autoridad judicial o administrativa, ni a los obreros que mediante la ocupación de un establecimiento lo paralizan y precipitan una intervención infundada, ni a quien retarda la fijación de un precio oficial que con toda justicia debe ser alzado, etcétera.
Manifestó, a continuación, que la gravedad de las penas propuestas no corresponde a la de las infracciones.
Por las razones expuestas, el señor Dagnino solicitó el rechazo en general del proyecto, y para el caso de que se decida legislar sobre la materia, que se establezca también sanciones para quienes cometen los principales abusos en materia económica.
3. Exposición del señor Brañes.
El señor Brañes expresó que, como lo dice el Mensaje, el Gobierno no desconoce que existen numerosas disposiciones legales sobre la materia, pero que ellas carecen de sistematización y no dicen relación con las nuevas circunstancias que vive el país. Por consiguiente, él proyecto tiene por objeto perfeccionar la legislación vigente sobre la materia antes que modificar substancialmente dicha legislación.
En este sentido, la primera consideración que debe formularse dice relación con la circunstancia de que el Mensaje tiene alcances más amplios que la legislación económica vigente sobre el particular, pues ño está limitado a los bienes o servicios de primera necesidad.
Comparando las disposiciones del proyecto con la legislación vigente, el señor Brañes se refirió en primer término al artículo 1º del Mensaje y a los artículos 58 y 72 del Decreto Supremo Nº 1.379, que sancionan las declaraciones falsas que se hicieran a la autoridad.
Expresó que el citado artículo 72 castiga a quienes cometan falsedad en las declaraciones escritas en relación con la producción, existencia o distribución de artículos, bienes o servicios de primera necesidad, con multa de dos escudos.
Por su parte, el artículo 1º del proyecto castiga al que, a sabiendas, prestara una declaración falsa concerniente a la producción y distribución de bienes. Por consiguiente, en la descripción del tipo se advierten las siguientes diferencias: 1. Se exige la concurrencia de dolo directo, lo que hace más benévola la norma; 2. Se amplía el campo de aplicación de la norma a toda clase de bienes, y 3.Se limita el mismo campo de aplicación al no hacer referencia alguna ni a la existencia de tales bienes, ni a los artículos y servicios, que pueden aparecer en nuestra legislación como entidades diversas de los bienes. En lo que respecta a la sanción, el artículo 1º del proyecto consulta penas corporales, presidio menor en cualquiera de sus grados, y pecuniarias, multas si de la falsedad resulta un beneficio o ganancia ilegítima, que puede aplicarse incluso a la persona jurídica beneficiada y cuyo monto no puede ser inferior al beneficio ni superior al triple de él. En relación a la pena corporal, hizo presente que la propuesta en el Mensaje es sólo ligeramente superior a la prevista en el artículo 210 del Código Penal para el perjurio o falso testimonio ante la autoridad en materia no contenciosa.
En seguida, expresó que las normas que está analizando sancionan, también, a quienes proporcionan antecedentes falsos a la autoridad. El artículo 72 del Decreto Supremo Nº 1.379 limita esta figura delictiva a quienes cometan falsedad en asientos de contabilidad o balances, en relación con la producción, existencia o distribución de artículos, bienes o servicios de primera necesidad, y sanciona esta conducta con multa de dos escudos. En cambio, el artículo 1º del proyecto sanciona esta conducta sin limitar los antecedentes falsos a los meros asientos de contabilidad y balances y en la forma ya indicada en la figura anterior.
Por último, los artículos en análisis sancionan a quienes no formulen las declaraciones o proporcionen los antecedentes que la autoridad competente les requiera. En el Decreto Supremo Nº 1.379 coexisten dos sistemas sobre el particular. El primero de ellos está ligado a las declaraciones juradas y a los antecedentes que la Dirección de Industria y Comercio exija respecto de cualquier operación que se relacione con su ley orgánica. El segundo, se refiere a los datos que solicite la autoridad sobre la producción, existencia y distribución de artículos, bienes o servicios de primera necesidad. El inciso segundo del artículo 1º del proyecto engloba ambos sistemas y lo extiende a toda clase de situaciones.
El artículo 2º del proyecto sanciona a los que destruyan o eliminen del mercado artículos de uso o consumo habitual, estableciendo diversas sanciones según la naturaleza de estos artículos, los resultados del delito y los móviles de quienes lo perpetren.
Cotejando este precepto con el artículo 57 del Decreto Supremo Nº 1.379, resultan las siguientes diferencias: 1.La norma vigente establece un tipo único relacionado con los artículos de primera necesidad, exigiendo un perjuicio de la colectividad y sancionando esta conducta con una pena corporal que va desde los 61 días a los 20 años. La norma propuesta por el Gobierno establece tres figuras delictivas relacionadas con la materia; 2.El inciso primero del artículo 2º del proyecto sanciona con presidio menor en su grado mínimo la destrucción o eliminación del mercado de artículos de uso o consumo habitual; 3.El inciso segundo de la misma norma sanciona con una pena mayor al que destruya o elimine del mercado artículos declarados de primera necesidad, condicionando la aplicación de la pena a la magnitud del daño causado o al peligro corrido en el abastecimiento de la población o a la alarma social ocasionada.
El artículo 3º del proyecto sanciona la destrucción o inutilización de maquinarias, instalaciones, plantíos, etcétera, estableciendo, igualmente, diversas sanciones según los resultados del delito y los móviles de quienes lo perpetren.
El precepto sanciona tanto al propietario que destruya o inutilice bienes, como a los terceros que tengan dicha conducta, aplicándose en este último caso, además, las penas previstas para el delito de daño.
Por otra parte, esta conducta no está sancionada por la legislación vigente. El artículo 634 del Código del Trabajo pena un delito contra la libertad de trabajo y no un delito contra el orden público económico que el proyecto castiga y el artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado no es aplicable a hechos de esta naturaleza sino cuando ellos llegan a constituir una interrupción o suspensión colectiva en las actividades de la producción, del transporte o del comercio.
A juicio del señor Brañes, el artículo en estudio pondera correctamente las diversas situaciones en que debe punirse esta conducta: 1.La destrucción o inutilización de bienes, cuando el efecto dañoso que derivase o pudiere derivar de tales actos no fuere exiguo, lo que apreciará prudencialmente el juez de la causa, es sancionada con penas de presidio de 61 días a tres años; 2. Cuando tales actos producen no sólo un efecto dañoso no exiguo, sino de gran magnitud, la pena puede elevarse hasta 20 años, y 3.Por último, si el móvil que ha animado al delincuente ha sido producir desabastecimiento, alterar el orden público o causar daño a la seguridad, la administración, la salud o economía públicas, deben aplicarse precisamente penas que fluctúan entre cinco años y un día y 20 años.
El artículo 4º del proyecto sanciona el delito de acaparamiento, estableciendo también un sistema de sanciones que se aplica según los resultados del delito y los móviles de sus responsables.
Según las disposiciones vigentes y atendido el contexto de los preceptos pertinentes, el delito de acaparamiento de artículos de primera necesidad o esenciales se sanciona con presidio menor en su grado mínimo o multa de 1 a 15 sueldos vitales mensuales, debiendo aplicarse la pena corporal siempre que la conducta del infractor fuere manifiestamente dolosa. El proyecto, en cambio, es más amplio y más ecuánime. Más amplio porque no está limitado a los artículos de primera necesidad o esenciales. Más ecuánime porque exige un ánimo de lucro y porque gradúa las sanciones según los resultados del delito y los móviles de sus responsables, distinguiendo: 1.El simple acaparamiento con el objeto de obtener una ventaja indebida, que se sanciona con penas de 61 días a cinco años; 2.El acaparamiento con peligro para los suministros de la población o a los servicios públicos, que se sanciona con pena de tres años y un día a 5 años, y 3.El acaparamiento realizado para producir desabastecimiento, alterar el orden público o causar daño a la seguridad, la administración, la salud o la economía públicas, que se sanciona con penas de cinco años y un día a 20 años.
El artículo 5º del proyecto contempla otros delitos contra el orden público económico que pueden cometerse mediante la divulgación de noticias falsas, la realización de operaciones ficticias, la simulación de actos o contratos, o la ejecución de otras conductas fraudulentas.
Los bienes jurídicamente tutelados son: 1.La normalidad de los precios; 2.La estabilidad de los valores o efectos públicos; 3.El abastecimiento de la población y 4.El régimen económico y monetario. Algunos de ellos están amparados por la legislación vigente. Así, el artículo 285 del Código Penal sanciona a los que con medios fraudulentos alteren la normalidad de los precios con penas que van de 61 días a 3 años. La letra g) del artículo 4º de la Ley de Seguridad Interior del Estado sanciona a los que propaguen de palabra o por escrito o por cualquier otro medio en el interior, o envíen al exterior, noticias tendenciosas o falsas destinadas a perturbar el régimen económico o monetario, la normalidad de los precios, la estabilidad de los valores o efectos públicos y el abastecimiento de la población. Finalmente, el artículo 19 de la Ley de Abusos de Publicidad sanciona con penas pecuniarias la difusión maliciosa de noticias substancialmente falsas o de documentos supuestos, alterados en forma esencial o atribuidos inexactamente a una persona cuando por su naturaleza pueda causar daño grave a la economía pública. El proyecto, en cambio, cubre todas las posibilidades de acciones tendientes a deteriorar fraudulentamente la economía del país, estableciendo penas de 61 días a 5 años, que el juez de la causa aplicará de acuerdo a las circunstancias, los móviles que verosímilmente hayan determinado el hecho y la entidad o importancia de los intereses afectados o puestos en peligro.
Finalmente, el artículo 6º del proyecto hace aplicables al juzgamiento de estos delitos las normas contenidas en el artículo 173 de la ley Nº 16.464, es decir, estas conductas serán juzgadas con arreglo al procedimiento ordinario establecido en el Libro Segundo del Código de Procedimiento Penal para los crímenes y simples delitos de acción pública, pudiendo hacerse parte en el proceso a la Dirección de Industria y Comercio sin necesidad de formalizar querella.
4. Discusión General.
El señor Ministro de Justicia manifestó que la crítica que se ha hecho al proyecto es que las disposiciones que contiene ya existen en nuestra legislación. Agregó que las normas vigentes están dispersas y corresponden a otras realidades.
Añadió que es necesaria la dictación de una ley especial sobre la materia, porque las conductas fraudulentas que afectan a la economía se están agudizando. La población chilena está sufriendo problemas de desabastecimiento que en la mayoría de los casos no obedece a causas reales pino a conductas realizadas por personas inescrupulosas.
Agregó que era indispensable dictar un cuerpo mínimo de normas que permita afrontar la situación actual. Ese cuerpo mínimo está contenido en el Mensaje del Ejecutivo, el cual puede, evidentemente, ser mejorado durante su discusión en el Congreso Nacional.
El Honorable Senador señor Juliet manifestó su concurrencia a la aprobación de un proyecto de este tipo, aunque no cree que vaya a remediar la situación actual, que obedece, a su juicio, a razones económicas. Añadió que en el proyecto no se contienen disposiciones que persigan el mercado negro y que controlen el comercio ambulante, que no paga tributos y vende a precios muy superiores a los oficiales.
Al respecto sugirió que se piense en el comiso de los productos ofrecidos por comerciantes ambulantes y ocasionales con infracción de la legislación, porque de lo contrario la conducta fraudulenta podrá continuar por medio de un tercero. En el caso del comercio establecido en cambio, el comiso no se justifica, toda vez que este tiene otras y numerosas responsabilidades y controles.
Añadió que tampoco se proponen normas para regularizar la distribución de productos, que no se está haciendo por organismos o entidades sometidas a fiscalización, sino por medio de conductos indivisibles que alimentan la especulación directamente.
El Honorable Senador señor Rodríguez manifestó que el proyecto debía también sancionar drásticamente a los funcionarios del Estado que cometan delitos económicos.
El señor Ministro de Justicia manifestó que estudiaría disposiciones sobre las proposiciones de los Honorables Senadores señores Juliet y Rodríguez, las que serían presentadas por la vía de la indicación durante la discusión particular del proyecto.
El Honorable Senador señor Montes sostuvo que existe una situación real en el país, que no es de Gobierno u Oposición, sino que afecta a todos los chilenos, principalmente a los sectores más modestos: el mercado negro y la especulación. Hay conciencia generalizada de que es necesario Buscar mecanismos que ayuden a enfrentar el problema. Al respecto hay una proposición del Gobierno que puede ser incompleta o tener fallas, pero con ella se puede comenzar el estudio de una legislación al respecto, durante el cual puede ser mejorada con el aporte de todos los señores Senadores.
El Honorable Senador señor Carmona expresó que el proyecto de ley contenido en el Mensaje del Ejecutivo era incompleto ya que no sancionaba todas las conductas delictivas que pudieran presentarse en materia económica. Asimismo, agregó que la iniciativa en estudio aparecía derivada de situaciones demasiado circunstanciales.
Señaló que, aunque dispersa, hay vigente abundante legislación sobre la materia, especialmente en la ley Nº 16.464, modificada por la ley Nº 17.066, que sanciona todos los delitos económicos a que se refiere el proyecto.
Añadió que sin ser contrario a la idea de legislar sobre la materia, no estaba en condiciones por el momento de particularizar todas las figuras delictivas que debiera contener un proyecto de esta índole. Anunció que, sin embargo, su Partido precisaría ideas sobre la materia por medio de indicaciones o de un contraproyecto, que serían presentados en la Sala del Senado durante la discusión general.
Por ello, anunció que votaría favorablemente en general el proyecto, entendiendo que dicha aprobación significa más bien una aceptación para fines reglamentarios, pero que ella en ningún caso limitaba su libertad ni la de su Partido para proponer todas las indicaciones y modificaciones tendientes a precisar el alcance del proyecto, a ampliar su contenido y a mejorar su redacción.
El Honorable Senador señor Aguirre manifestó que votaría favorablemente la iniciativa en estudio, anticipando también que oportunamente presentaría un conjunto de indicaciones que están siendo estudiadas por los técnicos de su Partido, con el objeto de perfeccionar las ideas en debate.
Dejó constancia de su complacencia por la aceptación que encontraron de parte del Ejecutivo algunas observaciones del Honorable Senador señor Juliet tendientes a sancionar conductas ilícitas que no aparecían sancionadas en el proyecto original, o sea, sancionar actividades relacionadas con el mercado negro.
Asimismo, expresó su satisfacción por la buena acogida que ha tenido la idea de sancionar en forma particularmente drástica a aquellos funcionarios públicos que, en el desempeño de sus cargos, cometan delitos de la naturaleza de los descritos en el proyecto.
El Honorable Senador señor Bulnes expresó qué la aprobación en general de un proyecto de ley significaba la aceptación de la idea de legislar, sin que ello implicara la concordancia con todas las ideas contenidas en el proyecto respectivo. Sin embargo, cuando se vota favorablemente un proyecto en general debe existir cierto grado de conformidad con sus disposiciones, ya que no es posible aprobar en general un conjunto de normas que se estime inadecuado o inconveniente.
Declaró que no era contrario a la idea de legislar sobre delito económico, pero que la iniciativa sometida al conocimiento del Senado le merecía serios reparos. Agregó que consideraba responsable al Gobierno de la situación económica actual por su errada conducción económica. Por tal razón, una ley sobre delito económico debiera comenzar por sancionar a los responsables de toda la serie de actos administrativos que han llevado al país a su actual situación.
A continuación, manifestó que al analizar el proyecto podía advertir que cada una de sus disposiciones estaba mal concebida y se prestaban para futuros abusos y persecuciones. Así, por ejemplo, el artículo 1º sanciona a quienes no formulan declaraciones o no proporcionan antecedentes que les solicite la autoridad, aunque los afectados estén en la imposibilidad de proporcionarlos. Generalmente en materia de costos, los pequeños empresarios, y aun los medianos, sólo conocen los de los productos terminados, pero ignoran los de las diversas etapas. A pesar de ello, la infracción a la obligación de proporcionar tales antecedentes traería consigo penas corporales para los infractores.
También se sanciona con penas severas al que destruya o elimine bienes, sean de consumo o de capital, sin considerar que siempre es necesario estar destruyendo o eliminando bienes de consumo, incluso por los productores cuando deben mantener una calidad determinada para prestigiar una marca, y que en el caso de los de capital, también deben eliminarse maquinarias obsoletas para ser reemplazadas.
Por las razones expuestas, declaró que lo lógico sería votar en contra del proyecto en general, ya que no es posible aceptar la idea teórica de legislar sobre una materia determinada cuando se está en desacuerdo con las principales normas particulares que se proponen. Sin embargo, como advierte el propósito de la Comisión de estudiar con profundidad la materia a fin de mejorar el proyecto propuesto, y en la esperanza de que ese estudio pueda tener por resultado la dictación de una buena ley sobre delito económico, anunció que se abstendría en esta votación.
Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre, Carmona, Irureta y Rodríguez, y la abstención del H. Senador señor Bulnes, aprobó en general el proyecto.
5. Artículo 1º.
El artículo 1º del Mensaje sanciona las siguientes conductas:
El que, llamado por disposición legal o reglamentaria o resolución de la autoridad legal competente, a formular una declaración ante ésta o a proporcionarle antecedentes concernientes a las actividades de la producción o distribución de bienes, la prestare falsa a sabiendas, siempre que el precepto o decisión de la autoridad esté destinado a la regulación de dichas actividades.
Al que, en los casos referidos, omitiere formular las declaraciones o proporcionar los antecedentes dentro del plazo fijado por la ley, reglamento o decisión de la autoridad.
La sanción propuesta es la de presidio menor en cualquiera de sus grados, según la trascendencia del delito. Asimismo, si debido a la declaración o al suministro de antecedentes falsos se obtiene un beneficio que exceda al que habría correspondido legítimamente sin dicha circunstancia, se impone, además de la pena corporal, a la persona natural o jurídica beneficiada, una multa no inferior al monto de dicho beneficio ni superior al triple de él.
Los Honorables Senadores señores Carmona e Irureta presentaron una indicación sustitutiva del artículo, que sanciona las siguientes conductas.
Al que, obligado por la ley, presentare a sabiendas una declaración falsa sobre actividades de la producción o distribución de bienes.
Al que, en el mismo caso, omitiere formular la declaración, sin causa justificada, dentro del plazo legal. Las sanciones son las mismas que las contenidas en el proyecto.
El Honorable Senador señor Carmona expresó que la indicación ha sido ideada sobre la base de lo propuesto por el Ejecutivo, limitándose a adicionar o modificar el proyecto en este aspecto. Ello no significa que posteriormente los autores o su Partido puedan revisar su posición.
Agregó que la sustitución tiene por objeto, fundamentalmente, restringir la conducta penada a aquélla en que se infrinja una disposición legal, y dentro del plazo que ésta fije, al formular una declaración o al prestar la falsa a sabiendas. De este modo, se elimina que la exigencia de la declaración pueda tener como fundamento una disposición reglamentaria o una mera resolución de la autoridad administrativa, cuya infracción puede originar riesgos obvios de que por actitudes arbitrarias o ajenas al espíritu que inspira el precepto, se encarcele a ciudadanos.
Por otra parte, se precisa que la norma legal que exige la declaración deba estar destinada a la regulación económica de las actividades respectivas, porque la utilización de sólo el vocablo regulación, como lo propone el Ejecutivo, da una extraordinaria amplitud al precepto y podría comprender cualquiera clase de materias, como sanitarias, arquitectónicas, etc., y no sólo a las económicas, cuando el espíritu del proyecto es únicamente normar estas últimas.
Por último, expresó el Honorable Senador señor Carmona, en la indicación se pena la omisión solamente cuando es injustificada, condición que no contiene el proyecto del Ejecutivo.
Vuestra Comisión, por unanimidad, acordó tener como base de la discusión la indicación sustitutiva.
El señor Ministro de Justicia expresó que la legislación vigente sanciona a los que no prestaren las declaraciones que les pida la autoridad. Tal precepto nunca ha dado origen a situaciones conflictivas. Hace presente que pueden existir circunstancias, que la ley no puede prever, que hagan indispensable consultar la posibilidad de que sean las autoridades administrativas las que exijan antecedentes.
El señor Politoff manifestó que no se puede hacer el análisis de un precepto legal en forma exegética, sino que hay que estudiarlo como incluido en un sistema. Asimismo, el Código Penal no necesita decir, en cada artículo, que se requiere dolo para configurar una conducta delictiva, porque ya lo dice en la parte general. De la misma manera, el juez que conoce de una causa por infracción a la norma en discusión, tendrá que determinar si la decisión de la autoridad concierne al bien jurídico que se trata de tutelar y si los antecedentes que han sido solicitados a una persona están dentro de sus posibilidades.
Agregó que cuando una persona requerida por la autoridad, en razón de las necesidades propias de la regulación económica, mientras a sabiendas y de ello obtiene un beneficio indebido, debe existir también una sanción sin limitar el precepto sólo a los casos en que la ley determine la exigencia de proporcionar dichas declaraciones.
El Honorable Senador señor Bulnes manifestó que la expresión el que obligado por la ley no significa necesariamente que la declaración deba ser exigida por la ley. En efecto, si la requiere una autoridad que tiene facultades legales para hacerlo, y dentro de dichas facultades, el requerido queda obligado por la ley a presentar su declaración.
Distinto es el caso del inciso segundo de la indicación, que sólo se refiere al plazo fijado por la ley. Para la debida concordancia de ambas disposiciones debería enmendarse la norma con el objeto de que se sancione al que no presentare los antecedentes dentro del plazo fijado en conformidad a la ley, aunque éste sea determinado por la autoridad, pero dentro de sus atribuciones y de los marcos que la ley le señale.
Vuestra Comisión, por unanimidad, resolvió sancionar las siguientes conductas:
Al que requerido en conformidad a la ley presentare a sabiendas una declaración falsa o proporcionare antecedentes falsos a la autoridad competente sobre actividades de la producción o distribución de bienes.
Al que, en el mismo caso, omitiere formular la declaración o pre
a) sentar los antecedentes a la autoridad competente, sin causa justificada, en el plazo fijado en conformidad a la ley.
Las sanciones aprobadas son las mismas contenidas en el proyecto y en la indicación.
6. Artículo 2º.
El artículo 2º sanciona las siguientes conductas y con las penas que en cada caso se indican:
Al que destruya o elimine del mercado artículos de uso o consumo habitual, con presidio menor en su grado mínimo.
Al que destruya o elimine del mercado artículos declarados de primera necesidad, caso en el cual la pena podrá elevarse a la de presidio mayor en su grado mínimo, según la magnitud del daño causado o peligro corrido en el abastecimiento de la población o la alarma social ocasionada.
Al que destruya o elimine del mercado artículos con el propósito de producir desabastecimiento, alterar el orden público o causar daño a la seguridad, la administración, la salud o a la economía públicas, Con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados.
Los Honorables Senadores señores Carmona e Irureta formularon indicación para sustituir el precepto, sancionando con presidio menor en su grado mínimo al que destruyere o eliminare del mercado artículos de uso o consumo habitual, con el propósito de perjudicar a la comunidad, ya sea para producir desabastecimiento, alterar el orden público, afectar la salud de la población o de la economía nacional. Para que esta conducta pueda ser castigada, se requerirá que ella haya causado efectivo perjuicio a la comunidad.
El señor Politoff manifestó que es necesario hacer una graduación. El caso del que destruye bienes de primera necesidad con propósitos sediciosos o para producir desabastecimiento, es la situación extrema, por lo que en el proyecto se le asigna la sanción mayor. Pero, bien puede ocurrir que un individuo actúe en igual forma por otro tipo de motivos, y en tal caso la sanción debe ser menor cuando se destruyan o eliminen bienes no exiguos.
Por tales razones, la simple destrucción debe tener una pena; cuando ella es de mucha trascendencia, otra superior, y cuando los propósitos son los señalados en el inciso tercero del artículo, la pena debe ser nuevamente aumentada.
Finalmente, expresó que para que un juez pueda condenar a un inculpado por este delito tendrá que analizar en todos los casos reseñados si hay daño a la colectividad, es decir, si hay lesión al bien jurídico tutelado y, además, si la conducta del agente es dolosa. En caso contrario no podrá haber sanción ya que la conducta es inocua.
El señor Ministro de Justicia señaló que la legislación vigente sanciona la misma conducta que pena el artículo, pero establece un marco penal exageradamente amplio, de 61 días a 20 años de presidio, sin ningún criterio para diferenciar la gravedad de la conducta. La ventaja de la proposición del Ejecutivo es que se establecen diversos grados de acuerdo al daño causado y a la intencionalidad del agente.
El Honorable Senador señor Bulnes sostuvo que si bien estimaba atendible las explicaciones del señor Politoff, el legislador estaba obligado a dictar las leyes en la forma más precisa posible, sin dejar entregada al arbitrio del juez la tarea de especificarla mediante su aplicación.
Refiriéndose a la gradualidad propuesta hizo presente que un artículo puede ser declarado de primera necesidad por una mera declaración de autoridad. Por ello, si bien es cierto que nuestro sistema penal sanciona las conductas de acuerdo a su gravedad, como ocurre, por ejemplo, respecto de las lesiones, la graduación que allí se establece responde a hechos objetivos, situación que no se reproduce en la disposición en estudio, ya que la rigurosidad de la pena corresponderá a un mero criterio administrativo.
A continuación, manifestó que en todo caso esta conducta debería ser sancionada cuando se destruya o eliminen del mercado artículos sin causa justificada, además del elemento de perjuicio a la colectividad, ya que es frecuente que se produzcan dichas destrucciones o eliminaciones por motivos lógicos y no dolosos.
Finalmente, manifestó su acuerdo con que se sancione al que destruye o elimine bienes destinados al mercado, ya que es legítimo que una persona destruya bienes de su propiedad cuando ellos no tienen dicho destino.
El Honorable Senador señor Carmona manifestó que el artículo propuesto por el Ejecutivo estaba mal concebido, ya que del tenor literal del inciso primero se desprende que la mera destrucción o eliminación del mercado de artículos de uso o consumo habitual, se sanciona aunque no haya daño. Este último elemento sólo se considera en el inciso segundo y la intencionalidad en el tercero.
Por otra parte, expresó que las dos primeras conductas sancionadas son las mismas, ya que el concepto de artículo de uso o consumo habitual, es el mismo que el de artículos de primera necesidad.
Refiriéndose a la tercera conducta penada en el proyecto del Ejecutivo, la pena le parecía excesiva por lo cual propuso que la sanción contenida en los primeros incisos sea aumentada en un grado cuando la destrucción se efectúe con la intencionalidad indicada en dicho inciso tercero.
Por las razones expuestas, vuestra Comisión, por unanimidad, acordó proponeros la sanción de las siguientes conductas con las penas que en cada caso se indican:
A los que destruyan o eliminen del mercado artículos de uso o consumo habitual o de primera necesidad, sin causa justificada y causando o pudiendo causar perjuicio grave a la comunidad, con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio.
Al que destruya o elimine del mercado dichos productos con el propósito de producir desabastecimiento, alterar el orden público o causar daño a la seguridad, la salud, la administración o a la economía públicas, con la pena señalada en la letra anterior aumentada en un grado.
7. Artículo 3º.
El artículo 3º sanciona en la forma que se indica en cada caso las siguientes conductas:
Al que destruye o inutiliza maquinarias, instalaciones, plantíos, sementeras u otros medios o elementos de producción industrial, minera, agrícola o comercial, con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, siempre que el efecto dañoso para la colectividad que derivase o pudiera derivarse de tales actos no sea exiguo.
Al que cometiere los mismos actos indicados, si el efecto dañoso para la colectividad o el peligro corrido en el abastecimiento o economía públicas fueren de gran magnitud, la pena indicada podrá elevarse hasta la de presidio mayor en su grado máximo.
Al que destruyere o inutilizare los referidos bienes con el propósito de producir desabastecimiento, alterar el orden público o causar daño a la seguridad, la administración, la salud o a la economía públicas, con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados.
Por otra parte, se establece que si los medios o elementos de producción no pertenecieren a los responsables de los delitos reseñados, se aplicará también a éstos la pena que corresponda al delito de daños.
El Honorable Senador señor Carmona recordó que en esta norma se plantean los mismos problemas que en el caso del artículo 2º. En efecto, cuando no hay un propósito definido se sanciona la conducta objetiva, y cuando existe una intencionalidad determinada se aplica la pena agravada.
Por tal razón, propuso reemplazar el precepto por otro que sancione al que destruya o inutilice maquinarias, instalaciones, plantíos, sementeras y cualquier bien de capital o materias primas u otros elementos destinados a la producción de cualquiera especie, sin causa justificada, con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados.
El señor Politoff expresó que en todo caso debe existir dolo, y agravarse la pena a quien no sólo tiene la conciencia y voluntad de destruir, sino al que destruye con el objeto de que esa destrucción traiga aparejada determinados efectos que son los que el agente busca y quiere.
Refiriéndose al último inciso, es decir, a la destrucción de los referidos bienes por terceros, explicó que la idea del Ejecutivo era establecer una excepción a las reglas generales, al impedirse que la pena contenida en el proyecto absorba a la del delito de daños, ya que el acto no puede quedar liberado de su responsabilidad frente al propietario por el hecho de haber causado un daño social.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación del Honorable Senador señor Carmona, como asimismo, la agravación de la pena en un grado si la destrucción o eliminación tienen determinadas finalidades y el inciso final de la disposición que se refiere a los terceros que cometan estos delitos.
8. Artículo 4º.
El artículo 4º sanciona con las penas que se indican las conductas siguientes:
Al que compre en grandes cantidades o atesore materias primas o productos en un volumen considerablemente superior a sus necesidades personales o empresariales con el objeto de obtener, para sí o para otro, una ventaja indebida, con presidio menor en cualquiera de sus grados.
Al que cometa los mismos actos poniendo en peligro los suministros a la población a los servicios públicos, con presidio menor en su grado máximo.
Al que cometa los mismos actos con el objeto de producir desabastecimiento, alterar el orden público o causar daño a la seguridad, la administración, la salud o a la economía públicas, con presidio mayor en cualquiera de sus grados.
El señor Politoff expresó que la legislación vigente sanciona el acaparamiento sin describir en qué consiste esa conducta. La norma que se propone, en cambio, es un intento de definirlo, describiéndolo como la compra en cantidades considerablemente superiores a las necesidades personales o de la empresa. Además, dicha conducta debe estar animada de un propósito: obtener una ventaja indebida.
El Honorable Senador señor Carmona dijo que, reconociendo que el precepto propuesto es un intento de definición del acaparamiento, los términos propuestos son confusos por lo que la norma podría ser inaplicable, o bien, de aplicarse, afectar indiscriminadamente a gran parte de la población. En efecto, señaló que comprar en cantidad superior a las necesidades personales, constituye una conducta que es preciso calificar para saber cuándo constituye delito. En el proyecto dicha calificación queda entregada al juez.
Además, el concepto de ganancia o ventaja indebida es impreciso. Así, por ejemplo, si una persona compra un artículo a un precio determinado y algún tiempo después lo vende a un precio superior, pero que es el del mercado, obtiene una ganancia y habría que determinar si ella es o no indebida, lo que también requiere de un proceso de calificación subjetiva.
Después de un largo debate, vuestra Comisión, por unanimidad, acordó sancionar con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados al que adquiera o produzca y retenga grandes cantidades de materias primas o productos, con el propósito de obtener ganancias indebidas o alterar los precios naturales del mercado.
Al respecto hay que tener presente que la expresión precios naturales del mercado significa aquéllos que sean determinados por la autoridad o por la ley de la oferta y la demanda.
Asimismo, al igual que en los artículos anteriores, se acordó aumentar la pena en un grado si el acaparamiento se hubiera realizado para producir desabastecimiento, alterar el orden público o causar determinados daños.
9. Artículo 5º.
El artículo 5º sanciona al que divulgue noticias falsas, realice operaciones ficticias, simule actos o contratos o ejecute cualquiera otra conducta fraudulenta que por su naturaleza pueda causar daño a la normalidad de los precios, a la estabilidad de los valores o efectos públicos, al abastecimiento de la población o al régimen económico o monetario, con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, de acuerdo con las circunstancias, los móviles que verosímilmente hayan determinado el hecho y la entidad o importancia de los intereses afectados o puestos en peligro.
Los Honorables Senadores señores Bulnes y Carmona manifestaron su desacuerdo con la disposición en informe, debido a que por la amplitud en que está concebida, puede afectar la libertad de prensa y permitir persecuciones injustificadas.
Hicieron presente también, que en la Ley de Seguridad Interior del Estado están penadas conductas similares con mayor precisión, por lo que estimaron inconveniente legislar nuevamente sobre la materia en los términos propuestos, sin perjuicio de que en el trámite del segundo informe se pueda estudiar una nueva redacción más específica al respecto.
El señor Politoff explicó que si bien la letra g) del artículo 4º de la Ley de Seguridad Interior del Estado sanciona conductas similares, el tipo respectivo exige determinados propósitos que son difíciles de probar, por lo que dicha disposición es prácticamente inaplicable.
Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Bulnes, Carmona e Irureta, y la oposición del Honorable señor Montes, rechazó el precepto.
10. Sanción a los empleados públicos.
El señor Ministro de Justicia formuló una indicación para que el empleado público, que haciendo prevalecer su investidura, participare en la comisión de algunos delitos sancionados en el proyecto, sea sancionado, además, con la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Nº 8º del artículo 12 del Código Penal, que establece como agravante tal hecho.
El señor Politoff manifestó que esta sanción es adicional a las que contempla la ley general y el proyecto. Asimismo, que la intención del Ejecutivo es que esta pena se aplique al empleado público, considerado en el concepto más amplio, es decir, el definido en el artículo 260 del Código Penal. En consecuencia, el precepto propuesto incluye a todas las personas que desempeñen una función pública, tales como interventores y trabajadores de las empresas del Estado, pero no a estos últimos cuando presten sus servicios en empresas intervenidas por el Estado.
El señor Schweitzer hizo presente que la definición de empleado público contenida en el artículo 260 del Código Penal sólo es válida para dicho Código, por lo cual es necesario hacer una referencia expresa en el proyecto a la citada disposición.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación y acogió la insinuación del Profesor señor Schweitzer.
11. Mercado Negro.
El señor Ministro de Justicia formuló indicación para agregar un artículo nuevo, que sanciona con presidio menor en cualquiera de sus grados, según las circunstancias del caso, al productor o comerciante que niegue la venta al contado de cualquier artículo o producto o sobre un precio superior al máximo señalado por la autoridad competente o al precio natural del mercado o condicione su venta.
Asimismo, pena con presidio menor en su grado medio a máximo al que sin estar autorizado para comerciar vendiere artículos de primera necesidad o de uso o consumo habitual en la forma prevista en la situación anterior. En este último caso, la pena se aplicará aumentada en un grado al que a sabiendas hubiere suministrado o proveído los referidos artículos.
El señor Ministro de Justicia expresó que la legislación vigente sanciona conductas similares con presidio menor en su grado mínimo y siempre que exista habitualidad; en consecuencia, la norma propuesta agrava la pena y elimina esta última condición del tipo.
Hizo presente además, que no se pretende sancionar a quien limita la venta, sino sólo a aquel que la niega ya que es legítima dicha limitación.
El Honorable Senador señor Bulnes sostuvo que es innecesario aclarar el delito, en el sentido de que dichos actos son sancionados cuando se realizan sin causa justificada. Por otra parte, agregó, dicha condición también debe exigirse cuando se venda a precios superiores al fijado por la autoridad, ya que ésta a veces, fija precios ilusorios que pueden conducir a la quiebra a un comerciante.
El señor Politoff expresó que la aplicación de la norma supone un estado de normalidad. Si éste no existe el comerciante será absuelto por el juez, porque no le era exigible otra conducta.
El señor Ministro de Justicia manifestó que no tenía objeciones a la proposición del Honorable Senador señor Bulnes ara dejar aclarado el alcance de la norma en el artículo propuesto.
En relación a la segunda conducta sancionada, se hizo presente que la norma debía castigar al que sin ser comerciante o siéndolo actuare fuera de su giro.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el artículo con las modificaciones propuestas.
En relación a esta misma materia, el señor Ministro de Justicia formuló indicación para agregar otro artículo nuevo, que dispone que los artículos o productos a que se refiere la norma anterior y en los casos por ella previstos, serán requisados por la autoridad quien procederá a su enajenación y consignará el producto de su venta en la cuenta corriente del tribunal que conozca del respectivo proceso, el que decretará su comiso, si se comprobare la existencia del delito.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.
12. Artículo 6º.
El art��culo 6º del Mensaje del Ejecutivo dispone que serán aplicables al juzgamiento de los delitos a que se refiere el proyecto en informe, las normas contenidas en el artículo 173 de la ley Nº 16.464.
Dicho procedimiento es el del juicio penal contenido en el Libro Segundo de Procedimiento Penal. En ellos podrá hacerse parte la Dirección de Industria y Comercio sin necesidad de formalizar querella y se le considerará querellante para todos los efectos legales. Los tribunales apreciarán la prueba producida y fallarán en conciencia.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el artículo.
13. Proyecto aprobado por vuestra Comisión.
En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de proponeros que aprobéis el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo 1ºEl que requerido en conformidad a la ley, presentare a sabiendas una declaración falsa o proporcionare antecedentes falsos a la autoridad competente sobre actividades de la producción o distribución de bienes, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados, según la trascendencia del hecho.
En igual pena incurrirá el que, en el caso a que se refiere el inciso anterior, omitiere sin causa justificada formular la declaración o proporcionar los antecedentes en el plazo fijado en conformidad a la ley.
Si debido a la declaración falsa o al suministro de antecedentes falsos hubiere obtenido un beneficio o ganancia que exceda a aquél que hubiere correspondido legítimamente sin estas circunstancias, se impondrá, además de las penas señaladas al delito, a la persona natural o jurídica beneficiada, una multa no inferior al manto de dicho beneficio ni superior al triple de él.
Artículo 2ºEl que sin causa justificada destruya o elimine artículos declarados de primera necesidad o de uso o consumo habitual destinados al mercado, causando o pudiendo causar perjuicio grave a la colectividad, será sancionado con presidio menor en sus grados mínimos a medio, según la magnitud del daño causado o del peligro corrido en el abastecimiento de la población.
Artículo 3ºE1 que sin causa justificada destruya o inutilice maquinarias, instalaciones, plantíos, sementeras o cualquier otro bien de capital o materias primas u otros elementos destinados a la producción de cualquiera especie, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados.
Si los elementos a que se refiere el inciso anterior no pertenecieren a los responsables, se aplicará también a éstos la sanción que corresponda por el delito de daños a que se refiere el párrafo X del Título IX del Libro Segundo del Código Penal, en su caso.
Artículo 4ºEl que produzca o adquiera y retenga grandes cantidades de materias primas o productos con el propósito de obtener ganancias indebidas o alterar los precios naturales del mercado, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados.
Artículo 5ºSi los delitos sancionados por los artículos 2º, 3º, inciso primero, y 4º, se hubieren perpetrado con el propósito de producir desabastecimiento, alterar el orden público o causar daño a la seguridad, la administración, la salud o la economía públicas la pena establecida en dichos preceptos se aumentará en un grado.
Artículo 6ºEl productor o comerciante que sin causa justificada niegue la venta al contado de cualquier artículo o producto, o cobre un precio superior al máximo señalado por la autoridad competente o al precio natural del mercado, o condicione su venta, será sancionado con presidio menor en cualquiera de sus grados, según las circunstancias del caso.
El que sin ser comerciante, o siéndolo actuare fuera de su giro, vendiere u ofreciere vender artículos de primera necesidad o de uso o consumo habitual en la forma prevista en el inciso precedente, será sancionado con presidio menor en sus grados medio a máximo. Estas penas se aplicarán aumentadas en un gradó al que a sabiendas hubiere suministrado o proveído los referidos artículos.
Los artículos o productos a que se refiere este artículo serán requisados por la autoridad, quien procederá a su enajenación y consignará el producto de su venta en la cuenta corriente del Tribunal que conozca del respectivo proceso criminal, el que decretará su comiso si se comprueba la existencia del delito.
Artículo 7ºEl empleado público que, haciendo prevalecer su investidura, participare en la comisión de algunos de los delitos sancionados por la presente ley, será castigado, además, con la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos.
Para los efectos de este artículo se reputa empleado público a las personas a que se refiere el artículo 260 del Código Penal.
La pena establecida en el inciso primero se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el Nº 8º del artículo 12 del Código Penal.
Artículo 8ºSerán aplicables al juzgamiento de los delitos establecidos por esta ley las normas contenidas en el artículo 173 de la ley Nº 16.464. .
Sala de la Comisión, a 2 de enero de 1973.
Acordado en sesiones de fechas 26, 27 y 28 de diciembre de 1972, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carmona (Presidente), Bulnes, Irureta, Juliet (Aguirre Doolan), y Rodríguez (Montes).
(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.
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